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Columnistas
15/10/2018

Más de 1.000 días de ultraje a las libertades democráticas

Más de 1.000 días de ultraje a las libertades democráticas | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Milagro Sala fue la primera víctima de la violencia del régimen, llevada al extremo con los asesinatos de Maldonado y Nahuel. Además, simulacros de juicio para encarcelar opositores, invento de acusaciones contra Cristina Kirchner y otros, represión de protestas y continuos actos de violencia jurídica.

Miguel Croceri

La posible elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente de Brasil -situación altamente probable, aunque falta el balotaje del domingo 28 de este mes-, advierte que no solo ese país sino toda la región suramericana podría estar ingresando en una etapa de completa devastación de la democracia, y de regreso de la violencia política de origen estatal, civil y corporativa.

En Argentina, por fuera de cualquier consideración que se realice pensando hacia el futuro, es decir dejando de lado las conjeturas, hipótesis, pronósticos, suposiciones, “pálpitos”, vaticinios y todos los escenarios que puedan imaginarse sobre lo que podría ocurrir más adelante, es posible revisar lo pasado y presente en materia de destrucción del Estado de Derecho y aumento de la violencia política estatal, o sea lo que ya ha sucedido y/o está sucediendo.

El hecho autoritario e ilegal fundante del actual régimen de derecha, que marcaría el comienzo brutal del ultraje a las libertades democráticas, tuvo como víctimas a Milagro Sala y a otras/os integrantes de la organización Tupac Amaru. Con ellas/os, volvieron a existir en Argentina las presas y presos políticos. El pasado viernes se cumplieron 1.000 días de prisión de la líder jujeña. También siguen en cautiverio compañeras de su misma organización.

Mauricio Macri debutó como presidente con la derogación por decreto de leyes de la Nación, algo que antes solo hacían las dictaduras. Al mismo tiempo comenzó la violencia represiva contra personas que protestan en calles o plazas, la eliminación de las garantías constitucionales y libertades públicas, y los simulacros de juicio contra opositores para justificar su encarcelamiento.

Además de Sala, los hechos más alevosos son la prisión de Amado Boudou, Julio De Vido, Héctor Timerman (con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo), Carlos Zannini (liberado, mientras sigue la acusación en su contra), Luis D’Elía (liberado, mientras sigue la persecución penal en su contra) y Fernando Esteche. También están presos el contador de la familia Kirhcner y empresarios expuestos como allegados al gobierno anterior.

En su decisión político-judicial más ambiciosa, el régimen fabricó decenas de acusaciones para acosar a Cristina Kirchner y posiblemente meterla presa o impedirle mediante una ley ser candidata el año que viene. Tanto ella como su hijo, su hija y otros familiares, viven bajo amenazas de ser encarcelados. Miembros del aparato judicial gobernante invadieron tres viviendas de la expresidenta, donde ultrajaron objetos íntimos y dañaron los inmuebles.

También, mediante distintas causas judiciales inventadas están bajo acusación penal integrantes del gobierno kirchnerista como Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, José Sbatella, el diputado Andrés Larroque, y decenas de ex funcionarios de segundas y terceras líneas.

Represiones violentas y crímenes

Junto con la asunción de la alianza Cambiemos a nivel nacional y en varias de las provincias, se hicieron habituales los ataques policiales (o de gendarmes o integrantes de Prefectura Naval) contra manifestaciones populares en distintos lugares del país. Los más violentos fueron perpetrados en la zona del Congreso en diciembre de 2017, cuando centenares de miles de personas protestaron, en distintos días, contra la ley que rebajó el poder adquisitivo de las jubilaciones.

El peligro de sufrir agresiones físicas por parte de fuerzas represivas durante movilizaciones callejeras, se transformó en una de las más habituales restricciones a las libertades democráticas. Los riesgos incluyen a manifestantes y también a toda persona que pase circunstancialmente por el lugar. Cualquiera puede ser llevado/a preso/a, sometido a maltratos físicos y psíquicos, y además arrastrar para toda la vida una acusación penal inventada.

