Uno podría decir: nada de Estado en Santa Fe y viva la libertad carajo. Pero carajo dijo la marquesa, con su habitual cortesía, salvo que tal marquesa estaba borracha como una cuba cuando dijo eso, para variar... En realidad, siempre está borracha la marquesa, o parece estarlo, a juzgar por las tonterías que dice.

Pero uno, cuando está a punto de decir aquéllo, piensa (porque uno, de tanto en tanto, también piensa): el Estado, cuando gobernaba el peronismo, se metía allí donde había que meterse, y eso estaba muy bien porque vivimos en sociedad y no en la isla de Crusoe, como presume la "escuela austríaca". Pero con el narco de Santa Fe nunca se metió el Estado -o se metió a desgano- durante los gobiernos nacionales de peronistas, radicales y macristas.?¿Por qué...? 

¿Es serio decir que en Santa Fe opera una organización delictiva que se llama "Los Monos" y que, junto a otras aparcerías criminales, es la causa de lo que ocurre? ¿Es muy pretencioso, asimismo, interrogarse acerca de qué papel juega la policía de Santa Fe en esta catástrofe rosarina, y argentina ya de tan rosarina? ¿Es mucha suspicacia preguntarse por el pasado reciente de varios actores centrales de la política santafesina?¿O por la actividad jurisdiccional de la justicia provincial y de la federal con asiento en la provincia? La droga, a Rosario, no llega de Campana ni de Puerto Esther; entonces, ¿de dónde viene? En las fronteras con Bolivia y Paraguay, ¿quién vive? Y las armas que usa el sicariato para su fúnebre oficio, y las sofisticadas "metritas" con que defienden al "Uno", ¿quién las suministra? La DEA (Drug Enforcement Administration) que anda siempre "persiguiendo" narcotraficantes en México y Colombia, ¿actúa en Rosario? ¿Se trata tal vez de una trama de corrupción integral de las estructuras del Estado provincial y que ya exhibe, a todas luces, una funcionalidad geopolítica  

El desgobierno del sistema policial, penal y penitenciario, en Santa Fe, es una trágica realidad argentina porque no ha habido voluntad política de superar tal desgobierno. Y "voluntad política", aquí, significa que hay que priorizar el "bien común" y no la ventaja personal y, por ello, pelearse con actores nacionales y globales con los cuales no hay ni ánimo, ni voluntad, ni temple, ni carácter para pelearse. Y tampoco hay ideología y valores que les dicten a los decisores (ya no sólo provinciales, también del gobierno federal) que la soberanía nacional debería defenderse siempre y en todo lugar, sobre todo cuando las amenazas a tal soberanía no necesariamente vienen, en estos tiempos, en formato agresión militar por parte de otro Estado soberano.

Los melindres democratistas del gobierno radical desde 1983 en adelante, propios de una concepción nefasta de lo que debe ser la convivencia civilizada en democracia (tal vez nadie ni nada haya contribuido más al descrédito de la democracia que la Unión Cívica Radical, contra lo que muchos creen) constituyó el inicio de una larga serie de complacencias y desatinos perpetrados desde las más altas esferas de los gobiernos, tanto del "puerto" como del interior. Siempre con la luz baja, nadie veía más allá del lomo de burro más próximo, pero el abismo estaba más adelante, en la oscuridad de una noche sin luna.

El funcionariado con competencia en "seguridad interior" estuvo, desde el inicio, enfocado en las preocupaciones que el propio proceso político interno del país, señalaba como prioritarias, esto es, que tal necesidad de seguridad no fuera ocasión ni oportunidad para aflojar el dogal con que era imperativo ceñir a unos militares que, pocos meses atrás, habían perpetrado crímenes horrendos contra la propia sociedad argentina. Así, los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, sancionaron sendas leyes: la 23.554/88, de Defensa Nacional; la 24.059/92, de Seguridad Interior, y la 25.520/01,de Inteligencia Nacional. Su aplicación coordinada permitiría (y en realidad así fue), suprimir el riesgo de que, con el pretexto de las "nuevas amenazas" (concepto acuñado en línea ideológica con el "consenso de Washington"), las fuerzas armadas salieran a la calle nuevamente a reprimir legítimas protestas propias de la convivencia democrática. A los tres presidentes se les escapó, o no les pareció relevante, o fue de su interés ignorarla, la dimensión geopolítica del asunto, que ya despuntaba en América Latina en el marco de la globalización. Había colapsado el "comunismo" y eso devino problema más que solución, por lo menos para la potencia hegemónica de occidente, que se quedaba sin enemigos. En ese contexto, sin aquel rojo espectro todoterreno a quien considerarlo causa de nuestros pesares, sólo quedaba, como enemigo creíble con potencial conflictivo, la clase de los siempre insatisfechos trabajadores, que siempre niegan la ley del valor y que nunca se resignan a trabajar ocho horas y cobrar cuatro, pues el cuantum de su salario lo fijan los que les pagan el salario.

