Los cuatro efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén que se encontraban prestando servicios dentro del ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, dependerían en forma directa de la jefatura de Policía, que ordenó a los agentes impedir el ingreso de manifestantes al edificio, ubicado en la calle Santiago del Estero de la capital neuquina.

El miércoles 21 de setiembre se produjeron graves incidentes cuando un grupo de dirigentes y afiliados del gremio de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), que tiene representación entre los trabajadores del Estado de la provincia, marchó hacia esa sede ministerial para continuar reclamando el cumplimiento de un acta acuerdo salarial fechada en los comienzos de este año. El conflicto, aún sin solución, entrará en su noveno mes.

Las movilizaciones de este sector gremial eran constantes y las autoridades tanto políticas como policiales estaban al corriente de la situación. Sin embargo, para garantizar la seguridad del edificio y de las personas que allí trabajan, había sólo cuatro agentes, dos de ellos cumpliendo servicios adicionales, sin ningún tipo de elementos de actuación y de protección para este tipo de conflictos.

Luego de varios forcejeos, en los que los cuatro agentes intentaron sin éxito mantener cerrada la puerta de acceso al edificio, los manifestantes ingresaron al interior y pelearon con los policías, hasta que el cabo Fabián Escobar sacó su arma reglamentaria y disparó. Luis Bastidas recibió un impacto de bala de plomo en el tórax que por milagro no le afectó ningún órgano vital.

Al mismo tiempo, a menos de un metro de distancia, cayó desplomado al piso el cabo primero Omar Bravo, con golpes en la cabeza y en uno de sus ojos.

Tanto Omar Bravo como Fabián Escobar se encontraban cumpliendo servicios adicionales, comprendidos dentro de la ley provincial 602, que establece con claridad en su artículo 1, que se faculta “a la Jefatura de Policía a establecer servicios extraordinarios de vigilancia, seguridad y protección, que se denominarán ‘Servicios de Policía Adicional´, como asimismo a designar la cantidad de personal que en cada caso sea requerido por las personas o entidades que lo solicitaren”.

La decisión de exponer a los agentes sin ningún tipo de protección (cascos, chalecos, escudos) y armarlos con armas reglamentarias cargadas con balas de plomo, vendría de la mismísima jefatura de Policía. La situación comprometería directa y seriamente al comisario general Raúl Liria, jefe de Policía de la provincia de Neuquén.

De los cuatro agentes que intervinieron en el conflicto, dos de ellos tienen 22 años: Andrés Benjamín Mari y Joaquín Leo Dan Quirulef. Omar Bravo tiene 29 y Fabián Escobar 33.

Estos dos últimos rondan los seis años en la policía y los dos vienen del norte de la provincia. Escobar de Chos Malal y Bravo de Manzano Amargo.

Ninguno de los cuatro tiene formación especial para actuar en casos de protesta social.

De los cuatro, el único imputado es Fabián Escobar, a quien se lo acusa del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La fiscal del caso, Valeria Panozzo, solicitó que se le dicte la prisión preventiva por el término de cuatro meses. El juez de Garantías Diego Piedrabuena avaló el pedido.

En la primera audiencia se produjo un entredicho entre el primer defensor oficial, Gustavo Vitale, que habría invocado razones de objeción de conciencia para no ejercer el cargo y el imputado, que lo terminó rechazando. Tras un llamado del juez al Ministerio Público de la Defensa, se hizo cargo Natalia Peloso, que cumplió su rol sólo ese día.

Escobar tuvo defensa de la Policía recién en la segunda audiencia, en coincidencia con las primeras manifestaciones públicas de apoyo a los policías de parte de los familiares y de los policías retirados, que se movilizaron por el centro de la ciudad acusando a Liria de “corrupto” y “entregador”.

En ella, el Tribunal revisó la orden de Piedrabuena y, aun manteniendo la figura de la prisión preventiva, ordenó que sea cumplida en el domicilio del imputado.