La Justicia rionegrina emitió una orden para detener a varios dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en relación al conflicto que mantuvieron los trabajadores municipales de la localidad de Contralmirante Cordero hace algunos meses.

El sindicato manifestó que "fueron sorprendidos por la decisión de la Jueza Sonia Martín quien -a pesar que los dirigentes Rodolfo Aguiar (secretario general), Rosa Ñanco (secretaría de acción política) y Dora Fernández (secretaría general de la Seccional Norte) se presentaron hoy en el Juzgado Penal 2 de la Ciudad de Cipolletti a los efectos de designar abogado defensor y ponerse a derecho- igualmente comunicó a los mismos que no levantaría la orden de captura y que serían inmediatamente detenidos".

Lo llamativo fue que, el titular del gremio conversó con la jueza e incluso tuvo un tenso cruce de palabras, y después decidió retirarse de los tribunales.

Según explicó el propio Aguiar, se presentó de manera voluntaria para elevar un escrito y designar su representante legal en el proceso. En el mismo trámite iba a solicitar declarar dentro de una semana.

Lo insólito es que en ese momento la propia jueza salió de su despacho y le aclaró a Aguiar que debía declarar en ese momento y que en todo caso le designaría un defensor oficial. A lo que el dirigente rápidamente se negó.

“Acá se hace lo que yo ordeno”, le habría dicho la magistrada al propio titular de ATE. Inmediatamente, Aguiar se levantó y se marchó de los tribunales junto al resto de las dirigentes.

Sin embargo y a pesar de haber una orden de captura, la magistrada no dispuso en el lugar su detención.

Para ATE "se trata de la profundización en la provincia de la judicialización de la protesta social y la aceleración de las persecuciones sobre dirigentes sindicales. Tal urgencia para llevar al estrado a los trabajadores que reclaman por sus derechos, no se había advertido con anterioridad, ni se reitera frente a otros casos similares, lo que demuestra una total y plena subordinación de la Justicia al Poder Político".

El gremio exige que se aclare la situación procesal de los referidos dirigentes y que cese la persecución judicial de la que están siendo objeto.

"El nivel de persecución judicial que existe en este momento en la provincia es inaudito. "El código penal no fue creado para resolver los conflictos sociales. Los conflictos de esta naturaleza los debe resolver el poder político".

La entidad sindical considera "que la falta de independencia de la Justicia en estos momentos, implica un riesgo para todos los ciudadanos, ya que se están vulnerando derechos y garantías constitucionales esenciales, como ocurrió durante esta jornada con el intento de Sonia Martín de obligar a los imputados a prestar declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor".

Por último, desde ATE "se hace responsables al Gobierno de la Provincia de Río Negro, a la Justicia Provincial y a la Policía, durante las próximas horas, por la salud y la integridad física de los mencionados referentes gremiales”, indicaron.