Agravaba las cosas el hecho de que las clases trabajadoras encuadradas en sus lugares ad hoc, podían, potencialmente, coincidir en la protesta con unas crecientes masas de desposeídos carentes de trabajo formal, desocupados a tiempo completo, que constituían, por sí solos, un amenazante "ejército de reserva". La única defensa a mano era legitimar preventivamente la represión contra esos hambrientos que prohijaba la globalización neoliberal y, para ello, el expediente a mano fue asimilarlos, en el imaginario colectivo, al delito y la delincuencia. 

Y encima, a protesta insurreccional en cierne tenía potencial de escalar hacia escenarios globales, pues el mundo ya era todo capitalista. En el hemisferio Norte, gastar en la Rand Corporation nunca es plata quemada. Vale la pena. De allí salió el birlibirloque, el nuevo enemigo, la "nueva amenaza" que debía sustituir al comunismo.

Aquí, en Argentina, hace poco, un fiscal federal, comparó al dirigente social Juan Grabois con "Pablo Escobar", lo cual es una precisa muestra de que un funcionario cuya tarea es perseguir delitos federales como el narcotráfico, aprovecha la volada para hacer los deberes y, de ese modo, declara por los medios, en línea con usinas ideológicas transnacionales, que la militancia política a favor de los pobres y los trabajadores es sinónimo de criminalidad. Se trata de un fiscal federal que hace bien los deberes siempre que éstos requieran una buena dosis de bajeza moral.

Ayer, la guerrilla urbana era el pretexto para descargar la represión sobre la organización sindical de obreros y trabajadores urbanos y rurales. Hoy, se sustituyen los pretextos y aparece el "narcotráfico" como factor legitimante de una actividad contrainsurgente de carácter preventivo. Lo acaba de decir el ministro de Defensa, Luis Petri: "hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”.

El terrorismo de Estado que conoció la Argentina a mediados del siglo pasado no se dirigió principalmente contra la guerrilla urbana sino que su enemigo central fue la organización sindical obrera y popular y aquella episódica actividad armada constituyó el pretexto para la criminalización de las luchas sociales. Como el potencial insurgente se nutre ahora de las brutales transferencias de ingresos que provocan las políticas neoliberales pero no hay "guerrilla industrial" (Balbín dixit) legitimante de ninguna represión, el "narcotráfico" aparece con virtualidad suficiente como para operar el reemplazo de un espantajo por otro dando continuidad, así, a aquellos terrorismos estatales que son, en realidad, contrainsurgencia preventiva necesitada de un factor diversionista, que confunda a la sociedad y legitime la violencia estatal. 

Pero ciertos cánceres son, a veces, asintomáticos, por lo menos, en los tramos iniciales de la enfermedad. Subterráneamente, los diseñadores de las políticas globales de "estados fallidos", se afanaban en su tarea, pues para eso les pagaban. La agenda de seguridad basada en las denominadas nuevas amenazas tenía en las "migraciones masivas" y en el "narcotráfico" sus ejemplos recurrrentemente esgrimidos como legitimantes de una intervención masiva y directa de las fuerzas militares del Estado en cuestiones de seguridad interior. Pero la réplica académica impugnativa de tal concepción de las cosas, resultó eficaz, en cuanto demostró, a propios y extraños, que no se trataba de una agenda de seguridad propia y realista (y por ello eficaz), sino de una diseñada por otros, en otra parte, y que servía para solucionar los problemas de esos otros y no los propios.

Con el correr de los años, y valiéndose de un adquirido expertisse que les permitía lo más (fabricar revoluciones "de colores") hubo, en la periferia global, quienes se abocaron a lo menos, esto es, manufacturar las amenazas cuyos perfiles eran borrosos o directamente no existían o existían en una dimensión meramente policial. Y así, para hacer frente al "narcotráfico", comenzaron a implementarse en la Argentina políticas que garantizaban a las agencias estatales -como la Policía- la posibilidad del autogobierno, la mano dura y su financiación no por los pertinentes y habituales mecanismos estatales, sino insertas en un circuito de financiamiento por fuera de las instituciones policiales, lo que implicaba el creciente compromiso de esas fuerzas con redes delictivas que eran, ora el juego y la prostitución, ora el homicidio en ocasión de robo y el tráfico y venta de drogas. A cambio, las policías debían garantizar niveles razonables de seguridad ciudadana. Pero ya se había plantado la temprana semilla en pos del objetivo buscado o que necesariamente sería un efecto de lo que se hacía: el debilitamiento del Estado y su consiguiente ineptitud para dirigir y controlar a la Policía.

El fenómeno se superpuso con aquella fallida democracia con la que ni se comía, ni se curaba, ni se educaba. Nadie obtenía arroz ni fideos en el almacén a cambio de recitar el Preámbulo y la crisis social fue, así, la "episteme" foucaultiana que no permitía pensar más allá de sus límites. Políticos, jueces y demás actores concernidos ni pudieron ni quisieron ponerse a pensar en políticas que enfrentaran eficazmente el problema. Excedidos por la tarea, o miraron para otro lado a la espera de la jubilación, o se metieron en el baile a mover el esqueleto. Participar en la joda tenía sus ventajas, aunque el precio de la entrada fuera carísimo, pues se trataba de la paulatina degradación de la calidad institucional del sistema político argentino.