Como parte de la misma estrategia persecutoria, en Córdoba un juez ordenó allanar (en agosto de 2017) locales de partidos de izquierda y centros culturales, de donde se llevaron presas a personas que habían participado de la Tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Hace poco (el reciente 15 de setiembre) en Tierra del Fuego la Policía allanó los hogares de militantes feministas bajo acusación de “apología del aborto”.

De todos modos, comparativamente, todo lo anterior “no fue nada”: la escalada de violencia estatal se llevó al extremo con los asesinatos políticos que tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. En el primer caso la versión oficial dice que “se ahogó”, y oculta que la Gendarmería había irrumpido de forma violenta e ilegal en un territorio mapuche. En el segundo, dice fue un “enfrentamiento” entre pobladores originarios y miembros de la Prefectura Naval.

Además, hace un mes y medio fue asesinado en Chaco el niño/adolescente Ismael Ramírez, de 13 años. Ocurrió en el contexto del saqueo a un supermercado, o sea que también se trató de un crimen también político, aunque de autor desconocido. Días después, en el Conurbano bonaerense fue secuestrada dentro de un auto y torturada la docente Corina De Bonis.

 

Primero fue la violencia jurídica

Una particularidad de la etapa política representada por Mauricio Macri, es la habitual violación de reglas constitucionales y leyes de la Nación por parte del gobierno nacional, pero además avaladas por el Poder Judicial y por el Congreso. En los siguientes párrafos se repasan algunos de esos actos de violencia jurídica:

- Apenas asumió, el macrismo copó la conducción del Banco Central mediante presiones indebidas que provocaron la renuncia de las anteriores autoridades. (De paso, mostró al instante la ridícula pretensión reiterada hasta el hartazgo durante años y años, del principio ultraliberal de que el Banco Central debe ser “independiente” del gobierno).

- De inmediato, designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, pasando por arriba a la Constitución, las leyes y toda la arquitectura jurídica del país. (Después, ante algunas reacciones adversas, hizo un retroceso táctico y el nombramiento se hizo como indican las normas vigentes, con votación favorable de dos tercios del Senado).

- Desde que comenzó el macrismo, la dirección de los medios de comunicación públicos dependientes del Estado nacional fue copada por el oficialismo, aboliendo de facto los plazos y procedimientos legalmente previstos para la designación de autoridades y la determinación de contenidos.

- Al asumir, el gobierno inició una ola de despidos en el sector público que se mantiene hasta hoy. Además, empezó la persecución laboral en medios de comunicación del Estado nacional y también en medios privados, a través de presiones y despidos contra periodistas afines al kirchnerismo o que, en general, expresaban discursos alternativos al de la derecha.

- En las primeras semanas, derogó de facto (por decreto) el articulado de la ley nacional de Inteligencia que otorgaba a la Procuración General de la Nación la atribución de escuchar conversaciones telefónicas ordenadas por jueces para la investigación de delitos. Macri le otorgó ese poder a la Corte Suprema. Lorenzetti, el entonces presidente del tribunal, armó un área específica y designó jueces a cargo. El resultado fue el espionaje sobre Cristina Kirchner difundido en cadena por todos los medios de comunicación.

- La valiente procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue hostigada públicamente por Macri y todo el gobierno, la cadena de medios Clarín y el resto del aparato comunicacional de la derecha. También sufrió amenazas contra ella y su familia, y además le inventaron acusaciones penales para advertirle que podría ser encarcelada. Resistió durante dos años y renunció a fines de 2017. Las causas judiciales siguen abiertas, así como la amenaza de meterla presa.

