Aunque ahora -afortunadamente- la calamidad universal del Covid parece lejana y está muy olvidada, y de hecho en los discursos públicos raramente se la menciona, fue un factor que tuvo y tiene consecuencias políticas y en toda la vida social.

En esta columna de opinión se considerarán asuntos políticos pero no los daños humanos más graves e irreparables, es decir las personas que murieron. Ni tampoco el sufrimiento, muchas veces extremo, de quienes padecieron la enfermedad con cuadros graves y quizás quedaron con secuelas permanentes. Ni el dolor de los/las familiares de fallecidos/as y de los/las enfermos/as de gravedad que hubieron.

Este texto se refiere a dichos y hechos violentos que dirigentes políticos y figuras mediáticas perpetraron fundamentalmente durante la pandemia pero que comenzaron mucho tiempo antes, y que hace un año -el 1 de septiembre de 2022- derivaron en el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

Los primeros antecedentes tuvieron lugar hace 15 años. Después de la última dictadura (1976-1983), los comienzos de la instigación a la violencia política en Argentina se sitúan en el conflicto agrario de 2008, el cual tuvo como rasgo principal el sabotaje al tránsito y al abastecimiento durante más de tres meses por parte del poder agropecuario, autodenominado “el campo”, respaldado por amplias capas de las clases medias y altas urbanas.

En los cortes de ruta “estábamos preparados para resistir con escopetas, carabinas, de todo”, dijo en ese tiempo Alfredo De Angeli, quien entonces era un dirigente ruralista entrerriano desconocido para la opinión pública nacional, pero que a partir de entonces cobró notoriedad e inició una carrera político-partidaria que lo llevaría a ser senador nacional por el Pro desde hace casi ocho años, elegido por primera vez en 2015 y reelegido en 2021. (Sus impunes expresiones de una década y media atrás, constan en una crónica publicada en aquel tiempo por Página 12. Nota del 22/04/2008). 

También los antecedentes más lejanos incluyen declaraciones como las de Elisa Carrió en 2007, cuando comparó al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner con el dictador rumano Nicolae Ceausescu y su esposa, quienes fueron fusilados en 1989 durante una rebelión popular. (Sobre la ocurrido en el país centro-europeo 34 años atrás, puede verse una crónica del diario El País, de España. Nota del 25/12/1989). 

“Miren cómo terminó Ceausescu en Rumanía (…), él y su esposa”, declaró por televisión Carrió hace 16 años, cuando ella era candidata presidencial y competía con Cristina, y Néstor era el titular del gobierno nacional. (Crónica de Perfil, nota del 15/05/2007). 

La violencia como algo “natural”

A partir de que la humanidad entera fue amenazada por el virus del Covid-19, en nuestro país se generalizaron las palabras y las gestualidades violentas de dirigentes opositores/as y de figuras de la televisión, la radio y la comunicación digital. En los párrafos siguientes se reflejan algunos ejemplos.

En los primeros meses de 2021, cuando recién empezaban a aplicarse masivamente las vacunas a través de operativos gigantescos y coordinados -bien, regular o mal- entre el gobierno de la Nación, las gobernaciones de las provincias y autoridades de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y asimismo los municipios de toda el territorio nacional, Patricia Bullrich afirmó que “vamos a resistir” las medidas de cuidado contra el virus. (Crónica de Infobae, nota del 07/04/2021). 

Además, la actual candidata de Juntos por el Cambio y entonces jefa del Pro, en plena propagación de los contagios y las muertes por coronavirus se sumó a una manifestación frente a la residencia presidencial en la localidad de Olivos, próxima a la capital federal, para repudiar al gobierno por sus decisiones sanitarias ante la pandemia. (Información del diario Clarín, nota del 15/04/2021). 

Por la misma época, poco a poco se hicieron habituales, y la sociedad fue naturalizando, los discursos violentos de numerosos personajes de medios porteños de comunicación que, por las características centralistas y anti-federales de nuestro país, tienen penetración en el conjunto de la opinión pública argentina.

En una ocasión -y mucho antes de que lo hicieran en la campaña para las recientes elecciones primarias Horacio Rodríguez Larreta, entre otros/as dirigentes-, el periodista Alfredo Leuco pidió que hubiera una sociedad “sin kirchneristas”. Lo hizo al finalizar su programa en el canal La Nación Más, dirigiéndose a cada televidente: “Lo espero mañana a las nueve de la noche para tratar de fortalecer la Nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad. Sin kirchneristas, sin fas-chavistas (sic) y sin corruptos. Hasta mañana”. (Artículo y video publicados en el portal Perfil, nota del 12/05/2021). 

También hacia mediados de 2021 la conductora televisiva Viviana Canosa, quien luego sería una de las propagandistas ideológicas de Javier Milei -aunque ahora tomó distancia, no se sabe si por una posición personal o por órdenes de la empresa mediática que la contrata-, descargaba su odio e instigaba a cometer delitos tales como incendiar la Casa de Gobierno.

Lo hacía de forma solapada, como al pasar, o “al voleo”, como si solo expresara críticas al oficialismo por las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. Luego de que el presidente argentino le agradeciera a mandatarios de países con los cuales se realizaban gestiones para conseguir vacunas, Canosa dijo: “El presidente le agradece a Xi Jinping (jefe del Estado de China), a Putin (de Rusia), a AMLO (Andrés Manuel López Obrador, de México)… Presidente: usted, Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros, los argentinos, que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno”. (Crónica del diario Ámbito, nota del 24/05/2021). 

