En los manuales de introducción a la economía suelen comparar oferta y demanda con las hojas de una tijera: ambas tienen la misma importancia, en el caso de la tijera para el corte y las otras dos en la formación de los precios en el mercado. Puede ser para una mercancía dada, pero no para la suma de todas ellas, es decir, cuando se va a la macroeconomía, a la demanda y a la oferta globales, esto no ocurre. No es lo mismo una política que impulse a la demanda a otra que centre su atención por el lado de la oferta. Esta última, la economía de oferta, es típica de la derecha mientras que la primera también es característica, pero en este caso del progresismo y de la izquierda.

La economía de oferta se basa en la llamada “Ley de Say”, de principios del siglo XIX, que sostiene que toda oferta crea su propia demanda, por lo que la economía siempre tiende al pleno empleo. La explicación consiste en que una nueva inversión produce bienes cuyo valor total es la suma del valor de los insumos más los salarios pagados más la ganancia del capital; los insumos estaban incluidos en la oferta anterior mientras que los salarios más la ganancia que generen la nueva inversión forma parte del valor agregado por la misma y representan el aumento del ingreso que sus receptores procederán a gastar; es decir, generar un aumento de la demanda global equivalente al crecimiento de la oferta.

Marx criticó ácidamente a esta supuesta ley porque no existe ninguna garantía de que los capitalistas gasten íntegramente su ganancia, sino que pueden atesorarla esperando oportunidades mejores para invertir. Es lo que se vive en las recesiones y en las crisis económicas, como la de los años ’30 del siglo pasado, que demostraron que la realidad social no responde a esa ley: luego de un crecimiento especulativo en la década anterior el sistema entró en crisis, con quiebras de empresas y desocupación laborar creciente. Hubo que esperar más de 15 años y una guerra para superarla. Fue en esos años que Kalecki decía que “los obreros gastan lo que ganan y los capitalistas ganan lo que gastan” y que Keynes escribió su famosa “Teoría General” que, en resumen, sostiene que para que la rueda económica siga funcionando es preciso que los capitalistas gasten todo su ingreso, ya sea en consumo o en inversión; si no lo hacen, el estado debe ocupar su lugar y, mediante aumento del gasto y de la inversión pública, reconstruir a la demanda global.

La crisis de esos años llevó al olvido a esa supuesta ley de Say, pero, en los hechos reapareció, aunque en forma implícita, en la política de oferta: sostiene que el estado no debe obstaculizar el accionar de los agentes económicos sino que debe fomentar las inversiones privadas (nacionales y extranjeras) como política de desarrollo económico; para ello propone reducir impuestos al capital y a las grandes fortunas (que son las que pueden ahorrar e invertir), desregular la economía, “flexibilizar” las relaciones laborales y reducir los costos que genera las reglamentaciones ambientales. Los beneficios del crecimiento económico se “derraman” en favor de toda la sociedad.

Es lo que hicieron Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estados Unidos, Pinochet en Chile y Videla - Martínez de Hoz en la Argentina de los años ’70 y que trató Macri de volver a realizarlo a partir del año 2015. Y es lo que aspira la derecha argentina a partir de este año.

Por su parte, la política de demanda moderna se fundamenta en las enseñanzas de Keynes y de la ortodoxia económica en general. Se basa en que la industria moderna trabaja con capacidad productiva ociosa, de forma tal que la oferta global se vuelve elástica a las variaciones de la demanda global; con el crecimiento de ésta se obtiene rápidos aumentos de la oferta global y un impulso para la inversión productiva que asegura el crecimiento económico.

La prueba concreta de esta teoría se encuentra en la política aplicada por occidente después de la segunda guerra y hasta los años ´70. Fue el período dorado del capitalismo, en el que hubo una expansión continua de la economía mundial, prácticamente con ocupación plena, basada en el aumento del ingreso real de los trabajadores (los sueldos crecían al mismo ritmo que el aumento de la productividad del trabajo) y el incremento del gasto del estado en lo que se denominó “sociedad de bienestar”, lo que aseguraba un crecimiento de la demanda que absorbía toda la producción y daba garantías para el éxito de nuevas en inversiones.

