En los últimos días y semanas se han manifestado con toda su impunidad e inescrupulosidad funcionarios públicos que no representan los intereses del conjunto de la sociedad sino de minorías privilegiadas: es el caso de los/las diputados/as que impidieron la sanción de la ley de Presupuesto y dejaron al Estado y al país sin esa herramienta legal fundamental para planificar la tarea de cualquier área de la función pública.

En otro poder del Estado, el Judicial, la Corte Suprema de Justicia se supera a sí misma en su carrera enloquecida por ejercer impunemente su capacidad de daño antidemocrático: esta vez anuló -al declararla “inconstitucional”- la ley del Consejo de la Magistratura sancionada ¡hace 15 años!

El propósito de semejante aberración es desgastar a un gobierno al que consideran enemigo y además beneficiarse con la búsqueda de mayores espacios para sus dominios corporativos. Pretenden que vuelva a regir la ley anterior o que el Parlamento sancione una similar, para que dicho Consejo esté presidido por quien sea al mismo tiempo presidente de la Corte, como ocurría antes de la reforma de 2006 que se sancionó por un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner.

Si así fuera, en la actualidad el “doble presidente” sería Horacio Rosatti, primero nombrado a dedo -mediante decreto- en el más poderoso tribunal del país por Mauricio Macri y recién después designado con el acuerdo del Senado que exige la Constitución.

(A raíz de la decisión que anuló la ley de 2006, el diputado Rodolfo Tailhade escribió en Twitter: “152 mil millones de pesos contempla el presupuesto nacional 2022 para el Poder Judicial. Capturar esos fondos era el objetivo que perseguía esta Corte decadente. Con este fallo Rosatti ocupará la presidencia del Consejo de la Magistratura y manejará esa caja. Es lo único que les importa”. Acceso a tiut de Tailhade). 

Por otro lado, policías de distintas jurisdicciones perpetraron en menos un mes hechos delictivos que costaron la vida de personas, o en otros provocaron daños humanos, incluso gravísimos.

Ocurrió con los asesinatos de los jóvenes Lucas González (en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires); de Elías Garay (en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, provincia de Río Negro, crimen en el cual se sospecha que los homicidas actuaron con complicidad de la Policía provincial, en un ataque donde también fue herido gravemente por los balazos Gonzalo Cabrera); y el asesinato de Luciano Olivera (en la ciudad balnearia de Miramar, provincia de Buenos Aires).

Además, aunque sin víctimas mortales -al menos en los primeros días- la Policía de Chubut atacó de forma violenta y reiterada las masivas protestas populares que se realizaron en ciudades de esa provincia luego de que la Legislatura sancionara, y el gobernador Mariano Arcioni promulgara, la ley llamada “de Rezonificación” que habilita la mega-minería en la meseta central chubutense.

Trasfondo ideológico

Los hechos y situaciones hasta aquí mencionados -votación en contra del Presupuesto, nulidad de una ley que no le conviene a la corporación judicial, y asesinatos causados por policías o represión violenta a manifestantes-, son muy distintos entre sí aparentemente pero guardan profundas conexiones en su trasfondo.

Son actos ejecutados desde espacios de poder cuyos perpetradores tienen una similar matriz ideológica “de derecha”, entendiendo por tal a las ideologías que defienden y/o reproducen la vigencia de estructuras económicas, sociales, institucionales, políticas, etc. donde los intereses de las clases y sectores privilegiados dominan al conjunto de la sociedad, y así se perjudican las clases populares y medias de la población.

Paradójicamente o no, formaron parte de la mayoría parlamentaria que rechazó el presupuesto los/las diputados/as de sectores de izquierda y otros que se autodefinen como “moderados”, “de centro” o que “solo” defienden “los intereses de la provincia”, sea cual fuere la que representan. Pero lo sustancial es que todos participaron de la estrategia desestabilizadora del cambiemismo macrista-radical-carrioísta y sus aliados.

Por fuera de especificidades como esas, los/las legisladores, jueces y policías que, cada cual a su modo, mostraron en los últimos días o semanas cómo usan sus atributos de poder en contra del bien común, son exponentes de una derecha desembozada, sin límites, inescrupulosa, impune, y además criminal en los casos de asesinatos policiales.

También, excepto cuando se trata de diputados/as que votan en el Congreso en el ejercicio de su función, las demás situaciones aludidas constituyen acciones ilegales que atentan contra el Estado de Derecho, la convivencia democrática y la paz social.

Más allá de discrepancias internas

Con la decisión de boicotear la sanción del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo, Juntos por el Cambio debutó con su nueva representación en la Cámara de Diputados, que aumentó como resultado de las elecciones parlamentarias de este año.

