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Columnistas
06/11/2022

Poderes corporativos

Contra la paz, la democracia y el bienestar popular

Contra la paz, la democracia y el bienestar popular | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

El sabotaje empresarial frente al intento del gobierno por negociar una cierta estabilización de los precios, así como las maniobras judiciales que apuntan a investigar lo menos posible el atentado contra Cristina Kirchner, exhiben una vez más la peligrosidad de las corporaciones.

Miguel Croceri

“Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Esta frase fue pronunciada en 1989 por el dirigente radical Juan Carlos Pugliese, a quien el presidente Raúl Alfonsín había convocado como ministro de Economía ante el descontrol inflacionario. (En la revista digital Historia Hoy puede encontrarse una breve descripción del contexto en que fue dicha la frase. Posteo del 03/07/2019). 

Pugliese se refería a sus conversaciones con la cúpula empresarial de aquel momento para tratar de establecer algún grado de razonabilidad en los aumentos de precios que estaban destrozando la economía, y también la paz social y la estabilidad democrática.

El esfuerzo del funcionario fue inútil. El proceso derivó en una hiperinflación, cuyas consecuencias fueron un desesperado estallido social de los sectores populares más sufrientes ante la bancarrota económica, y la entrega del poder en forma anticipada -cinco meses antes del plazo constitucional previsto- por parte del gobierno de entonces a su sucesor elegido previamente.

En la Argentina de hoy y de los próximos meses quizás el final sea distinto. Eso no se sabe pero cualquier persona común del pueblo desea lo mejor para su Patria.

De todos modos, el comportamiento salvaje y violento de la clase capitalista de nuestro país no ha cambiado en lo sustancial, y su ambición insaciable por aumentar la rentabilidad y el lucro hasta el infinito genera condicionamientos similares a los del final de la década de los años ‘80 del siglo pasado.

La actitud empresarial se observa una vez más -la vez número “ene”- cuando el gobierno de la Nación, a través del ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, mantiene conversaciones con las principales compañías fabricantes y comercializadoras de productos de consumo masivo, para definir un plan denominado “Precios Justos” que intentaría acordar una estabilización de los precios durante cuatro meses.

En la última semana, durante la negociación, los funcionarios sugirieron a sus interlocutores empresarios no remarcar por encima del 4%, pero inmediatamente las fábricas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza mandaron a los supermercados listas con aumentos de entre 7 y 15%. (Información de Página 12, nota del 03/11/22). 

Atentado contra Cristina

Así como los grandes conglomerados capitalistas (locales o extranjeras) presionan contra el poder político democrático y provoca daños que sufre el conjunto de la población, en particular las clases sociales bajas y las capas medias empobrecidas, igualmente la corporación judicial repite -también por vez número “ene”- su accionar devastador del orden jurídico y con potenciales riesgos para toda la sociedad.

Transcurridos dos meses del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la fracción dominante del Poder Judicial toma decisiones que favorecen la agitación de un clima de violencia política, y encubren a sectores del poder económico y político que han financiado a bandas violentas de ultraderecha.

Así quedó en evidencia el pasado martes, cuando un trío de jueces ultra-antikirchneristas y vinculados con Mauricio Macri dejó en libertad a cuatro miembros de la agrupación extremista “Revolución Federal” que están acusados de incitación a la violencia colectiva, por realizar acciones tendientes a “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. (Crónica del diario Ámbito, nota del 01/11/22). 

La resolución fue adoptada por los tres miembros de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Dos de ellos son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos “a dedo” por Macri mediante su traslado desde otros juzgados para ocupar esos lugares estratégicos las decisiones judiciales de alto impacto político. (Reporte del portal Política Argentina, nota del 03/11/2020). El tercer integrante es Mariano Llorens, uno de los jueces que jugaba al fútbol en la quinta de Macri. (Información de El Agora Digital, nota del 09/08/22). 

