Mientras Argentina está políticamente concentrada en los resultados y las consecuencias políticas de los comicios legislativos, en otras naciones de la región están previstas elecciones presidenciales para dentro de unos días (en Chile) o para el año próximo (en Colombia y Brasil). En todos los casos -incluido nuestro país- se ciernen riesgos y peligros para el sostenimiento de las democracias.

Por otra parte, una fuerza política de orientación popular con una experiencia de décadas tanto en la lucha desde el llano como en el ejercicio del gobierno, luego su derrocamiento mediante un golpe de Estado y después volver a ganar una elección (el Movimiento al Socialismo, MAS, de Bolivia), así como otra fuerza popular emergente y que apenas logró una mayoría de votos suficiente para llegar a la presidencia de su país (el partido “Perú Libre”), son acosados por bloques de poder contrarios que tratan de desgastarlos y derribarlos.

Esta mención sintética a algunas situaciones destacables de la política suramericana -que además está atravesada, como en todo el mundo, por los dolorosos traumas humanitarios, laborales, sociales, económicos, educativos, etc. provocados por la pandemia del Covid-, ponen de manifiesto dos líneas paralelas por las que transcurren las disputas para conducir los Estados y tomar decisiones sobre sus poblaciones.

Dichas paralelas son la continuidad de métodos electorales para designar a las autoridades gubernamentales, pero condicionados por el accionar creciente de sectores corporativos y políticos que apuntan a la desestabilización de los procesos democráticos. Estos últimos son sectores alineados con factores de poder extranjeros y a la vez con considerable apoyo en ciertas bases sociales de cada país.

Las derechas y las ultraderechas están cada vez más desinhibidas en el mundo en cuanto al respeto de las normas legales-electorales, tal cual lo demostró -como caso emblemático- la toma del Congreso de Estados Unidos en enero de este año por parte de extremistas seguidores de Donald Trump. Ese accionar sedicioso tiende a reproducirse en otros países, entre ellos algunos de Suramérica.

Chile, entre la izquierda y la ultraderecha

La elección presidencial en Chile tendrá lugar el domingo venidero, 21 de noviembre. Aunque todos los pronósticos y evaluaciones indican que el resultado definitivo se producirá en una segunda vuelta, a realizarse el domingo 19 de diciembre.

Allí, paradójicamente, la derecha es el oficialismo, por lo cual su estrategia no consiste en derribar a una fuerza popular gobernante sino a tratar de impedir que una expresión política de ese tipo llegue a ejercer el Poder Ejecutivo. En todo caso, la desestabilización se hará visible si se insinuara, o se confirmara, el triunfo electoral de sectores de izquierda y centroizquierda tras la candidatura del joven diputado (35 años) y ex dirigente estudiantil Gabriel Boric.

Además, a diferencia de aquellos lugares donde las corporaciones -económicas, mediáticas, judiciales, etc.- están fortalecidas, empoderadas y gozan de enorme impunidad y capacidad de daño, como en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, en Chile están en una etapa defensiva y de retroceso.

Su poderío crujió al desatarse la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019, después de que, respaldadas por la corporación genocida (militares y carabineros), ejercieran un mando casi absoluto sobre la economía, la sociedad y el sistema político durante cuatro décadas (desde que se inició la transición democrática en 1990), aún bajo los dos gobiernos con impronta democratizadora que encabezó Michele Bachelet.

Por lo tanto, las clases sociales privilegiadas y la dominación norteamericana que desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) implantaron mediante el terror el modelo capitalista salvaje comúnmente llamado “neoliberal”, hoy tratan de frenar y revertir los avances populares, e intentan rearmarse para continuar en el poder.

La variante encontrada para cumplir sus objetivos se manifiesta en el surgimiento de un candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, quien según los sondeos pre-electorales ocuparía el primero o segundo lugar en la primera vuelta del próximo domingo, y cuatro semanas después disputaría el balotaje contra Gabriel Boric.

