El ataque sufrido a comienzos de este mes por una integrante de la organización Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) constituye el primer atentado político perpetrado bajo el régimen de ultraderecha encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel.

La víctima, cuya identidad fue mantenida en reserva por la organización a la que pertenece, “fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente. Nuestra hermana sufrió amenazas de muerte por parte de sus captores.

“Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le trasmitieron con claridad el mensaje: ‘No venimos a robarte, venimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto’.

“Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancia en Derechos Humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, H.I.J.O.S.

“Los autores materiales pintaron en la pared la sigla VLLC’ (Viva la Libertad Carajo)” (Ver comunicado de la Red Nacional de Hijos).

Informaciones periodísticas posteriores señalaron que los hechos sucedieron en el anochecer del 5 de este mes, y que tras denunciarlo en dependencias policiales y judiciales, el pasado jueves (21/03) la agrupación lo dio a conocer públicamente.

Entre la fecha del ataque y la de su difusión, las/los integrantes de la agrupación “trabajaron para ubicar a la víctima en un lugar seguro en otra parte del país hasta que pueda estar con su familia”, que vive fuera de la ciudad de Buenos Aires y “está aterrada”. La mujer violentada “ya declaró en sede policial, le dieron un botón antipánico, hizo un pedido de licencia laboral y se sometió a juntas médicas”, según informó el periodista Fernando Soriano. (Reporte de Infobae, nota del 21/03/24). 

A su vez, el viernes (22/03) el diario Página 12 publicó un informe de la periodista Ailín Bullentini con el testimonio de la víctima, manteniendo la reserva de su identidad. (Nota del 22/03/24). 

Poder Judicial del odio

Lo ocurrido es un crimen, a pesar de no haber llegado al extremo del asesinato. Porque “crimen” no solo alude a provocar la muerte de una persona, sino en general a cualquier “delito grave” y a las acciones voluntarias de “herir gravemente a alguien”.

Y las condiciones propiciatorias para los crímenes políticos en Argentina han sido fomentadas tanto por figuras mediáticas y dirigentes políticos de derecha y ultraderecha como por los ejércitos de activistas en redes digitales, a través de los llamados “discursos de odio”. Pero más grave todavía ha sido el accionar de una corporación judicial corrompida, que no solo emite “discursos” -aunque también lo hace- sino que también puede producir daños directos sobre la integridad física de las personas.

Esa doble causalidad fue comentada en este portal de noticias en octubre pasado, poco después de que se cumpliera un año del atentado contra Cristina Kirchner perpetrado el 1 de septiembre de 2022, y sobre el cual las/los funcionarias/os judiciales evitaron investigar las responsabilidades políticas y empresariales. En cambio, la víctima fue condenada a prisión -que por el momento no cumple debido a que la sentencia está apelada- y además está proscripta para ocupar cargos públicos, como resultado del simulacro de juicio por la realización de obras públicas en Santa Cruz.

Un artículo al respecto manifestaba que “el odio constituye un arma terrible cuando es lanzada a través de palabras, gestos o imágenes, pero mucho peor resulta cuando las víctimas son atacadas hasta el extremo de la privación de la libertad -o la amenaza de hacerlo- e incluso hasta la alevosía de encubrir un intento de asesinato, por parte de un poder antidemocrático que actúa desde los tribunales en nombre de la ley, la Constitución y ‘la República’”.

Agregaba que “si el conjunto de jueces y fiscales -es decir la judicatura- respetaran e hicieran cumplir las normas del Estado de Derecho, las garantías constitucionales, el debido proceso y las libertades democráticas, de ningún modo podría haber un ánimo socialmente extendido para agredir al kirchnerismo en cualquiera de sus formas, hasta el extremo de intentar el asesinato de su líder”. (Publicado en con el título “’Poder judicial del odio’, no solo ‘discursos’”. Nota del 01/10/2023).

Milei, Espert, Capuchetti

Desde las dirigencias políticas, Javier Milei fue quien más fomentó en los últimos años sentimientos de odio y agresividad. Lo hizo desde que era un personaje mediático presentado como “economista”, y luego cuando se incorporó a la política partidaria e institucional a partir de su candidatura a diputado en las elecciones legislativas de 2021, así como en su cargo de presidente de la Nación.

Pero aún su permanente prédica generadora de violencia emocional para ganar popularidad y votos, nunca llegó a la instigación pública para perpetrar crímenes políticos como sí lo hizo -y lo hace- el actual diputado nacional José Espert.

A mediados de 2022, cuando llevaba seis meses ocupando su banca en el Congreso, Espert dijo que había que “encarcelar” o “meter bala” a la comunidad mapuche (crónica del portal Ámbito, nota del 24/06/2022). Tiempo después, envalentonado porque sus expresiones violentas le reportaban beneficios políticos y ningún costo, a comienzos de 2023 directamente reclamó “cárcel o bala” para el dirigente Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera y del Polo Obrero. (Información de Infobae, nota del 14/02/2023).

Probablemente Espert podría ser considerado como el dirigente que más alevosa e impunemente propagandiza los crímenes políticos. A su vez, en el ámbito judicial ocupa un lugar destacado dentro de ese mismo accionar devastador la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tenía que investigar el intento de asesinato de Cristina Kirchner pero se negó a averiguar el entramado que estuvo detrás del autor material y dos cómplices.