- Antes del primer mes de gestión, mediante decretazos, Macri derogó de facto las cláusulas antimonopólicas de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como “ley de medios”), y también la ley Argentina Digital (o de Telecomunicaciones, que regulaba entre otros los servicios de Internet y de telefonía móvil). Asimismo, abolió los organismos de aplicación creados por ley y los reemplazó por un organismo de facto (el Ente Nacional de Comunicaciones, “Enacom”).

- Tiempo después (el 30 de junio de 2016), el gobierno también derogó de facto -por decreto- los tramos esenciales de la ley de Tierras Rurales, sancionada durante el kirchnerismo para poner límite a la extranjerización del suelo argentino. En sentido inverso, el decretazo macrista facilita la compra y apropiación por parte de capitalistas extranjeros.

- En agosto de este año, Macri formalizó por decreto la actuación de las fuerzas armadas en conflictos internos dentro del territorio nacional. Esa militarización de la vida civil fue perpetrada en violación de las leyes de Defensa Nacional (sancionada en 1988), de Seguridad Interior (año 1992) y de Inteligencia Nacional (2001).

Brasil y Argentina

En agosto de 2016, el de Macri fue el primer gobierno extranjero que convalidó el golpe parlamentario en Brasil contra Dilma Rousseff. Lo hizo con declaraciones oficiales de “respeto al proceso institucional”, con las cuales avaló el derrocamiento de la presidenta constitucional y el comienzo del gobierno de facto encabezado por Michel Temer.

En Argentina no se observa, al menos por ahora, un ascenso del neofascismo como el que se consumaría en Brasil si finalmente Jair Bolsonaro gana la elección presidencial. Cada realidad nacional es diferente de cualquier otra. Pero al mismo tiempo, siempre existen algunas similitudes entre etapas históricas simultáneas en territorios cercanos, y frecuentemente también como tendencias mundiales.

En nuestro país, a partir de diciembre de 2015 avanzó peligrosamente una devastación del Estado de Derecho. Si el proceso se agravara -lo cual solo podrá ser impedido si desde las bases sociales y las conducciones políticas se organiza la acumulación de fuerzas necesarias para neutralizarlo-, significará que con la etapa macrista no solo habrá producido el cambio del modelo económico-social que había construido el kirchnerismo.

También se habrá terminado la vigencia de las libertades políticas, derechos ciudadanos, garantías constitucionales, posibilidades de defensa en juicio y ejercicio libre de la acción cívica que se incorporaron a la vida de los argentinos y argentinas desde que empezó la etapa democrática, a fines de 1983, con el gobierno de Raúl Alfonsín.

Así, la Nación seguiría perdiendo lo que generalmente es entendido como “democracia” en la significación más liberal del término, aceptada por una mayoría ciudadana como un modo de cierto “contrato social”: como vigencia de las libertades públicas.

Dicha noción de democracia es anterior, previa, pre requisito, de los debates y disputas legítimas acerca de qué contenidos y políticas públicas debe impulsar el sistema político para organizar la vida social en función de los intereses generales. Es decir, antes de discutir y resolver por vías electorales e institucionales, por ejemplo, el modelo económico o el tipo de intervención del Estado en el mercado, así como la legislación laboral que debe regir en el país o los términos de la relación de Argentina con las demás naciones, o cómo hacer para garantizar la seguridad pública, o la forma de regular los poderes de los medios de comunicación que dominan el mercado audiovisual, etc. etc. etc.

Antes de esos o de cualquiera de los infinitos -literalmente, infinitos- asuntos de interés colectivo que puedan generar controversia en la política y en la sociedad acerca de cómo deben ser encarados por los poderes públicos, existe -al menos, existió en las últimas décadas- un consenso generalizado respecto de que el sistema democrático debe garantizar a las personas, individual y colectivamente, libertades y derechos esenciales.

Ese patrimonio, que forma parte privilegiada de una ideología social históricamente construida en el país, está siendo destruido paulatina y persistentemente desde hace más de 1.000 días por el régimen de derecha que gobierna nuestro país.

29/07/2016

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