Lamentablemente se ha consumado lo que desde hace varios meses se temía, la destitución de la presidenta del principal país de la región. Una votación holgada del Senado brasileño, convertido en tribunal, ha destituido a Dilma Rousseff, instituyendo presidente al que hasta ahora era su vice.

En octubre de 2014, hace casi dos años, Dilma había sido elegida para un segundo mandato en un ajustado triunfo, ganando el balotaje con el 51,6%, con un ventaja de tres millones de votos en un país de 146 millones de electores. Derrotando al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Aecio Neves, asumía el gobierno aliado al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al que pertenece el hasta esta semana vicepresidente Michel Temer, hoy presidente con muy baja popularidad.

Era conocido que la principal economía de la región estaba convulsionada, que un sector medio alto de la sociedad estaba definitivamente en contra de los gobiernos populares del PT, del partido de la presidenta y Lula, y que el escándalo de la corrupción por el caso Petrobrás había salpicado profundamente a la política brasileña. Sin embargo, ninguno de estos elementos constituyó la causa del proceso destituyente, ni siquiera las denuncias por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña, sino un argumento mucho más endeble. El “delito” que terminó por vía no electoral con los gobiernos continuados del PT fueron las maniobras conocidas como “pedaleadas fiscales” que se habrían producido en varias ocasiones. Una irregularidad históricamente cometida y que no hubiese constituido motivo de destitución sin una firme convicción, no republicana, sino de orden político, de desalojar del poder a un partido favorecido en las urnas desde hace más de una década.

Fue necesario llegar a esta acusación porque hasta la fecha no hubo manera de ligar a Dilma con la corrupción de Petrobrás, aunque mediáticamente lo usaron sin ambages en la campaña y casi le cuesta las elecciones. Para que se entienda hasta que punto se destituye a una presidente cuya honestidad no está en juego, en la segunda votación que realizó el Senado, tras la destitución, no le sacaron a la ahora ex presidenta sus derechos políticos como sí hicieron con Fernando Collor de Melo, presidente de derecha destituido por corrupción en 1992 e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público durante ocho años. Este ex presidente, hoy senador, fue uno de los 61 votos con los que se consumó la destitución de la presidenta. Sobran las palabras. Aecio Neves también votó a favor…

El proceso completo por este frágil delito de responsabilidad fiscal que finalmente concluyó en el fin del gobierno, ha sido calificado por los principales líderes del PT, como un golpe de estado que ha logrado en el seno de la política representativa contradecir la expresión popular en las urnas. No obstante, el debate seguramente deba ser instalado en otro lugar.

La hoja de ruta de este proceso estuvo trazada desde un principio por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, acusado de recibir sobornos de cinco millones de dólares de proveedores de Petrobras. Todos los pasos legales se cumplieron y en los tiempos correspondientes. Es decir y a diferencia de la escandalosa destitución “expres” de Fernando Lugo en Paraguay en el 2012, aquí se cumplieron plazos y términos. ¿Qué le otorga este particular a la destitución de Rousseff? Legalidad, solo eso. Sin embargo, lo que está claramente en duda es la legitimidad de este proceso. De hecho, de los 81 senadores que tenían que definir el futuro de la presidenta y del país, la mitad está sospechada de corrupción.

Por supuesto que hay que contar con cierto apoyo social y aquí no debemos olvidar los errores en el manejo de la economía que liberaron rencores de clase contenidos, como los expresados por los varones blancos de clase media alta, los denominados peyorativamente Coxinhas, que tomaron las calles en el 2013. Nueva derecha sobre la base de la cual, de sus experiencias, nacieron los grupos que en 2014 convocaron marchas multitudinarias contra el gobierno. De ese clima fundamentalmente antipolítico, se pasó a la incorporación del arco político opositor en forma gradual y a la construcción de un escenario de polarización, de “tensión a la venezolana”, que le diera validez a los procesos políticos acusatorios.

Si algo tiene que reprocharse la presidenta destituida no es precisamente las “irregularidades fiscales” sino sus dudas en las respuestas políticas a la crisis económicas y cierta debilidad política, por caso en la tardía propuesta de incorporación al gobierno del histórico Lula Da Silva, el padre de la transformación social brasileña y ex presidente entre 2003 y 2010. No pudo Dilma recomponer los apoyos en el congreso ni reforzar a tiempo el poder social del PT. La salida del PMDB de la coalición de gobierno y su paso a la oposición marcaron hace tiempo el final de este proceso.

De todas formas y para el desenlace de esta semana, ha sido imprescindible el nuevo contexto político  regional. El mismo que está marcando un claro cambio de rumbo en América Latina en relación a su giro a la derecha, a su mirada al pacífico y a la pérdida de unidad regional. La crisis del Mercosur, el estado terminal de Venezuela, la derrota electoral de Bolivia, y los cambios electorales de Argentina y Perú, son parte de un contexto que  acordonó al principal país del continente que hace cuatro años hubiese tenido un apoyo político regional masivo, muy útil para calmar escenarios destituyentes.

La destitución legal, pero no legítima, de la presidenta brasileña constituye una herida de muerte para los gobiernos populares de la primera década del siglo XXI. Pero la crisis en Brasil no ha terminado, recién empieza, y el continente no duerme.