Por otra parte, un día antes, estos mismos tres funcionarios macristas que fungen como “jueces” ordenaron que el proceso investigativo por el atentado contra Cristina Kirchner sea llevado rápidamente a la instancia final, es decir el juicio oral y público. También dejó libre a una de las detenidas por el caso, Agustina Díaz.

La resolución apunta a que todo se circunscriba a las tres personas que siguen detenidas, es decir Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, “en lugar de poder analizar todas sus vinculaciones”, según explicó el periodista especializado Raúl “Tuny” Kollmann. “Como si el ataque contra la vicepresidenta hubiera sido perpetrado solo por ‘tres loquitos’, y no una operación en la que hubo otros protagonistas que alentaron, financiaron las actividades del grupo y tal vez el plan mismo del magnicidio”, agregó el profesional de prensa experto en temas judiciales, y remató su análisis al afirmar que “el mensaje” de los jueces macristas es “cortemos acá con la investigación”. (Artículo de Página 12, nota del 02/11/22). 

En cuanto a los cuatro integrantes de la agrupación autodenominada “Revolución Federal” que estuvieron detenidos y ahora quedaron libres, continuarán bajo proceso. A pesar de que el trío Bruglia-Bertuzzi-Llorens los dejó en libertad, el juez Marcelo Martínez de Georgi resolvió procesarlos por incitación a la violencia pública, debido a que forman parte de una organización que se propone “imponer sus ideas o combatir las ajenas por medio de la fuerza o el temor”. (Tema detallado por el portal Infobae, nota del 03/11/22). 

Desestabilización y peligrosidad

El sabotaje empresarial que agrava la espiral inflacionaria, y de forma similar las maniobras judiciales que apuntan a investigar lo menos posible el atentado contra la líder del kirchnerismo, son nuevas manifestaciones de un poderío corporativo que atenta contra la paz, la democracia y el bienestar general de la población.

La desestabilización económica altera la convivencia pacífica en la sociedad y también descalabra al sistema político-institucional, como Argentina ya comprobó reiteradas veces. Por ejemplo, en la hiperinflación de 1989 (citada al comienzo de esta nota) o la posterior “híper” de 1990, así como la bancarrota nacional de fines de 2001, cuando el país no pudo seguir afrontando una deuda externa impagable y el sistema financiero incautó los depósitos bancarios de sus clientes.

Igual o más dañina es la destrucción del Estado de Derecho que la fracción dominante del Poder Judicial viene perpetrando paulatina y persistentemente. Los antecedentes de la corrupción ideológica y ética de la judicatura se remontan hasta hace casi un siglo, cuando la Corte Suprema de Justicia de aquella época avaló el golpe de Estado de 1930, y de allí en adelante las sucesivas Cortes legitimaron todas las dictaduras.

Los vaivenes a lo largo del tiempo exhiben escasos momentos en los cuales se hizo efectiva la reparación jurídica ante delitos atroces. Una de las pocas ocasiones fue el juzgamiento a los jerarcas de la dictadura genocida 1976/1983, tema que en las últimas semanas retornó al debate público debido a la película “Argentina 1985”. El proceso de memoria, verdad y justicia continúa hoy con juicios que se realizan a pesar de la morosidad de los tribunales, y que son sostenidos por la voluntad inquebrantable de sobrevivientes, familiares de desaparecidas/os, abogadas/os comprometidas/os y militantes por los derechos humanos.

Pero dejando de lado excepciones históricas que, más allá de necesarios debates, pueden considerarse virtuosas, las decisiones de distintos jueces y fiscales -con excepciones- luego del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, constituyen otro episodio más de la peligrosidad de las estructuras creadas para prestar un eficaz servicio de justicia a toda la sociedad.

Si a la desestabilización de los grandes conglomerados empresariales y la inescrupulosidad reinante en los lugares claves del aparato judicial se le suman (sin agotar la lista) los mensajes violentos y antidemocráticos que propalan cotidianamente las principales cadenas mediáticas, se comprueba una vez más la indefensión del conjunto del pueblo frente al accionar depredador de los poderes corporativos.

29/07/2016

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