Simultáneamente, continúa con su trabajo la Convención Constitucional. Este órgano que debe redactar una nueva Constitución, y en cuya composición hay una fuerte presencia de la izquierda partidaria, los independientes de izquierda, el centro, la centroizquierda y representantes de los pueblos originarios -empezando por la presidenta del cuerpo, Elisa Loncon- tiene plazo para cumplimentar su cometido hasta julio del año que viene.

Luego, el texto constitucional que de allí surja deberá ser aprobado en un plebiscito por dos tercios de los/las votantes, lo cual implicará un nuevo desafío político no exento de incertidumbre.

Asedio golpista en Bolivia y Perú

Los gobiernos de Bolivia y de Perú, cada cual con sus particularidades pero ambos con aspiraciones de representar los intereses populares y soberanos, surgieron de elecciones que en términos históricos son recientes. Sin embargo, el asedio en su contra es permanente.

El presidente boliviano Luis Arce (quien este 8 de noviembre cumplió un año en el cargo) representa la continuidad del proceso que en ese país se denomina “de cambio”, es decir el iniciado por Evo Morales y el partido político que él fundara: el Movimiento al Socialismo (MAS).

Como se sabe, tras el derrocamiento de Evo en noviembre de 2019, la dictadura cívico-militar encabezada por Jeannine Áñez no consiguió consolidarse y tuvo que llamar a elecciones. Morales y su ex vicepresidente Alvaro García Linera fueron proscriptos y estaban exiliados en Argentina, pero aun así el MAS obtuvo un amplio triunfo con el binomio presidencial que Arce integró con su vice, David Choquehuanca.

La desestabilización contra el actual gobierno masista (por el MAS) es también una continuidad de la que fuera perpetrada en la etapa anterior, contra Evo, y está sustentada en los planes estadounidenses para impedir la existencia en Suramérica de gobiernos contrarios a su control sobre la región.

La fortaleza política de la derecha y la ultraderecha tiene su epicentro en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, donde el extremista Luis Fernando Camacho ganó en marzo pasado la gobernación local. El dirigente fue durante largo tiempo uno de los jefes sediciosos que intentó derrocar a Morales y en ese sentido tuvo un rol protagónico en el golpe de hace dos años.

Aparte de su actual cargo gubernamental, la estructura política dirigida por Camacho se denomina “Comité Cívico de Santa Cruz”. Organizaciones como esa, que en el argot político boliviano se denominan “los cívicos”, agrupan a sectores de derecha y ultraderecha que están expandidos en varios departamentos (provincias) del país. En las últimas semanas ha estado muy activo el “Comité Cívico de Potosí”, donde se realizan paros empresarios y manifestaciones contra el gobierno nacional.

El actual pretexto para combatir a las autoridades del país es una ley sancionada en agosto contra el blanqueo de dinero “sucio” -surgido de actividades delictivas-. Dicha ley se denomina formalmente “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, y es rechazada de plano por sectores empresariales. “Los comités cívicos muestran claramente su intención golpista”, dijo este jueves el presidente Arce.

Mientras tanto, el presidente peruano Pedro Castillo también sufre el asedio golpista y hace grandes malabarismos para sostenerse en el cargo. Asumió hace solo tres meses y medio (el 28 de julio, cuando se cumplió el bicentenario de la independencia de su país) y prácticamente le ha sido imposible gobernar.

El jefe del Estado arrastra una extremada debilidad de origen. Por ejemplo, le ganó a Keiko Fujimori en segunda vuelta por apenas el 0,29% (cero coma veintinueve por ciento) de los votos; está en absoluta minoría en el Congreso unicameral, donde sobre 130 integrantes su partido “Perú Libre” había conseguido 37 pero encima luego se dividió; y numerosos parlamentarios de la derecha y la ultraderecha han propuesto declarar la “vacancia presidencial”, que significaría la destitución de Castillo.