Esa alianza demostró que está dispuesta al sabotaje y la desestabilización más allá de las discrepancias internas que determinaron la conformación de varios bloques en dicha Cámara. Por el momento los alineamientos son inestables y podrían ser entre siete y diez bloques. Pero los diferentes grupos confluirán en un “interbloque” a partir del 1ro. de marzo, cuando comience el periodo de sesiones ordinarias del cuerpo.

Porque lo que existe dentro de la coalición, por encima de cualquier división entre sus miembros, es una profunda afinidad político-ideológica. En el fondo es un espacio de derecha compacto. Con “duros” y “moderados”, o con “halcones” y “palomas”, que suelen tener estilos y personalidades públicas muy distintas, pero todos/as cohesionados por los intereses que defienden y por lo que ellos consideran el “enemigo” en común, que es el kirchnerismo.

(Poco antes de asumir como diputado nacional, el dirigente ultraconservador y pro-estadounidense Ricardo López Murphy formó un bloque integrado solo por él mismo pero aclaró por Twitter que “no hay lugar para internas, los únicos enemigos son los K”. Acceso a tuit de L. Murphy). 

Los cambiemitas se alinean sin fisuras con, por ejemplo, un modelo económico funcional al capitalismo financiero local y extranjero -como el que ejecutaron cuando fueron gobierno con Mauricio Macri-; el sometimiento a los intereses de Estados Unidos -por eso se la pasan despotricando contra Venezuela-; o el accionar corporativo de las mafias judiciales -por eso arman escándalos ante la sola mención de una “reforma judicial”- como también de las principales cadenas mediáticas -por eso sostienen a rajatabla el poderío del aparato comunicacional dominante y son feroces opositores a cualquier medida o proyecto antimonopólico y democratizador-.

Una cohesión política similar también se verifica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando entre sus integrantes haya alevosos conflictos personales y disputas mezquinas que frecuentemente se hacen públicas con total desparpajo o trascienden mediante la prensa.

El tribunal tiene un perfil reaccionario a pesar de que dos de sus jueces, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, tuvieron altos cargos públicos en representación del peronismo, y que también se le atribuya esa identidad política a Ricardo Lorenzetti. El cuarto integrante, Carlos Rozenkrantz, es simplemente un delegado en el tribunal de la élite empresarial local, saqueadora y rapiñera.

(Digresión: la Corte Suprema está integrada actualmente solo por cuatro miembros, solo varones, todos con similares rasgos ideológicos y ninguno por debajo de los 63 años. Esa composición es otra muestra brutal de la falta de una mínima diversidad política, de género y etaria que refleje el pluralismo y heterogeneidad de la sociedad argentina).

Los asesinos y sus “enemigos”

Finalmente, los policías que matan a personas haciendo una utilización criminal de las armas que detentan en nombre de la “fuerza pública”, son ante todo asesinos.

Pero también son de derecha, o de extrema derecha, porque esa es la ideología con la que son formados y es el tipo de enseñanza que se genera internamente en gran parte del personal armado del Estado, a pesar de que la dictadura genocida finalizó hace 38 años.

Para quienes integran las llamadas “fuerzas de seguridad”, los enemigos a combatir incluyen a las personas pobres y de color marrón o negro en su piel, y que pueden tener como “agravante” su militancia en cualquier tipo de organización popular.

En el caso de la Policía chubutense, a mediados de este año trascendió un registro audiovisual muy corto pero impactante donde un grupo de efectivos eran entrenados mientras debían cantar “Piquetero, piquetero / ten cuidado, ten cuidado. / Que una noche muy oscura / a tu villa entraré”. (La noticia y el breve video pueden encontrarse en Página 12, nota del 28/07/21). 

Asimismo, si sus superiores se lo ordenan, las diferencias fuerzas “de seguridad” del país cuentan entre sus enemigos a personas que participan en protestas callejeras. Todas esas conductas surgen de la misma matriz ideológica.

Por eso es posible vincular los asesinatos de los jóvenes Lucas González (el 17 de noviembre en Buenos Aires), Elías Garay (el 21 de noviembre en Cuesta del Ternero, en un lugar reclamado por la comunidad mapuche) y Luciano Olivera (el 10 de diciembre en la ciudad bonaerense de Miramar), así como la represión contra manifestantes en Chubut, con las decisiones adoptadas la semana pasada por la mayoría de la Cámara de Diputados contra el proyecto de presupuesto y por la Corte Suprema nacional contra la ley del Consejo de la Magistratura.

Se trata en todos los casos del accionar de una derecha envalentonada, que se siente con los respaldos políticos y sociales necesarios como para actuar desembozadamente.