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Columnistas
30/10/2022

Atentado contra Cristina

Negligencias, silencios y ocultamiento

Negligencias, silencios y ocultamiento | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Transcurridos dos meses desde el fallido intento para asesinar a la líder del kirchnerismo, el sistema judicial investiga con desgano. La estrategia de la oposición institucional y mediática tiene como objetivo que el ataque sea cada día más ajeno a la acción política y al interés social.

Miguel Croceri

Este 1ro. de noviembre se cumplen dos meses del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, perpetrado el 1ro. de septiembre pasado, y gran parte del “país político” sigue su vida como se nada hubiera ocurrido.

Eso no es casualidad sino que es la consecuencia de decisiones y acciones, o bien de sus contrarios, es decir la falta de decisiones y acciones, por parte de instituciones, corporaciones, organizaciones y dirigencias que determinan la configuración de las disputas de poder en Argentina. Y a las cuales esta columna de opinión denomina precisamente “país político”, en el sentido de que son los actores públicos que, por sus respectivas motivaciones, son los más interesados en influir en dichas disputas de poder.

El sistema judicial está actuando frente al caso con su habitual negligencia. A pesar de la gravedad del hecho, ni el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) encabezado por el Procurador General de la Nación, han demostrado siquiera la menor voluntad para que la investigación sea eficaz y cumpla la misión para la cual han sido creadas las judicaturas. Tanto la Corte como el MPF se han quedado “en el molde”, según expresaba un viejo dicho popular.

Todo lo que hasta el momento se conoce -al menos públicamente- en cuanto al esclarecimiento del intento de magnicidio, surge de las actuaciones de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, a cuyas órdenes trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), presumiblemente -son solo presunciones implícitas, ya que no hay explicaciones oficiales al respecto- por falta de eficiencia técnica y/o falta de garantías de confiabilidad de la Policía Federal.

A su vez, en gran medida las tareas investigativas son promovidas por la querella de la víctima, es decir la propia Cristina, a través de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Si no fuera por este ejercicio directo de sus derechos a la acción jurídica por parte de la persona directamente afectada por el intento criminal, toda la investigación sería peor.

En el marco de la causa por averiguaciones sobre el atentado, están detenidos/as Fernando Sabag Montiel -el que disparó con una pistola a centímetros del rostro de la líder del kirchnerismo-, así como Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Agustina Díaz.

Por separado y de forma paralela, el juez Marcelo Martínez de Georgi y el fiscal Gerardo Pollicita llevan adelante otro expediente judicial, relacionado con las actividades presuntamente delictivas de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, dedicada a la propagación de mensajes de odio, amenazas, acciones de violencia en ámbitos públicos e instigación a cometer delitos, todo contra la vicepresidenta de la Nación, el conjunto del kirchnerismo e integrantes del gobierno de la Nación.

Esta segunda causa, independiente de la anterior, fue promovida por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a partir de material documental e información que probarían el carácter ilegal del accionar del mencionado grupo extremista. Dentro de ese contexto, desde el 10 de octubre están detenidos/as Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.

Además, la investigación sobre la autodenominada “Revolución Federal” incluye el rastreo del financiamiento a la banda por parte del fideicomiso Caputo Hermanos, manejado por hermanos del ex ministro de Finanzas durante el gobierno macrista Luis Caputo, y que son también parientes de Nicolás Caputo, multimillonario empresario e íntimo amigo de Mauricio Macri.

(En un informe de la periodista Emilia Delfino publicado durante la última semana por elDiarioAr, se analiza la trama penal, política y económica de ambas pesquisas judiciales. Nota del 24/10/22). 

Pasados los días y semanas

Todas/os las/los juezas/jueces intervinientes en las dos causas forman parte de la fracción dominante del sistema judicial, o sea la fracción que se caracterizó en la última década por su descarado accionar ultra-antikirchnerista, y en general por haber corrompido la propia razón de ser del servicio de justicia mediante la violación de normas básicas del Estado de Derecho.

El desempeño de cada uno/a de ellos/as en estos casos concretos es motivo de evaluación por parte de abogados/as vinculados/as a las causas, expertos/as en derecho, dirigentes políticos y periodistas especializados/as.

