La red de ferrocarriles pensada por los británicos para sus negocios parece haberse instalado en la genética cultural de los argentinos. La producción del país circula como en un embudo que desemboca con histórica naturalidad en Buenos Aires y, desde esa misma boca, todo lo que entra en el país se redistribuye, con mayor o menor suerte y según el efecto derrame del neoliberalismo, hacia las provincias. 

Ese diseño ferroviario expresa la dicotomía interior versus capital, donde el primero son las provincias, mientras la segunda, designada hoy con la sigla CABA, debe ser el exterior del país, entonces. Ese esquema resistió sin fisuras a la Constitución nacional que declara al país como federal y discurre, sutil, en todos –o casi todos- los campos. En la cultura también, por qué no. Y en los libros, su producción y circulación. En su negocio.

La canalización de la producción cultural de las regiones hacia el puerto es difícil a menos que medie alguna causa que justifique su trascendencia. Sin embargo, esa carencia se suple con redes regionales que sirven para sostener y apoyar la creación artística y a las que apelan los locales.

En este contexto, el libro es un producto curioso: aunque el prestigio de la industria, por razones de escala de mercado, se circunscribe a la metrópolis y las grandes ciudades, la actividad editorial –al menos en Patagonia- resulta sostenida e incansable. En las cinco provincias patagónicas y en La Pampa, las editoriales existentes –a razón de un promedio de tres a cuatro o más por provincia, sin contar las artesanales- canalizan la mayor parte de la producción literaria regional. Incluso, muchas de estas editoriales se asociaron hace unos años en un nivel interprovincial con otros sellos independientes de las grandes firmas transnacionalizadas. Con La Coop, tal la distribuidora constituida, lograron un sitio importante en la Feria del Libro de Buenos Aires, y también en las que se realizan en los niveles locales en todo el país.

Como ya se dijo en este portal, la gestión del secretario de cultura de Macri, Pablo Avelluto, fue letal para la industria editorial argentina desde el primer día, cuando liberó la importación de libros sin ninguna restricción. Además, los editores y libreros recibieron el golpe de gracia con la recesión creciente y la falta de estímulo, ya que se desactivó el Plan Nacional de Lectura y se revirtieron las políticas de fomento al sector.

Tan así fue que, cuando Daniel Filmus impulsó el proyecto de ley nacional del libro, que crearía un instituto de rango y funciones similares al del teatro y al del cine, concitó el inmediato apoyo de las cámaras empresarias. Tanto la del Libro como la de Publicaciones y la Fundación El Libro, que habían saludado con entusiasmo el cambio de peronismo por macrismo, se sentaron de inmediato, y por necesidad, a la mesa convidada por el diputado kirchnerista. Allí también participaron escritores y escritoras convocados de manera individual, ya que sus representaciones –la SADE, especialmente- cambiaron la reivindicación de los derechos de sus afiliados por talleres literarios, lecturas y ediciones. Siempre fue difícil la gestión gremial de las asociaciones de escritores, salvo en el caso de la SEA que, en sus primeros años obtuvo cobertura asistencial para sus afiliados y, más importante todavía, la ley de pensión del escritor en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. También impulsó una ley similar en el nivel nacional, que no tuvo resultado favorable.

Este invierno, en medio de la pandemia, con el lema #LeyDelLibroYa, la Unión Nacional de Escritores y Escritoras se reunió en asamblea –virtual- para resucitar el proyecto. Desde la asunción del actual gobierno, Filmus se desempeña como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y fue reemplazado por la macrista santafesina Gisela Scaglia en la presidencia de la comisión de Cultura de la Cámara baja. En abril pasado, Scaglia aventuró que “si hay voluntad del Ejecutivo de financiarlo, la ley va a salir, porque no hay objeciones de los diputados para que una ley así salga. Es necesario: si existe un instituto para el cine, como es el INCAA, tiene que existir en el libro. Además, el proyecto tiene amplio consenso. Lo que hace falta es una mesa de trabajo entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Unión de Escritoras y Escritores para reformular los puntos que se quieran reformular y que se garantice el financiamiento. Porque de nada sirve un Instituto del Libro sin financiamiento”, explicó en una entrevista luego de participar de la asamblea con los escritores.

