La forma novedosa, en términos históricos, que están tomando las estrategias antidemocráticas en América Latina, obligan a pensar en la función de los poderes judiciales como nuevos arietes de los bloques de poder hegemónicos -cuya expresión político-ideológica son las derechas- en contra de los intereses populares. Brasil y Argentina viven momentos políticamente dramáticos que hacen imperioso reflexionar, y sobre todo actuar, frente a la nueva realidad.

A lo largo del siglo XX, las clases sociales dominantes y las estructuras corporativas que representaban sus intereses, se valieron del uso de la violencia física directa mediante los golpes de Estado o la amenaza de ellos, para derrocar o bien extorsionar y presionar, a gobiernos y/o fuerzas y líderes políticos que ejercían o intentaban plantear distintos grados de cuestionamiento al orden social establecido.

Esa estrategia tenía como rasgo típico el uso determinante del instrumento militar estatal, es decir de las fuerzas armadas. Siempre articulados con otros poderes fácticos, en primer lugar, los económicos -en nuestro país, fundamentalmente los de base agropecuaria-, junto con los eclesiásticos, mediáticos, judiciales, de profesionales (sectores de la abogacía, por ejemplo) y ciertas expresiones de la dirigencia política y del sindicalismo.

En una etapa posterior, a fines de los años '80 y principios de los '90, las clases dominantes latinoamericanas, aliadas al capitalismo trasnacional liderado por Estados Unidos en su búsqueda de hegemonía planetaria, atacaron “desde afuera” de la estructura estatal y perpetraron golpes de mercado contra los incipientes procesos democráticos, entre ellos el argentino. Fue el caso de la hiperinflación desatada durante el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín.

Hoy, asistimos a una modificación absoluta del método para atacar a gobiernos y/o a fuerzas y líderes políticos que, con distinto grado de profundización, cuestionan al orden social dominante y a sus corporaciones. En Brasil y Argentina, el peso determinante del ataque antidemocrático desde el interior de la estructura estatal se ha desplazado a los poderes judiciales: el accionar corporativo de numerosos integrantes de la judicatura prostituye instituciones públicas del Estado de Derecho, y las convierte en poderes fácticos corruptos y mafiosos que constituyen una nueva y peligrosa amenaza contra la democracia y la soberanía popular.

Otros procesos de gobiernos que representan avances populares en América Latina, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, tuvieron a su favor ciertas relaciones de fuerza y una determinación política distintas en el contexto de las disputas en cada país, las cuales les permitieron reemplazar a las viejas corporaciones judiciales que respondían al orden dominante y constituir, al menos parcialmente, una judicatura acorde con la democratización de las relaciones de poder en el Estado y en toda la sociedad.

En cambio, las democracias brasileña y argentina están bajo asedio de sectores del poder judicial que, como nuevo factor determinante en la ofensiva de las clases dominantes contra expresiones de poder popular emergidas desde comienzos del nuevo siglo, cumplen dentro del Estado el rol que en el pasado cumplieron las fuerzas armadas. Es decir que, por múltiples razones vinculadas con cambios en la estructuración de las diversas fuentes de poder que inter-actúan en las sociedades, hoy las derechas necesitan menos del instrumento militar, y más del instrumento judicial.

Así ocurrió también en los golpes “institucionales” de 2009 en Honduras y de 2012 en Paraguay. En el caso hondureño, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado directamente por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En este link se puede releer lo publicado en esa ocasión por el diario “La Nación” . A su vez, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido en mediante un juicio político parlamentario que duró un día, pero si bien el despliegue sedicioso se asentó fundamentalmente en el Parlamento, tuvo el completo aval del sistema judicial de ese país. Esta era la noticia respectiva del diario “Clarín”.

Pero siempre y en cualquier circunstancia -eso sí- todo debe estar articulado con el poder mediático. El accionar antidemocrático no tendría la fuerza que tiene en ningún lado sin el peso gravitante de las corporaciones de grandes medios de comunicación, que, mediante las mentiras, la censura y las estafas informativas, más la manipulación y distorsión de ciertos hechos y el ocultamiento de otros, conforman potentes dispositivos de acción psicológica sobre la opinión pública durante las 24 horas de todos los días de la vida.