La periodista Irina Hauser fue una de las que siguió más detalladamente el caso, especialmente a través de sus notas en el diario Página 12. Además, al cumplirse un año del ataque criminal, publicó el libro “Muerta o presa. La trama violenta detrás del atentado”.

En uno de los recientes informes sobre el tema, la profesional de prensa se refirió a las audiencias orales y públicas por el intento de magnicidio, que comenzarán el 26 de junio. Habrá solo tres acusados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uriarte y Nicolás Carrizo.

Al respecto, precisó que la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo “mandaron a juicio al trío” mencionado porque, según argumentaron, “no tenían pruebas sobre vinculaciones políticas y financieras. En el camino se habían perdido evidencias -como contenido de teléfonos celulares- y otras fueron postergadas. La jueza y el fiscal se quedaron con la investigación residual sobre la ‘pista Milman’ (N. de R.: mano derecha durante años de Patricia Bullrich), surgida a partir de que un testigo, Jorge Abello, lo escuchó decir (a Milman) en el bar Casablanca en la esquina del Congreso dos días antes del intento de magnicidio ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’. Estaba con dos secretarias, cuyos celulares la jueza no quiso secuestrar y cuando lo hizo ya era tarde: tenían poco y nada. El diputado había presentado proyectos pidiendo datos sobre la custodia de Cristina y en uno insinuaba un atentado”. (Publicado en Página 12, nota del 09/03/24).

Hace diez meses, en otro de sus habituales textos periodísticos en el mismo diario, Hauser informó que la secretaria de Milman, la cualprimeramente “declaró que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad”, meses después “se presentó sorpresivamente” en tribunales y pidió “dar testimonio por tercera vez en la causa. Allí reveló, entre otras cosas, que en realidad no había vaciado el teléfono por voluntad propia sino que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y también el del diputado de Juntos por el Cambio (Milman), quien todavía era jefe de campaña de la precandidata presidencial. Ese mismo día, horas antes, Cristina había anunciado que recusaría a la jueza María Eugenia Capuchetti, y ponía el foco en la falta de avances en la ‘pista Milman’, uno de los posibles caminos para rastrear si hubo algún autor/a intelectual del disparo que de milagro falló”.

El diario destacó, a su vez, que la entonces vicepresidenta de la Nación compartió la publicación que hizo un diputado de Brasil con la tapa de dicho medio, y escribió: "Resulta muy impresionante no solo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato". (Publicado en Página 12, nota del 07/05/2023).

Jujuy, Argentina

Como expresa el dicho popular: “De aquellos polvos, estos lodos”. El reciente asalto a su vivienda y posterior ultraje sexual contra una integrante de la organización Hijos, es la continuidad de la violencia mediática y judicial ejecutada a lo largo de los años particularmente contra la líder del kirchnerismo, pero que también se extiende a otras personas que representan distintas modalidades de lucha popular.

Durante el gobierno del Frente de Todos, los hechos de violencia política perpetrada desde el Estado tuvieron lugar dentro del enclave dictatorial manejado por el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien además era presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). Una de las víctimas fue Camila Muller, de 43 años, una docente, artista y militante política atacada a mediados de 2023, en otro crimen que permanece impune.

La mujer había sido vigilada, seguida y amenazada en la vía pública por delincuentes al servicio del régimen jujeño. Luego, una madrugada, tres agentes secretos/as (un varón y dos mujeres) del aparato terrorista de Morales entraron a su casa, le metieron un trapo sucio en la boca para que no pudiera gritar, abusaron de ella, y la asfixiaron varias veces oprimiendo su cuello con un cable hasta hacerle sentir en cada ocasión que se moría ahogada.

(El valiente y desgarrador testimonio brindado por la víctima fue transcripto por el diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 14/07/23. Semanas después, cuando ella pudo sobreponerse y estuvo en condiciones de hacerlo, relató el martirio que sufrió a otros medios alternativos. Por ejemplo, El Destape le hizo un reportaje que publicó en su canal de Youtube. Audio de entrevista radial).

En la actualidad nadie menciona -siquiera- el sistema de terror imperante en Jujuy hace más de ocho años. Milagro Sala está presa desde enero de 2016, apenas instalado en el país el régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri. A fines de 2018, tras una épica lucha de militantes populares y de abogadas/os de derechos humanos, la víctima tiene prisión domiciliaria.

Sin embargo, por más ocultamiento que exista al respecto, la violencia política generada por sectores de derecha y ultraderecha llega a niveles cada vez más graves.

Ya no son solo las continuas agresiones de Milei a través de las redes digitales y los medios de comunicación, sino que existen criminales que pasaron “a la acción”. Desde aquellas reiteradas instigaciones de Espert a meter “bala”, pasando por el encubrimiento judicial del atentado contra Cristina (para mencionar solo dos ejemplos), ahora una militante de derechos humanos fue atacada y violada en su propia casa.

Las imponentes movilizaciones en todo el país en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, expresan la voluntad de millones de argentinas y argentinos para resistir al régimen de extrema derecha.

Es una condición necesaria para continuar las infinitas luchas que quizás, algún día, puedan devolverle a nuestra Patria la convivencia democrática en paz, donde los poderes públicos nacionales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- defiendan los intereses del pueblo, el bienestar de las familias y la dignidad de Argentina.