En ese sentido el doctor Ubeira, uno de los patrocinantes legales de la vicepresidenta en la causa por el atentado, ha dicho que “no hay ningún interés por parte del Poder Judicial de esclarecer el intento de magnicidio”. Puso como ejemplo que la querella por él representada “pidió a la Corte que envíe más recursos a la jueza” y también requirió que el Procurador General, Ricardo Casal, brinde recursos a la fiscalía, pero “nada de esto ocurrió”. (Publicado en el portal de Crónica, nota del 11/10/22). 

El aparato judicial se ocupa del asunto con absoluto desgano. Trata el caso como un hecho que afectó, y pudo haber afectado mortalmente, a una persona concreta. Pero deja de lado que fue un ataque al orden democrático que, si hubiera cumplido el objetivo de asesinar a Cristina Kirchner, tenía la potencialidad de desatar una ola de violencia política igual o semejante a una guerra civil.

En forma combinada, las cadenas mediáticas de la derecha se encargaron desde el principio de instalar “dudas” sobre si verdaderamente existió un atentado. (Así lo hizo cuatro días después del hecho el canal de noticias TN, del conglomerado Clarín. Información de El Destape, nota del 05/09/22). Esa fue una maniobra de manipulación de la opinión pública cuidadosamente estudiada, a fin de instalar la creencia o sospecha de que en realidad se trató de “un invento”.

Posteriormente esas mismas cadenas le restaron importancia o directamente hicieron silencio sobre la información surgida tanto en relación con el intento criminal y asimismo respecto del financiamiento de las bandas extremistas por parte de allegados al macrismo.

Mientras tanto, las instituciones democráticas del Estado se limitaron a expresarse en los primeros días posteriores al ataque, pero después se dejaron arrastrar por la estrategia de la oposición tanto mediática como político/institucional (Juntos por el Cambio y otros sectores de derecha o ultraderecha), destinada a que se hable cada vez menos del tema y así lograr paulatinamente un mayor efecto de silenciamiento y ocultamiento, hasta su objetivo final: el encubrimiento.

El gobierno y el Frente de Todos, y en particular el presidente Alberto Fernández, gobernadores/as, el Congreso Nacional, legislaturas provinciales, órganos representativos municipales, etcétera, al comienzo reaccionaron con la condena y repudio correspondientes, en sintonía con las grandes movilizaciones populares de los primeros días posteriores al intento magnicida.

Aunque en las cámaras legislativas nacionales fue difícil obtener apoyo opositor para pronunciarse frente al criminal suceso, finalmente Diputados y Senadores aprobaron sendas declaraciones en ese sentido. Después, en el Parlamento no pasó más nada.

Pasados los días y semanas, y ya transcurridos dos meses, tiende a imponerse la decisión política opositora cuya finalidad es que el ataque a la líder del kirchnerismo sea paulatinamente ajeno al interés de la población en asuntos de gravedad colectiva.

Si no hay novedades judiciales, el tema desaparece de la visibilidad social. Solo es sostenido por los medios informativos que son independientes de la oposición y de las grandes cadenas, así como por el esfuerzo aislado de unos pocos/as legisladores/as kirchneristas, de modo particular el diputado Rodolfo Tailhade, quien por ejemplo aporta valiosa información y opinión en su canal de Youtube. (Acceso a canal de Tailhade en Youtube). 

Después del estupor y la respuesta inicial, ni el gobierno nacional ni el Frente de Todos han dato renovado impulso al reclamo para esclarecer lo ocurrido y rastrear los orígenes de su autoría.

No hubo más llamados a nuevas manifestaciones populares o a distintos tipos de movilización social, como tampoco reuniones de dirigentes y/o de representantes gubernativos o legislativos específicas por el tema; o nuevos pronunciamientos (aparte de aquellos de los primeros días); o conferencias de prensa o declaraciones conjuntas de diferentes sectores o comunicaciones coordinadas en las redes digitales… En fin: faltan acciones políticas que cualquier naturaleza que tiendan a fortalecer la búsqueda de verdad y justicia.

Si las dirigencias y militancias kirchneristas, peronistas y de las demás fuerzas populares y democráticas, así como las organizaciones de la sociedad civil en general, siguen esperando lo que haga la mal llamada “justicia” -de por sí negligente-, se impondrá la estrategia de la derecha y la ultraderecha para que el intento de asesinato contra Cristina Kirchner vaya siendo tapado por el silencio y el ocultamiento. Como si no hubiera sucedido.

Podría llegar un momento en que los discursos demagógicos digan que no hay que insistir más con el tema porque eso “no le interesa a la gente”.

29/07/2016

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