En más de una oportunidad en esta columna hemos tratado el tema del ajuste del gasto público. Pero el tema sigue de absoluta actualidad, especialmente porque en la campaña electoral son muchas las voces que piden el ajuste como política para el futuro próximo de nuestro país. Inclusive el FMI, a pesar de la supuesta actualización de sus políticas, insiste en ello. Continúan con la misma idea que llevó hace unos años a Alejandro Werner, entonces director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, a decir que “Todas las economías de América latina están en una posición fiscal más débil de lo que deberían”, e insistir en la necesidad de avanzar en un recorte del gasto público para “equilibrar” las cuentas estatales. También coincidía con el Banco Mundial, que en un documento sentenció que “el crecimiento no será sólido sin un ajuste importante”. Debe quedar claro que cuando hablan de “ajuste” se refieren a un recorte de salarios, jubilaciones y transferencias para sectores postergados de la población.

Lo mismo repiten hoy los candidatos de la derecha para la próxima elección. En el caso de Bulllrich, en su “Plan de Gobierno”, más que medidas concretas pone metas u objetivos. Por ejemplo “autonomía del BC con prohibición de financiar al estado” lo que implica lo que llama “la responsabilidad fiscal” con déficit cero inmediato; se compromete a un “acuerdo federal con todas las provincias para ajustar el gasto público y poner un límite del gasto corriente”. Eso, además de “Eliminación de las trabas regulatorias de la economía y modernización del régimen laboral”, lo que implica eliminación de la legislación social que significaron muchas luchas del movimiento obrero y volver a la política de desregulación que fracasó con Macri. También el compañero de fórmula de Bullrich, Petri, insistió el 27 de junio pasado que “no hay posibilidad de gradualismo… hay que bajar el gasto público…”

Por su parte, desmesurado como de costumbre, Milei promete un ajuste del gasto público de 14 puntos del PBI, que piensa lograr bajando 5 puntos a las transferencias a las provincias, 5 por quita de subsidios, 2 por privatización de obras públicas, 1 por disminución de jubilaciones y 1 por venta de empresas.

Obsérvese que la carga del ajuste ambos candidatos la piensan dejar en manos de las provincias y sus habitantes y de la población más necesitada mediante la quita de subsidios.

La idea de reducir el déficit fiscal en términos del PIB supone reducir la proporción del gasto menos impuesto respecto el PBI. Pero los ingresos del gobierno no son independientes de sus gastos; el gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto recaudar. Cuando el gobierno expande su gasto, aumenta el PIB, aunque en una proporción mayor dado que existe rl efecto multiplicador: el mayor gasto público supone mayores ingresos privados y, por lo tanto, mayor recaudación tributaria. Ocurre al revés con la reducción del gasto: hay menor actividad y menores impuestos. Pero la recaudación tampoco varía proporcionalmente con el PIB; en nuestro país ante un cambio del 1% en el PBI la recaudación cambia (en el mismo sentido) entre 1,4% y 1,9%. 

Estamos en el círculo vicioso que ya hemos visto en esta columna:

DEFICIT -> AJUSTE DEL GASTO PUBLICO -> DISMINUCIÓN DEL PBI -> CAÍDA DE LARECAUDACIÓN (mayor que la baja del gasto) -> AUMENTO DEL DÉFICIT -> AJUSTE …

¿Por qué, entonces, esta obsesión por ajustar el gasto público? Esto se preguntan los economistasFabián Amico y Alejandro Fiorito en una nota que titulan “La desagradable aritmética del ajuste”. La respuesta que encuentran es porque esa sería una condición para el aumento de inversiones, que sería el motor "genuino" del crecimiento sostenido. La inversión aumentaría gracias a la mejora de la confianza y también por la reducción de los costos de financiamiento resultante de la disminución del déficit fiscal.

Sin embargo, esto ha sido rechazado por la experiencia empírica (por ejemplo, fue la esperanza de Macri y no hubo una respuesta positiva; solo vinieron capitales financieros especulativos) y como lo demuestra el estudio de Coremberg, Marotte, Rubini & Tisocco, "Inversión privada en Argentina, 1950-2000” que los autores citados siguen en su nota.

La conclusión de ese estudio es que “el comportamiento de la inversión privada en Argentina durante el período 1950-2000 (estaría) … mayormente asociado a las variaciones en la demanda agregada” Es decir, la reducción de la demanda agregada, consecuencia del ajuste fiscal, supone así un obstáculo infranqueable al aumento de la inversión privada. Más simplemente, ¿Quién va a invertir si no hay a quién venderle la mayor producción?

Coremberg y Cia. comprobaron también que el costo de invertir (tasas de interés nominal y real, etc.) “no resultan significativas en una relación de largo plazo con la inversión privada”. Por tanto, aun suponiendo que la reducción del déficit tenga alguna relación con el costo del financiamiento o el volumen del crédito, el ajuste sería de todos modos un esfuerzo inútil, ya que no resultan relevantes para la inversión agregada.

Por último, Coremberg y Cia, mostraron quela llamada "inseguridad jurídica" sobre la inversión parece no ser tan importante.

Es decir, el ajuste fiscal impacta negativamente en la demanda agregada, lo que implica una reducción en el PIB y, por tanto, una caída de la inversión (lo contrario a lo que se buscaba con el ajuste).

En resumen, el ajuste del gasto repercute en un menor PIB, que induce a una caída de la inversión, lo que, a su vez, reduce adicionalmente el PIB (porque la inversión es también un componente de la demanda y por el efecto multiplicador de la inversión). Finalmente, la recaudación cae más que proporcionalmente que la caída del PIB agravando al déficit fiscal.

Y se sigue en el círculo vicioso…