El domingo pasado, en Chile se llevó a cabo la elección de los 50 consejeros y consejeras que redactarán la nueva constitución. Ganó el Partido Republicano de José Antonio Kast con un 43,1% de los votos (23 consejeros), por sobre el 33,3% (16) del oficialismo (Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista) y el 21,6% (11) de la derecha tradicional (UDI -Unión Democrática Independiente- Renovación Nacional - Evópoli). Cabe aclarar que José Antonio Kast fue el contrincante del actual presidente Gabriel Boric, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo 44,13% de votos.

El partido del José Antonio Kast, admirador de la dictadura pinochetista, paradójicamente tendría la mayoría para reemplazar la Constitución vigente de Pinochet, la misma Constitución que ese mismo sector político se opuso a cambiarla en el proceso de la reforma constitucional.

El peligro para el oficialismo chileno radica en que, si la derecha extrema de Kast y la derecha tradicional de Piñera suman los 3/5 de las bancas, es altamente probable que el texto de la futura Constitución quede peor que el actual, constitución impuesta por Pinochet. Es decir, comienzan a tambalear los pocos derechos allí garantizados. Situación que duplicará la paradoja de la política chilena, porque la izquierda se verá obligada a defender la Constitución de épocas dictatoriales, llamando a votar por el “rechazo” a la nueva Carta Magna.

El proceso constituyente se inició en 2019 y tuvo un camino muy accidentado hasta la actualidad. Se votó en el 2020 para aprobar el proceso de reforma con un resultado aplastador del 78% a favor del cambio. La revuelta popular del año anterior parecía expresarse en votos para sepultar definitivamente la oscura época del terrorismo de Estado. En el 2021 se votó para elegir a las y los convencionales constituyentes con el resultado a favor de la izquierda y el progresismo. Después de tantos años de conservadurismo, la izquierda sucumbió a la tentación de imponer su ideario sin dialogar con la representación de los sectores conservadores. Ésta actitud avasallante, “no dialoguista”, no cayó bien a una sociedad que dos años antes había estallado por no ser escuchada por la institucionalidad gubernamental ni por todo el arco de Partidos Políticos desde la recuperación de la democracia.

En 2022 se votó por el texto constitucional, que terminó siendo rechazado por el 61% de la población, resultado que sorprendió fuera de las fronteras del alargado país, pero no, dentro. Las parcialidades que habían logrado incorporar al texto constitucional sobre derechos de colectivos minoritarios, no pudieron articularse por la ausencia de una organización política que lo propiciara. El gobierno progresista no reconoció el resultado como una derrota, sino como la voluntad de un pueblo que quería seguir discutiendo una nueva Constitución. Envalentonada la derecha impuso algunas condiciones, por ejemplo: la incorporación de expertos seleccionados por los partidos para que trabajen en un borrador donde no se cuestione el sistema político ni el modelo económico. Sobre ese borrador los 50 consejeros electos más un representante de Pueblos Originarios, definirán la futura Ley de Leyes del país trasandino.

Por otra parte, desde el comienzo del gobierno de Gabriel Boric la agenda política viró hacia la seguridad pública. Este tema es históricamente un eje discursivo de la extrema derecha y de la derecha tradicional. Forma la esencia de cualquier espacio políticamente conservador. El Partido Republicano fue entonces capaz de capitalizar lo que fue eficazmente instalado por los grandes medios de comunicación: el combate a la inseguridad. Desde ese discurso, ante una sociedad que en un 62% reconoce estar poco informada, la derecha hizo la diferencia- sin soslayar que un 56% de la población señalaba “estar cansada del tema constitucional”. Seguramente, esto se vincula con el aumento del ausentismo a las urnas y de los votos en blanco.

Según Boric, el péndulo de la historia se mueve de un lado a otro y las personas más vulnerables son las más afectadas por este movimiento. Su tarea política, según el propio Presidente chileno, es parar ese péndulo.

La nacionalización del litio, la disminución de tiempo de trabajo a 40 horas semanales como cumplimiento de promesas electorales, no alcanzó para detener el péndulo. Y mucho menos nada permite vaticinar, por ahora, que logre parar el péndulo en el lado izquierdo. Tampoco resulta probable que pueda cambiar las “paradojas pendulares” con la “moderación” de su gobierno ante una derecha (como toda derecha) que no está dispuesta a perder privilegios y caracteriza a todo gobierno popular como enemigo a “desaparecer”.