Un año más tarde fue el periodista antiperonista y ultra-antikirchnerista Marcelo Longobardi quien, refiriéndose a la situación nacional, reclamó por radio que el Parlamento tomara “cartas en el asunto” y dejaran “fuera” al presidente y la vicepresidenta de la Nación. (Esos dichos fueron emitidos en su programa de CNN-Radio y circularon en distintos medios y en redes digitales. Por ejemplo, en un mensaje de la cuenta de Twitter “Caído del catre”. Tuit del 14/06/2022). 

En un momento posterior, hace justo un año, el agitador violento y de ultraderecha Angel Etchecopar, alias “Baby”, dijo en su programa televisivo que “Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina” y que “todos los dirigentes que la apoyan son la metástasis de ese cáncer”. Ese día Diego Luciani y Sergio Mola, quienes cumplen el papel de “fiscales” dentro del aparato judicial corrompido, habían pedido la condena y proscripción de la líder del kirchnerismo. (Publicado en el sitio web del canal de noticias A-24, posteo del 22/08/2022). 

Aparato judicial del odio

A pesar de que mucho se habla de los “discursos de odio”, la manipulación psicológica masiva hasta convertir a Cristina y a sus seguidoras/es en enemigos que deben ser exterminados no se hizo solo mediante palabras, gestos o imágenes, sino también a través de “hechos”. Es decir de maniobras concretas que paulatina y sutilmente fomentaron en una parte considerable de la población la creencia de que ese sector político debía ser odiado hasta la eliminación física de las personas que lo encarnan, en primer lugar su líder.

El plan incluyó acciones públicas de pequeños grupos de manifestantes odiantes que en distintas ocasiones exhibieron bolsas mortuorias, horcas, guillotinas, etcétera, y/o profirieron amenazas de muerte y exhortaciones al asesinato de adversarios/as políticos/as. Y desde la dirigencia con cargos institucionales en los poderes del Estado, el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez, actual candidato a la reelección en la lista de Juntos por el Cambio, llegó a decir que los delitos por los cuales se acusaba a la vicepresidenta “merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”. (Un informe de Página 12 detalló varios ejemplos de situaciones o declaraciones agresivas al respecto. Nota del 02/09/2022). 

La instigación a la violencia tuvo/tiene como partícipe indispensable al Poder Judicial, dominado por una fracción antidemocrática que rompió las reglas del Estado de Derecho en Argentina, a su vez como parte de un plan continental para destruir a los gobiernos y/o fuerzas y/o líderes populares mediante el método que en los ambientes politizados se denomina “Lawfare” (neologismo del Inglés traducible como “guerra jurídica” o “guerra judicial”). Ese es el aparato judicial del odio.

El pilar básico de la persecución contra Cristina se disfrazó de “legalidad”. La apariencia es que se realizaron y realizan juicios en su contra -y además en contra de decenas de dirigentes de su espacio-, pero en realidad se trata de simulaciones en los tribunales para desgastarla y hacerle daño tanto en el plano político como en el personal y familiar.

De tal modo, en diciembre pasado se llegó al fallo con la condena a seis años de prisión para la ex presidenta y actual vice -quien no está presa porque la sentencia ha sido apelada-, y la “prohibición perpetua de ejercer cargos públicos”. (Ver reseña de elDiarioAr cuando se anunció la decisión judicial. Nota del 06/12/2022). 

A lo largo de muchos años las corporaciones judiciales y mediáticas generaron un estado en el inconsciente colectivo para que la violencia política parezca “natural”. Y dentro de ese proceso imperceptible para una enorme mayoría de la sociedad, en mayo de 2021 hubo un ataque explosivo en la ciudad de Bahía Blanca contra un local del Frente de Todos, donde realizaban sus actividades la agrupación La Cámpora y el ateneo “Néstor Kirchner”. (Reporte de la agencia de noticias DIB-Diarios Bonaerenses, nota del 25/05/2021). 

La detonación ocurrió una madrugada, cuando no había nadie en el lugar ni en las cercanías, y por lo tanto no produjo daños a ninguna persona. Eso le quitó gravedad a las consecuencias pero permitió observar -a quien quisiera verlo- un alarmante dato de la realidad: había sectores dispuestos a, y en condiciones de, perpetrar actos terroristas.

“Si ya pusieron una bomba, ¿después qué viene?”, se interrogaba el mismo autor de este artículo en un texto que publicó en aquellos días. (Nota del 31/05/2021). La pregunta no tenía respuesta pero dejaba planteados temores inquietantes. Posteriormente, la investigación de aquel ataque explosivo quedó en la nada y la noticia fue olvidada por la dirigencia política y los medios de comunicación.

Transcurrido el tiempo, el lunes 22 de agosto del año pasado los fiscales Luciani y Mola terminaron su canallesco alegato y pidieron la condena y proscripción de la conductora del kirchnerismo. Al finalizar la jornada empezaron las movilizaciones de apoyo a la popular dirigente, frente al edificio donde reside en la ciudad de Buenos Aires.

En los meses previos el lugar había sido “marcado” como blanco de repudio y odio por otra habitante del inmueble, la activista de ultraderecha Ximena de Tezanos Pinto, a quien el aparato mediático hegemónico convirtió en una figura pública y la instaló amablemente en el conocimiento social como “la vecina de Cristina”. (Puede verse un artículo de Perfil acerca del personaje. Nota del 19/09/2022). 

El jueves 1 de septiembre de 2022, afuera del mismo edificio y mientras un gentío recibía a la líder política que estaba llegando a su domicilio, fue perpetrado el intento de asesinato. Pero el contexto propicio para el ataque criminal había sido preparado a lo largo de mucho tiempo, alrededor de una década y media antes.