Las militancias y dirigencias que tienen como referente a Cristina Kirchner, reflejo -a su vez- de una parte muy grande de la ciudadanía que se siente representada por ella, recobraron una enorme expectativa y entusiasmo por la eventual candidatura presidencial de la actual vice en las elecciones del año que viene.

Esa posibilidad quedó reafirmada en las dos apariciones públicas que hizo la líder del kirchnerismo después del intento de asesinato que sufriera el 1 de septiembre. Una de las ocasiones tuvo lugar en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a principios de este mes (el día 4), y la otra fue el imponente acto en La Plata el reciente jueves -17 de noviembre- con motivo del Día de la Militancia, cuando se cumplió medio siglo del regreso de Juan Domingo Perón a Argentina luego de sufrir diecisiete años de exilio.

Independientemente de cuál sea finalmente la decisión y la estrategia política de la vicepresidenta respecto de una eventual candidatura suya, el Poder Judicial se dispone a llevar al extremo los ataques en su contra: pronto le dictarán una condena y le prohibirán para siempre ocupar cargos públicos. Será un hecho jamás ocurrido en el país dentro de contextos considerados “democráticos”.

De todos modos, al menos en lo inmediato Cristina no será humillada con el encarcelamiento. Quedarán instancias de apelación -aunque todas serán resultas dentro del mismo aparato judicial corrompido-, y además ella tiene fueros por su cargo de vicepresidenta. Esa condición impide que sea detenida, excepto que previamente la destituyan mediante juicio político, cosa que la oposición intentará hacer pero no tiene las mayorías necesarias en el Congreso para conseguirlo.

La previsible sentencia será la conclusión del simulacro de juicio perpetrado con la excusa de supuesta “corrupción” en obras públicas realizadas en Santa Cruz cuando era presidenta, un caso que los medios generalmente denominan “causa Vialidad”.

El abogado defensor de Cristina en ese y otros procesos penales, Carlos Beraldi, declaró el miércoles (16/11) que “en dos semanas más debería estar el fallo”, por lo cual consideró “seguro que la sentencia va a estar dentro del Mundial”. Luego aclaró que “Cristina no podrá ser detenida porque tiene fueros”. (Entrevista realizada en El Destape Radio. Un resumen de sus conceptos y el audio del reportaje completo se encuentran accesibles en la plataforma Radio Cut, posteo del 16/11/22). 

Cómo fue en Brasil

La condena y proscripción de la vicepresidenta argentina tendrá lugar como parte del dispositivo antidemocrático que en los ambientes politizados se denomina “Lawfare” (neologismo inglés traducible como “guerra jurídica” o “guerra judicial”), que se lleva a cabo en toda América Latina. A través del mismo, con el poderío judicial y de las cadenas mediáticas de derecha se persigue a los/las líderes, dirigentes, militantes y fuerzas políticas que se oponen a los intereses de las oligarquías de cada país y de la dominación de Estados Unidos en la región.

Con igual mecanismo, hace cuatro años y medio fue condenado y proscripto en Brasil el entonces ex presidente Lula Da Silva. El caso tiene semejanzas casi totales con la persecución que sufre la vicepresidenta argentina, pero también alguna diferencia sustancial.

El hostigamiento judicial contra el líder brasileño atravesó varias instancias dentro de los tribunales hasta que el fallo fue confirmado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por seis votos contra cinco. (Crónica de Infobae, nota del 05/04/2018). Lo sentenciaron a ocho años y diez meses de prisión, y quedó preso a partir del 7 de abril de 2018.

Un año y medio después, en octubre de 2019, el propio STF anuló la condena y le restituyó los derechos políticos al popular dirigente, con lo cual quedó habilitado nuevamente para presentarse como candidato. La resolución del tribunal fue adoptada mediante una votación igual, en número, a la anterior, pero en sentido contrario: seis votos contra cinco a favor de Lula. (Información del diario Cronista, de Buenos Aires. Nota del 07/11/2019). 

El fundador del PT (Partido de los Trabajadores) de Brasil, recuperó su libertad luego de haber sufrido 580 días como prisionero político del régimen de derecha. Este año, como se sabe, fue candidato presidencial y venció en un reñido balotaje al ultraderechista Jair Bolsonaro. El próximo 1 de enero de 2023 debe asumir nuevamente como jefe del Estado, cargo que ya desempeñó durante dos mandatos consecutivos, entre 2003 y 2011.

Divisiones judiciales, o cohesión

Para apreciar una diferencia fundamental entre la embestida judicial sufrida por Lula y su posterior reingreso -triunfal- a la competencia política electoral por un lado, y por el otro la ofensiva contra Cristina, es necesario tomar en cuenta el comportamiento oscilante que tuvieron los jueces en el país vecino, reflejado en las contradictorias y reñidas votaciones del Superior Tribunal.

En Brasil hubo grandes disputas internas entre los jerarcas de la judicatura (es decir, de los integrantes de un sistema judicial). Por eso, desde la misma estructura corrompida que había condenado, proscripto y encarcelado a Lula, surgieron luego otras mayorías que tomaron las decisiones opuestas: anular las sentencias, dejarlo libre y permitirle ser candidato.

En Argentina, en cambio, hasta el momento no se observa la más mínima discrepancia político-ideológica de fondo dentro del aparato judicial antidemocrático. Por el contrario, los jueces y fiscales que ocupan los cargos más relevantes están férreamente unidos en contra del kirchnerismo.

Esa cohesión interna en los tribunales más poderosos de nuestro país, empezando por la Corte Suprema de Justicia, no se ha modificado siquiera ante el hecho atroz de que una banda terrorista -aparentemente inexperta y con una estructura mínima, pero banda terrorista al fin- intentara matar a la actual vicemandataria de la República.

La candidatura de Lula en Brasil y su posterior triunfo -aunque por margen mínimo- es uno de los factores que en Argentina han contribuido en las últimas semanas a fomentar una expectativa creciente sobre la posibilidad de que Cristina se postule como presidenta el año próximo.

Ambos líderes tienen muchos aspectos en los cuales se asemejan, incluido el hecho de ser víctimas de hostilidades judiciales-mediáticas que han buscado y buscan eliminarlos de la vida política.

Pero en el caso brasileño las divisiones internas en el Poder Judicial han favorecido la recuperación política del ex presidente -y ahora también presidente electo-, mientras que aquí solo se avizoran nuevos y más feroces ataques desde los juzgados contra quien fuera dos veces presidenta de la Nación, hoy es vicepresidenta, y hace menos de tres meses se salvó milagrosamente de morir asesinada.