Además, el mandatario se vio obligado a cambiar varios ministros, incluido el jefe de gabinete (también llamado “primer ministro” o “presidente del Consejo de Ministros”) designado inicialmente. Otro caso fue el canciller, un veterano militante de izquierda que proponía modificar de fondo las relaciones exteriores, y a quien reemplazó cuando llevaba 20 días en el cargo luego de que el funcionario realizara declaraciones que fueron repudiadas por la oposición institucional-partidaria, por los principales medios de comunicación y también por pronunciamientos públicos de las fuerzas armadas.

En 2022, Brasil y Colombia

Para el próximo año están previstas elecciones en Brasil y en Colombia. Son naciones bajo control de regímenes políticos defensores a ultranza de los intereses de las oligarquías locales y de Estados Unidos, que considera a ambos países como piezas claves para su dominio sobre la región. En los dos casos son muy adversas las condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas.

Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente brasileño que llegó al poder de modo fraudulento debido a la “guerra jurídica” pergeñada en Washington contra gobiernos y líderes populares, ha amenazado con no aceptar el resultado de los comicios. El pretexto es que habría “fraude” en su contra mediante el sistema de urnas electrónicas que se utiliza desde hace décadas en ese país.

Sectores opositores tienen gran expectativa por la vuelta al poder de Lula Da Silva, quien recuperó la posibilidad de ser candidato luego de que el mismo Poder Judicial que lo encarceló y proscribió en 2018, este año anuló las condenas y le restituyó sus derechos políticos.

Por el momento Lula aparece con ventaja en las encuestas, pero aún no se sabe cómo sería el espacio antibolsonarista que eventualmente podría liderar, ni con qué otros/as candidatos/as debería competir. Excepto el gobernante actual, que se postulará por la reelección.

La fecha electoral establecida es el 2 de octubre. Si ninguno/a de los/las candidatos/as superara el 50% de los votos, habría un balotaje el 30 de ese mismo mes. Falta poco menos de un año y lo que ocurra desde aquí hasta ese momento es impredecible.

Por otra parte, la elección presidencial colombiana tendrá lugar el 29 de mayo de 2022, mientras que el 19 de junio se realizaría una eventual segunda vuelta. Desde mediados del siglo XIX gobernaron, alternándose entre sí, los partidos Conservador y Liberal, y el actual presidente de derecha Iván Duque pertenece a un desprendimiento del primero de ellos: es un partido denominado de forma elegante “Centro Democrático”, y su líder es el fervoroso ultraderechista y ex presidente Alvaro Uribe.

En las últimas décadas, Colombia ha cumplido la función de operar como una base política, económica y militar norteamericana en Suramérica. También ha sido, y lo sigue siendo aunque de forma más solapada, el territorio -y la sociedad- donde por más tiempo y con mayor gravedad se desplegaron las violencias políticas y del narcotráfico.

Los acuerdos de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), han devenido en continuos asesinatos de ex integrantes de esa organización que hoy están desarmados, y también en crímenes contra líderes sociales y comunitarios de distintas regiones.

País poco habituado a las protestas en las grandes ciudades, hace dos años -y coincidente con los sucesos de Chile, aunque de mucho menor intensidad- en Colombia hubo grandes manifestaciones contra el modelo económico-social que se conocieron con el nombre de “Paro Nacional”. El proceso de movilizaciones aminoró y por momentos se detuvo durante la pandemia, pero dejó sus huellas políticas.

En ese marco, ha crecido en popularidad y niveles de consenso el referente progresista Gustavo Petro. Actual senador y ex alcalde de Bogotá, es el candidato presidencial de sectores de centroizquierda e izquierda que aspiran a tener un buen desempeño en los comicios a realizarse dentro de seis meses. Las candidaturas de la derecha todavía no están definidas.

En cualquier caso, es muy difícil prever que Estados Unidos vaya a “entregar” una pieza clave de su tablero geopolítico permitiendo una victoria electoral del progresismo colombiano.

Así, distintos países de la región atraviesan no solo la tragedia del Covid sino además la amenaza antidemocrática y las maniobras desestabilizadoras contra las fuerzas y líderes políticos, o contra los gobiernos, que en mayor o menor medida significan un desafío para los intereses de las oligarquías locales y para la dominación de Estados Unidos sobre el sur del continente.