En Rosario, hoy, no hay ejercicio pleno de la ciudadanía para nadie. Una ministra de Seguridad que no tiene más que el eslogan de campaña "el que las hace las paga" en su bagaje de soluciones para enfrentar un problema que la excede con toda evidencia, sólo podrá agravar las cosas. El peligro es mayor cuando apela a suplir su deficiencia copiando o repitiendo recetas que han sido diseñadas y escritas por gentes que no conocen ni quieren conocer la realidad nacional pues su función es muy otra: la de presionar al Estado argentino para que sancione los mecanismos que tendrían la principal consecuencia de corromper y neutralizar al único actor concebido en la Constitución para defender la soberanía nacional, que son unas fuerzas armadas que, si se las hunde en la ciénaga de la persecución al narcotráfico, quedarían expuestas a la corrupción generalizada por parte, no de un "Escobar", ni de un "Marcola", ni de ningún criminal local, sino de los financiadores globales de ese narcotráfico y de sus administradores domésticos, que no tienen límites financieros para abocarse a la realización de su programa geopolítico. De este modo, el peligro es que, en materia de Seguridad, una funcionaria ad hoc de la ralea de la actual, empiece a repetir, como el loro, lo mismo que exige, desde hace muchos años, por ejemplo, el hiperbóreo GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es una "ley antiterrorista". Si antes estos designios chocaban de frente contra la evidencia de que la aplicación coordinada de las tres normas citadas arriba era suficiente para neutralizar al narco, ahora cuentan con la implantación en Rosario de una violencia demencial que les vendrá de perlas y era lo que necesitaban. Bullrich les hará el juego. Y un suboficial de la entente angloisraelí como el que gobierna la Argentina, tendrá la excusa perfecta para el intento de modificar las leyes de modo de garantizar que, como quiere Washington, sean las fuerzas armadas las que se degraden a combatir la cocaína. Y sólo queda esperar, entonces, que en nuestro ejército, marina y fuerza aérea haya argentinos que tengan claridad conceptual acerca de qué significa el Ejército para la Argentina en el marco de la globalización y en el contexto de nuestra Constitución Nacional, respecto de lo cual, sin embargo, no hay espacio para ilusiones, pues esas fuerzas, todavía son el nido de apologistas del terrorismo de Estado y le están diciendo a la ministra que no quieren ir a Rosario, pero su argumento para la negativa no es que su presencia allí, para tareas represivas, violaría la ley de seguridad interior, sino que son renuentes a estacionarse en las riberas del Paraná porque "se los persigue en la justicia" por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el pasado. Aceptan ir, pero a cambio de impunidad; y del santo y seña para matar sin contemplaciones a narcos y, por las dudas, al que pique y raye, pues el enemigo interno, ya se sabe, se mimetiza en el pueblo, como en Argelia y en Vietnam. ¡Qué raro que dos adalides -casi griegos- como Alfonsín y Alberto Fernández, no hayan podido transformar esta mentalidad castrense en sentido ateniense! Y entonces hay que saber que, hasta que eso no ocurra, estamos en el horno. Y, para que eso ocurra, es necesario hacer otras opciones geopolíticas. O tal vez la inversa sea la verdad.

El caso es que, aquí, el Ejecutivo, a través de la AGP (Administración General de Puertos), acaba de pactar con el ejército norteamericano la presencia de personal de ingenieros militares en nuestros ríos Paraná-Paraguay, inmenso reservorio latinoamericano de agua dulce y vía por donde fluye parte sustantiva del comercio argentino al exterior, incluida la droga. Pero tal vez haya que cuestionar la medida en el Congreso de los diputados del pueblo y senadores de la Nación, pues el artículo 75 de la Constitución, es claro en su inciso 26; allí se consagra, como atribución del Legislativo, "Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él". El ardid leguleyo que implementará el gobierno, casi seguramente va a enunciarse así: "son ingenieros, no son «tropas extranjeras»". Pero eso es falso. Son ingenieros militares del ejército de la potencia hegemónica.

Nada de lo que sería bueno para la Argentina y para los argentinos lo va a hacer Milei. Desensillar hasta que otro sol alumbre parecería ser lo apropiado. Pero no se pudo pensar, en el pasado reciente, como política posible, otra política, y no se pensó. No es reproche. Sólo aviso, para que el futuro no nos vuelva a sorprender.

El 10 de septiembre de 2008, instalaciones de YPFB ardieron en Bolivia como consecuencia de un ataque terrorista que cortó el flujo de gas de La Paz a Brasilia. Al día siguiente, el presidente Evo Morales expulsó del país a Philip Goldberg, embajador estadounidense en Bolivia. El oleoducto fue reparado y funciona hasta hoy.