Nadie puede adivinar, certera y completamente, cómo seguirá y hasta dónde llegará la ofensiva antidemocrática para condenar, encarcelar y prohibirle ejercer cargos públicos a la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, en la semana recién transcurrida estallaron dentro de nuestro país y también a nivel internacional, una oleada de movilizaciones y pronunciamientos que ubican otra vez a Argentina en una posición de vanguardia para enfrentar a la guerra judicial y mediática contra líderes y/o gobiernos y/o fuerzas populares de América Latina.

Dicha “guerra” reemplaza desde hace más de una década a los tradicionales golpes de Estado cívico-militares, como estrategia principal de las oligarquías locales y los intereses extranjeros para combatir y si fuera posible destruir a las expresiones de poder contra-hegemónico que les disputan su dominio sobre los pueblos de la región.

(Hace seis años, publicó una columna de opinión que analizaba el tema bajo el título “Nueva función antidemocrática de las corporaciones judiciales”. Aún no se usaba públicamente el neologismo inglés “lawfare”, traducible como “guerra jurídica” o “guerra judicial”. Nota del 18/07/2016). 

Argentina no es, en modo alguno, el “ombligo” del subcontinente, ni todo lo que produce en materia de luchas populares es más virtuoso o válido que lo que acontece en otras naciones suramericanas o de todo el espacio geográfico, socio-político y económico ubicado al sur de Estados Unidos (EU). Luchas hay en todas partes y a veces son más heroicas e incluso más victoriosas que las de aquí.

Pero su trascendencia como país, debido a factores tales como su extenso territorio, pletórico en riquezas naturales; el tamaño de su economía (segunda en Suramérica, después de Brasil, y tercera en América Latina si se incluye a México); la grandeza internacional de sus aportes científicos y de sus universidades públicas; la proyección mundial de sus creadores artísticos y literarios; sus glorias deportivas de alcance también mundial; las infinitas, diversas e imponentes bellezas naturales, culturales, arquitectónicas, etc. en ciudades y pueblos de sus distintas provincias; el deslumbrante paisaje urbano y los atractivos culturales de su ciudad capital (Buenos Aires, aun cuando alrededor de la mitad de su población se haya volcado a la derecha ideológica y política en la última década y media); más las propias tradiciones épicas por la democratización del poder y la justicia social que se desplegaron a lo largo de más de un siglo (incluidos los primeros años de la presente centuria), convierten a nuestra Patria en un faro que -al menos en ciertos momentos históricos- irradia una luz potente que también ilumina a otros lugares.

Más de un siglo

El nuestro es, por ejemplo, el país del voto universal masculino tras las luchas encabezadas por el radicalismo de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen desde fines del siglo XIX; del voto femenino desde Juan Perón y Evita a mediados del siglo XX; del surgimiento del peronismo como movimiento social y fuerza política que transformó las estructuras de la sociedad a partir de 1945; de la resistencia peronista durante 18 años de proscripción de ese movimiento político hasta las elecciones libres de 1973.

También es el país de otra heroica resistencia liderada por el movimiento de Derechos Humanos que encabezaron Madres, Abuelas y otros/as familiares de desaparecidos/as, así como miles de valientes luchadores/as públicamente conocidos/as o no, contra una dictadura genocida en el periodo 1976/1983. Siguieron y siguen por la misma senda las/los sobrevivientes, y las hijas e hijos, e incluso nietas y nietos, de las víctimas directas.

Asimismo, y gracias a esa lucha, aquí se juzgó y condenó a los jerarcas de ese régimen dictatorial por impulso político de Raúl Alfonsín a mediados de los años ‘80, y aunque hubo graves retrocesos bajo ese mismo gobierno y los siguientes, el juzgamiento penal -y social- del genocidio fue retomado y potenciado por decisión de Néstor Kirchner a partir de 2003 y su continuidad en los gobiernos de Cristina, constituyendo en sus distintas etapas un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que es ejemplo en el mundo.

Argentina, igualmente, fue protagonista de una rebelión popular que estalló en diciembre de 2001 tras una larga década de devastación del país y sufrimientos para el pueblo como consecuencia de la implantación del modelo socio-económico del capitalismo salvaje extremo, habitualmente llamado “neoliberalismo”. Fueron sucesos de enorme repercusión en el mundo.

Luego, desde mediados de 2003 y hasta fines de 2015, la nuestra fue una Nación donde el poder político democrático ejercido en los tres periodos presidenciales del kirchnerismo desplegó políticas soberanas en la economía, las relaciones exteriores, la defensa nacional y el restablecimiento de la fortaleza del Estado como resguardo de los intereses generales de la población.