Con la crisis del petróleo, entre otros factores, ese escenario cambió. Disminuyó la tasa de ganancia y los economistas liberales, acompañados por una campaña de prensa, solventada por el gran capital, acusaron al estado y a los altos impuestos que generaba su funcionamiento como responsables de la crisis. Fue el nacimiento del neoliberalismo como “única verdad”. Por su parte, para recomponer la tasa de ganancia, los grandes capitalistas se volvieron trasnacionales y dejaron (al menos parcialmente) de invertir en sus países. Por un lado, dedicaron parte del excedente a especular financieramente y, por la otra, buscaron en el exterior nuevas localizaciones para sus inversiones, procurando un mayor rendimiento, bien por menores impuestos, falta de reglamentación del daño ambiental o, fundamentalmente, por menores salarios. El capital norteamericano fue primero a México, con las famosas maquiladoras de la frontera, luego a los países del este europeo, de las ex “democracias populares”, y finalmente al este asiático, especialmente China (por su tipo de cambio muy atrasado, el salario, medido en dólares, resultaba bajísimo).

En el centro los salarios nominales se estancaron por la competencia externa, la desregulación laboral, la aparición de la desocupación, la disminución del poder sindical y el aumento de la inmigración, legal e ilegal. En los Estados Unidos en la década 1997-2007 los salarios reales cayeron en promedio un 20% por efecto del aumento de precios, mientras que el aumento de la productividad del trabajo (estimada aproximadamente en un 3% anual) fue íntegramente a incrementar las ganancias y a volver más inequitativa la distribución del ingreso.

¿Y qué pasó con la demanda? Para sostenerla se intensificó la publicidad y los incentivos para el consumo, mientras que una parte creciente de las ganancias fue volcada a su financiación: con tasas de interés muy bajas el grueso de la población incrementó su nivel de gasto en consumo endeudándose con tarjetas de crédito, compra en cuotas, etc. En Estados Unidos, mientras el PBI en los años 2000 crecía a un promedio del 2,4% anual el crédito al consumo lo hacía al 8%. Simultáneamente se produjo un “boom” inmobiliario basados en préstamos hipotecarios a largo plazo y muy bajo interés, con un gran componente especulativo: entre el 2000 y el 2006 el valor de los inmuebles creció un 88%.

Tanto en Estados Unidos como en Europa la demanda creció en función de un mayor endeudamiento. Se reemplazaron los ingresos genuinos por montos crecientes de deuda.

En 2007-2008 la “burbuja” financiera explotó y la crisis se extendió a Europa; los bancos tuvieron problemas para recuperar sus créditos y, ante la amenaza de una crisis bancaria, los estados se endeudaron para salvar a los bancos. El resultado es que actualmente el capitalismo, por su propia dinámica interna, se ha convertido en una sociedad civil muy endeudada, con estados también excesivamente endeudados, algunos bordeando la insolvencia, con una economía con baja tasa de crecimiento, desocupación creciente y una distribución del ingreso muy inequitativa, al borde de una recesión permanente.

Argentina, que tenía en el año 2015 una relación muy buena de deuda externa/PBI, después de cuatro años de gobierno conservador se convirtió en una economía dependiente, con problemas de distribución interna del producto y muy endeudada. La única salida política que se vislumbra frente a esta situación es tratar de repetir la experiencia del 2003-2015: el de independencia de las potencias que luchan por la hegemonía y firmeza en la relación con los acreedores externos, conjuntamente con una decidida política de demanda que asegure el crecimiento con equidad, tanto por razones de justicia social como para mejorar la relación deuda externa/PBI, por crecimiento del denominador. Dado el pronóstico del fin de la sequía y de condiciones favorables para nuestros productos en el mercado externo, con una política de demanda y control estricto de las cuentas externas, es posible evitar la escasez de divisas que actúa como amenaza de crisis y limitante de nuestra soberanía.