Una de las críticas más generalizadas de la ortodoxia y del establishment a la política económica del gobierno anterior fue el déficit fiscal de los últimos años y que, según decían, era la causa de la inflación y de todos los males reales o imaginarios que veían o creían ver. Efectivamente, desde la crisis del 2008 se siguió una política de gasto público orientado a lo social y a la obra pública para impulsar la demanda y evitar las consecuencias de la crisis en el mercado interno con relativo éxito, que generó déficit fiscal pero permitió seguir creciendo a la economía, a una tasa muchísimo menor que la del período anterior, pero siempre positiva.

Las autoridades nacionales de entonces siguieron de esta forma las normas de política económica dominantes desde la Segunda Guerra Mundial e inspiradas en la obra de Keynes y de toda la literatura económica, no necesariamente heterodoxa, que enseña que en los períodos de crisis y recesión el déficit fiscal es necesario para reemplazar la demanda privada que se retrae. Inclusive economistas como Williams Vickrey, nominado como premio Nobel de Economía en 1996, en una obra póstuma sostiene que en esas circunstancias este déficit gubernamental (el originado en el gasto) es correcto porque agrega ingreso disponible que induce a una mayor producción y a invertir en una mayor capacidad productiva. En su defensa sostiene que si empresas como General Motors, la telefónica ATT o los deudores hipotecarios individualmente hubieran balanceado sus cuentas, como se pide al Estado, no existirían ni bonos ni préstamos bancarios y habría mucho menos autos, teléfonos y casas. Así como la teoría de la administración defiende el “apalancamiento” de las empresas mediante la toma de préstamos, lo que facilita su crecimiento, Vickrey defiende el endeudamiento estatal o la emisión monetaria como consecuencia de los déficits públicos. Claro está que piensa en Estados Unidos, emisor de la moneda internacional; en los demás países sus recomendaciones se refieren al endeudamiento en la moneda nacional y no a la deuda externa, que genera estrangulamiento externo y problemas con la balanza de pagos.

Todo hacía suponer que el gobierno asumido el 10 de diciembre, dado sus promesas preelectorales y declaradas raíces ortodoxas, iba a terminar con el déficit fiscal. Pero no ha sido así. En los primeros 11 meses de gobierno prácticamente ha duplicado el déficit fiscal del año 2015 y, según el presupuesto, ha previsto para el 2017 un déficit del 4,8% del PBI, que según los analistas, será superado con creces en la realidad.

Pero hay que aclarar que no se trata de un déficit similar al del gobierno anterior, por exceso de gasto, que es el que defiende el keynesianismo, sino uno totalmente distinto. Ahora hubo ajuste, despidos y subejecución del presupuesto de obras y del gasto social y, sin embargo, el déficit fiscal ha crecido debido a la reducción de ingresos por la quita de retenciones a las exportaciones agrarias y mineras y la disminución del impuesto a la importación de bienes, agravado por la retracción de la actividad económica generada por esta política gubernamental que ha reducido al resto recursos públicos.

Esa política ha significado una traslación de ingresos a favor de los sectores más poderosos de la sociedad, que no aumentan su gasto en consumo sino que atesoran en dólares y fugan capitales al exterior. En lugar de incrementar la demanda, como ocurre con el gasto social o con la construcción, el nuevo déficit la retrae, generando recesión y, por lo tanto, cierre de pequeñas y medianas empresas y desocupación laboral.

El nuevo déficit fiscal conservador no es el virtuoso de Vickey sino que lleva a un círculo vicioso de desocupación y pobreza y termina con crisis económica y social.