Todo ello determinó grandes avances reflejados en un fortísimo crecimiento económico, desendeudamiento del país, recuperación del empleo y del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, mayor capacidad de consumo y prosperidad de las capas medias de la sociedad, reconocimiento de derechos y mejor calidad de vida para las clases populares más necesitadas, y ampliación de los derechos civiles.

En toda la región

Como se sabe, el proceso argentino de los primeros tres lustros de este siglo fue simultáneo y semejante -y a la vez cada cual único, con sus diferencias y particularidades- a los que tuvieron lugar en Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, con experiencias similares también valiosas aunque de menor profundidad transformadora y/o escaso tiempo de vigencia, como en Uruguay y Paraguay, todo sumado a la perdurabilidad heroica de la revolución en Cuba.

La contraofensiva de las clases oligárquicas y de Estados Unidos fracasó en el golpe de Estado “clásico” perpetrado en 2002 para derrocar y asesinar al entonces presidente venezolano Hugo Chávez. A fines de 2005, a su vez, el plan estadounidense de dominación continental tuvo otro fuerte revés cuando una compacta unión de los líderes de la región impidió la aprobación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que hubiera convertido en nuestros países en provincias económicas de EU.

Debido a esas sucesivas derrotas, la estrategia imperial generó una nueva forma de embestida contra los gobiernos, fuerzas políticas y líderes populares:atacar mediante el accionar combinado de los poderes judiciales y las cadenas mediáticas de la derecha. El método, novedoso en términos históricos, fue denominado por estudiosos del tema (como antes se indicó) con el nombre de “lawfare”.

El primer derrocamiento de un gobierno democrático por orden de una Corte Suprema de Justicia tuvo lugar en 2009 en Honduras, contra el presidente Manuel Zelaya. (Esa vez, hasta el diario oligárquico argentino “La Nación” admitió que se trataba del “primer golpe de Estado en América Central desde el fin de la Guerra Fría”. Nota del 29/06/2009). 

El golpismo judicial y mediático se combinó, cuando las circunstancias lo hicieran necesario, con el accionar de parlamentos devastados por la corrupción. Así, en 2012 fue destituido por vía parlamentaria el presidente paraguayo Fernando Lugo. En 2016 ocurrió lo mismo con la mandataria brasileña Dilma Rousseff, después de años de propaganda mediática y hostigamiento judicial contra el PT (Partido de los Trabajadores) y contra su líder, Lula Da Silva. El paso siguiente fue condenar, encarcelar y proscribir a Lula.

En Ecuador el plan antidemocrático apeló a otra variante: la traición del presidente Lenín Moreno, quien ganó la elección como candidato del partido liderado por Rafael Correa pero apenas llegó al poder empezó a gobernar con una orientación opuesta a la del sector que representaba. Como resultado de ello, fue encarcelado -hasta hoy- el vicepresidente correísta Jorge Glass, y debieron exiliarse, perseguidos/as por un aparato judicial corrompido, el propio Correa y otros/as dirigentes de su espacio.

Hoy Cristina Kirchner afronta en Argentina riesgos similares. La amenaza es de condena judicial, cárcel y prohibición de ejercer cargos públicos de por vida.

En los últimos días la propia líder del kirchnerismo, con sus lúcidas, valientes y potentes acciones de comunicación pública -en plataformas y redes digitales- donde sobresalen tanto su carisma como sus argumentos y la emotividad de sus mensajes, ha generado una imponente movilización nacional del sector que ella encabeza, del conjunto del peronismo y sus aliados, y de organizaciones y personalidades de la sociedad civil.

Generó además una oleada de solidaridad internacional, con múltiples pronunciamientos que incluyeron, por citar apenas ejemplos, a los presidentes o presidenta de México, Colombia (el recién asumido Gustavo Petro), Bolivia, Honduras, Perú y Cuba, entre otros/as. También a referentes de la política de Europa, como el líder de la izquierda francesa Jean Luc Melenchon, y los dirigentes progresistas españoles José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias y Ione Belarra (esta última, ministra del actual gobierno de su país). (Algunos casos de los primeros días de la semana constan en reportes publicados por la agencia de noticias Nodal. Nota del 24/08/22).

Como lo indican las situaciones antes mencionados de Brasil, Ecuador, Paraguay, Honduras, etc., la guerra judicial y mediática hasta el momento ha sido exitosa para sus planificadores, ejecutores y beneficiarios. La estrategia consiguió frenar y revertir procesos de avances económicos y sociales en la región.

El ataque está concentrado actualmente en nuestro país y su víctima principal es Cristina. El objetivo final es impedir que nuevamente se acumule poder para realizar transformaciones a favor de las mayorías, y hacer escarmentar a los/las dirigentes que lo intenten.

La respuesta nacional e internacional de los últimos días muestra una vez más a Argentina como país líder de una lucha para defender la soberanía, la democracia y los intereses populares en toda América Latina.