En los últimos días se conocieron las declaraciones juradas patrimoniales de muchos funcionarios. Uno de los más ricos resultó ser Gustavo Arribas, el hombre de la AFI, que fue acusado de recibir soborno en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Arribas declaró 126,6 millones de pesos, de los cuales 41,9 millones (2,6 millones de dólares) corresponden a dinero que están depositados en dos cuentas de Suiza; también tiene bienes en Brasil por $ 596.000.

Otro muy rico es Luis Caputo, que declaró bienes por 124,2 millones, un 47% más que en 2015, de los cuales 9 millones son en moneda que está depositada en Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Energía Juan José Aranguren declaró un patrimonio de 104.700.000, de los cuales 88 millones (el 84%) están ubicados en el exterior.

Otro caso similar parece ser Gustavo Dujovne, ministro de Hacienda, que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los que 74 millones están en el exterior (el 76%), 54 millones en depósitos bancarios. Además, reconoce su participación en Florentine Global, empresa radicada en las Islas Vírgenes y mencionado en los Panama Papers.

Estas declaraciones generan al menos dos cuestiones de carácter ético (aunque no legal, porque se supone que están cubiertos por el reciente blanqueo de bienes aprobado por el mismo gobierno que integran): 1- ¿Cómo se generó esa riqueza en el exterior? ¿Formó parte, acaso, de la fuga de capitales que tanto daño hace a la economía del país? y 2- ¿Cómo puede ser que los funcionarios responsables del manejo económico de la Argentina tengan parte de sus bienes (más de tres cuartas partes en el caso de los ministros de Energía y de Hacienda) en el exterior, en particular este último, que es en depósitos monetarios, y no lo hayan traído al país?

Este cuestionamiento es el que planteó, en octubre de 2016, el periodista del diario “El País” de España cuando entrevistó al ministro de Producción Francisco Cabrera; le consultó sobre los argentinos que guardan 230 mil millones de dólares afuera y, en particular, precisó la pregunta: “¿No cree, entonces, que genere desconfianza que muchos ministros tengan su dinero afuera?” El ministro respondió: “Si es un inversor inteligente, no. Entendería esto”. En otras palabras, expresa que los inversores inteligentes tienen su dinero en el exterior y, por descarte, son bobos los que lo dejan en la Argentina; y mucho más bobos, se podría agregar siguiendo el pensamiento de Cabrera, si lo traen para acá. Extraño razonamiento para un funcionario de un gobierno que está tratando de convencer al capital extranjero de que invierta en el país.

Otro problema ético se plantea con los “paraísos fiscales”, que toca no solamente al ministro Dujovne sino, también, al presidente Macri, que tenía declarado en las Bahamas un depósito de 18 millones de dólares, posiblemente repatriado, y que aparece con más de una participación de sociedades que figuran en los Panama Papers.

Precisamente por haber sido mencionados en los Panama Papers renunciaron los primeros ministros de Islandia Sygmundur Gunnnlaugsson), de Ucrania (Arseni Yatsaniuk) y de Pakistán (Nawaz Sharif) y resultó “tocado” el de Gran Bretaña (David Cameron) que, como parece haberse generalizado, asignó la responsabilidad a su padre, fallecido en el año 2010.

También afectó a varios funcionarios públicos y de organizaciones privadas, como Gonzalo Delaveau, que debió renunciar a la ONG “Chile transparente”. Y a ministros como el de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria. Al respecto de este último, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, declaró: “Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el gobierno; en eso debemos ser muy rotundos”.

La decisión política española de rechazar a quienes tengan relación con los paraísos fiscales no se limita a los funcionarios, sino que se extiende también a los empresarios que hagan negocios con el Estado. Así la alcaldesa de Barcelona, Ana Calau, encabezó una iniciativa que dice: “los licitadores, contratistas o empresas filiales o empresas interpuestas, incluyendo bancos y entidades financieras, no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales”. Plantea una declaración jurada obligatoria y, en caso de falsedad, establece duras penas como rescisión del contrato y prohibición de contratar en el futuro. Según informa el periodista Marcelo Justo (“Cash” del 15-1-17) se habían comprometido a conformar esta “zona libre de paraísos fiscales” 38 municipalidades, incluyendo Barcelona, Madrid, Sevilla, Alicante y Zaragoza.

¡Cuánta falta haría, en nuestro país, una legislación similar!