En la etapa política vivida por nuestro país entre 2003 y 2015 el gobierno tomó decisiones trascendentes -por ejemplo, el fin del monopolio privado y pago para la televisación del fútbol y su reemplazo por la trasmisión gratuita y de acceso libre; la ley de medios audiovisuales; la potenciación de los medios públicos para generar discursos contra-hegemónicos; etc.-, y a la vez impulsó un proceso de debate político generalizado sobre los medios de comunicación, todo lo cual permitió generar amplia conciencia en una parte considerable de la población respecto de las corporaciones mediáticas. Sin embargo, no ocurrió ni ocurre lo mismo respecto de la corporación judicial.

(Aclaración: el gobierno de Cristina Kirchner tuvo la enorme valentía de encarar en 2013 una democratización del Poder Judicial, que fue borrada de un plumazo en forma inmediata por quienes son, literalmente, jueces y parte: la Corte Suprema de Justicia, con la única disidencia de Eugenio Zaffaroni, eliminó la reforma judicial que había aprobado el Congreso. Por eso, la crítica de este párrafo no se refiere a una carencia de voluntad política para enfrentar a esa corporación, sino a la falta de debate público para concientizar a la sociedad).

Es más: todavía se la sigue llamando “Justicia”. Aún desde sectores críticos y combativos contra el orden social establecido, incluidos espacios extraordinariamente valiosos de la militancia política, del debate intelectual, académico y cultural, o del periodismo anti-corporativo, se incurre en el gravísimo error de equiparar “Poder Judicial” con “Justicia”. Perpetuando así un contrabando semántico por el cual la judicatura queda igualada con uno de los valores más nobles creados por la humanidad a lo largo de toda su historia -la justicia-, contribuyendo de tal modo a que los jueces sean percibidos con una jerarquía superior al resto de la sociedad y tengan un lugar casi “sagrado” en el imaginario social.

Pero la realidad urge. En el primer semestre de 2016 las fuerzas políticas populares y sus liderazgos en Argentina y en Brasil sufren violentos embates de las corporaciones judiciales, aunque como ya se ha dicho, siempre aliadas con las mediáticas, las económicas (nacionales e internacionales), y otras que intervienen en diferente grado, con particularidades en cada caso. (Por ejemplo, las corporaciones militares y policiales tienen una incidencia relativa menor en nuestro país que en la nación vecina, debido a los procesos de memoria, verdad y justicia aquí desarrollados, y a la consecuente y contundente condena social a todo vestigio de la dictadura genocida).

La derecha de Brasil suspendió a la presidenta Dilma Roussef y en poco tiempo más intentará voltearla definitivamente mediante una votación del Senado. Pero la envilecida clase política que maneja el Congreso brasileño actúa después de una larga etapa de movimientos desestabilizadores encabezados por Sergio Moro, un peligroso juez que movió las piezas del ajedrez golpista con el pretexto de “combatir la corrupción”, y llegó a perseguir a Lula Da Silva con amenazas de encarcelarlo, todo para desarmar políticamente a las fuerzas populares y destruir su potencial a futuro. El diario “El País” de España publicó en marzo de este año un perfil de ese juez.

En Argentina no necesita voltear a la presidenta porque ya logró desalojar mediante elecciones al gobierno que confrontó contra sus intereses (resultado electoral causado por un sinnúmero de razones que siguen siendo motivo de intenso debate y no es propósito abordarlos aquí). Pero cumplido ese objetivo, ejerce una violenta persecución penal contra Cristina Kirchner y su familia, y contra ex ministros de su gobierno, ex directivos del Banco Central, el ex titular de la Unidad de Información Financiera, etc., todos bajo amenaza de ser privados de su libertad.

La dinámica política suele desarrollarse a velocidades de vértigo. Así como las clases dominantes latinoamericanas apelaron en el siglo XX, para sustentar su dominio, a los golpes de Estado basados en la violencia militar; y con igual propósito a fines de esa centuria perpetraron golpes de mercado contra los incipientes procesos democráticos; ahora, al menos en los países referidos y después de casi una década y media de repliegue ante los avances populares, su ofensiva para recuperar y consolidar poderío se basa en el accionar de la corporación judicial.

Es por eso que, en este tiempo vertiginoso, urge reflexionar sobre cómo se articulan hoy las fuerzas antidemocráticas y cuál es su novedosa estrategia de ataque, para intentar -en cambio- las respuestas políticas más apropiadas en defensa de la Patria, la paz y los intereses populares.

* Una versión de esta nota fue publicada en Diario Contexto, portal de noticias de la ciudad de La Plata.