El instituto del libro –INLA- será, según el proyecto, conducido por un director ejecutivo, un directorio y una asamblea federal. Se financiará con una cifra equivalente al 2 por ciento del presupuesto anual para Cultura –alrededor de 80 mil millones de pesos según los números de 2019, y unos 158 mil millones de acuerdo con el tratado esta semana en Diputados-; podrá usar hasta el 20 por ciento de esa cifra en gastos generales y de sueldos e infraestructura y el resto se utilizará en programas de fomento, ferias, ediciones, etcétera.

El directorio se integrará con ocho miembros correspondientes a las cámaras editoriales empresarias –cuatro-; libreros –uno-; escritores –dos-, y Fundación El Libro –uno-, que durarán dos años en sus funciones.

Pese a que se habla de un proyecto de carácter federal, hay un riesgo. Por ejemplo, en 2018, 750 de las casi 1.200 librerías del país estaban en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Además, según la Cámara Argentina del Libro, ese año, el 55 por ciento del sector editorial comercial estaba establecido en la ciudad de Buenos Aires y el 20 por ciento en territorio bonaerense, y el 25 por ciento restante en las seis regiones culturales: NOA, NEA, Centro, Nuevo Cuyo, Patagónica y Metropolitana. Con estas estadísticas, al menos seis de los ocho puestos del directorio serán porteños. Eso, siempre que los escritores elegidos provengan de las provincias. El esquema de conducción del futuro instituto se completa con la asamblea federal, que tendrá 24 puestos, uno para cada jurisdicción provincial. Por último, habrá un consejo asesor ad honórem con cinco escritores y dos traductores, que estarán cuatro años en el cargo.

La Unión de Escritores y Escritoras pidió que la representación sea con paridad de género; que se incluya a todos los géneros –incluidos ensayistas, investigadores, traductores- y oficios –diseñadores gráficos, por ejemplo-, y que la elección de la representación sea por votación universal y no por ternas, a propuesta de las asociaciones, tal como dice el texto.

El segundo tema que preocupa a la Unión, ya expresado por dueños de sellos independientes, es el precio de venta al público del libro, uniforme en todo el país, y que no tiene en cuenta los gastos de flete que se suman a los envíos y con los que deben cargar los libreros de cada región. Hay un pedido expreso para solucionar este tema.

Si bien este punto es crucial para lectores y lectoras de provincias, hay una cuestión que se soslaya: los autores que publican en su lugar de residencia no tienen garantizado el acceso a las bocas de expendio de las principales ciudades. En efecto, en las grandes cadenas la distribución se hace desde Buenos Aires y sólo se agregan ediciones de provincias luego de largos trámites siempre y cuando interesen a los gerentes de las distribuidoras. 

En una asamblea de la Unión, realizada el sábado pasado con la participación de representantes de varias provincias, se decidió iniciar una campaña en redes sociales y luego en instalaciones callejeras en las principales ciudades del país con el lema #LEYDELLIBROYA y con la participación de todos sus afiliados. 

Además, los escritores subrayaron las condiciones de precariedad en que se desempeña el oficio. Este punto no es menor, y tiene que ver con que la industria considera al libro como su materia prima, es decir, al libro terminado, impreso. Y esta concepción no tiene en cuenta el trabajo del escritor, que es previo y que se desarrolla fuera de cualquier régimen laboral, incluso a expensas de éste, porque no viven de la escritura. Entonces, cada original terminado es apenas un dato dentro de la industria y es por eso que las regalías –los derechos de autor- casi no existen. Sin contar con que un gran porcentaje de los autores financian sus libros. Descripta esta situación, la pregunta surge naturalmente: ¿de qué vive un escritor? ¿Cómo se financia una escritora? ¿Es una profesión o un oficio? Continuará.

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Texto completo del proyecto 

Dujovne 

En anfibia