Los dirigentes de ultraderecha que llegan al gobierno o alcanzan otros espacios de poder influyentes aunque no necesariamente los más altos del Estado, siempre lo hacen con un apoyo considerable, y eventualmente mayoritario, en sus respectivas sociedades. No hay política sin sociedad. Las disputas de poder, y específicamente de poder político -que no es, en absoluto, la única forma del poder- tienen lugar dentro de ciertos y determinados contextos sociales.

La irrupción del coronavirus en el mundo ocurrió cuando, para tomar los ejemplos más evidentes, Donald Trump es presidente de Estados Unidos (EU), Jair Bolsonaro lo es de Brasil, y en Bolivia meses atrás asaltó el Estado una dictadura racista con fuerte consenso civil. 

Representantes todos de la extrema derecha, su accionar peligroso para los pueblos -más en el caso de Trump, por el poderío de todo tipo que maneja como jefe de la máxima híper-potencia mundial- cuenta con ciertas bases sociales que los respaldan.

El fenómeno no es nuevo. Los historiadores pueden narrar infinitos antecedentes en distintas etapas de la humanidad. Solo observando el siglo XX, los ascensos de los más mortíferos dictadores genocidas como Adolf Hitler y Benito Mussolini fueron posibles por el apoyo masivo de una parte muy grande de sus respectivas sociedades.

Lo mismo ocurrió con las dictaduras suramericanas, empezando por las que asolaron Argentina. La última de ellas, el régimen genocida 1976/1983, mantuvo hasta la guerra de Malvinas (abril/junio de 1982) una apoyatura social difícil de cuantificar pero considerable. 

En 1955, el derrocamiento de Juan Perón estuvo precedido por el bombardeo con aviones militares sobre plaza de Mayo, llena de gente en un día cualquiera, el 16 de junio de ese año. Ocultada del debate público y de la memoria colectiva prácticamente hasta la época del kirchnerismo, esa matanza de población civil a cielo abierto costó la vida de más de 300 personas, según distintas investigaciones que pudieron realizarse muchos años después. 

(El libro “Bombardeo. 16 de junio de 1955”, editado por organismos oficiales durante el gobierno de Cristina Kirchner, comprobó la identidad de 309 víctimas mortales. El texto es resultado de una monumental investigación realizada por el Archivo Nacional de la Memoria, y publicado por la secretaría de Derechos Humanos dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Primera edición en 2010, segunda edición revisada en 2015. La versión digital de la obra puede leerse y guardarse libremente. Acceso el libro completo). 

Esa vez los criminales no consiguieron destituir ni asesinar al presidente constitucional y líder popular, pero tres meses después echaron al gobierno e instalaron la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Perón debió exiliarse durante casi 18 años y el peronismo fue prohibido (“proscripto”) como fuerza política. Todo eso fue respaldado por una parte enorme de la población argentina, especialmente de sus clases medias y altas.

Otro ejemplo resonante es el abrumador apoyo social a la dictadura genocida de Augusto Pinochet en Chile, que asaltó el poder luego de bombardear la casa de gobierno (Palacio La Moneda) y provocar el suicidio, como último acto de resistencia y heroísmo, del presidente constitucional y líder popular Salvador Allende. 

Extremismo y coronavirus

Hoy las extremas derechas violentas no necesariamente gobiernan mediante regímenes dictatoriales pero también lo hacen. Hace apenas seis meses, el 10 de noviembre del año pasado, derrocaron al proceso democrático, popular, indigenista y nacionalista liderado por Evo Morales, y lo reemplazaron por una dictadura cívico-policial-militar.

De todos modos, si las condiciones lo permiten, los extremistas pueden ganar elecciones. Trump llegó al poder tras una votación, lo cual no significa automáticamente que pueda considerarse “democrático”, si se tiene en cuenta que el elitista sistema electoral de EU le permitió ganar teniendo menos votos pero mayor cantidad de representantes en el colegio electoral. Lo mismo había ocurrido en 2000 cuando llegó a la presidencia George Bush-hijo. 

(A fines de 2016, después de que ese sistema favoreciera a Trump, el tema fue analizado en un artículo del diario The New York Times. Nota del 10/11/16, edición en castellano). 

Bolsonaro consiguió una mayoría de votos como culminación de un proceso fraudulento y antidemocrático, cuyo primer paso fue el desgaste y posterior destitución de la presidenta Dilma Rousseff por parte de una estructura corporativa integrada por las maquinarias mediáticas, el aparato judicial y el parlamento, y se completó con un simulacro judicial para encarcelar y proscribir a Lula Da Silva.

Las consecuencias para sus propios pueblos de esos procesos de corrupción política tienen una traducción trágica y aterradora en la actual pandemia. Con presidentes negacionistas del Covid-19 e ideológicamente de ultraderecha, Estados Unidos es el país con más contagios y más personas muertas en el mundo, y Brasil lo es en Suramérica. 

En Bolivia, país que como tantos otros está ajeno a la agenda informativa de la comunicación hegemónica -excepto cuando las maquinarias mediáticas se movían para desgastar a Evo-, la propagación del virus se oculta pero funcionarios oficiales ya admiten que pronto empezarán “a duplicarse” los casos (Información de Infobae, nota del 09/05/29).  Jeannine Áñez, la jerarca civil de la dictadura, es otra extremista religiosa igual que Bolsonaro -aunque ella católica y él evangélico- y contraria al conocimiento científico.  

Desafío para nuestro futuro

Imaginar qué distinto pudo haber sido si al frente de esos gobiernos hubiesen estado dirigentes al menos pacíficos, sensibles y lúcidos -aún de derecha, como ocurre en Alemania con Angela Merkel-, puede constituir un legítimo ejercicio del libre pensamiento y de la lucubración intelectual. Pero hacerlo es inútil, ante la atroz realidad actual de gobernantes criminales que por acción y omisión están agravando en sus países las catástrofes humanitarias provocadas por el virus.

Lo que quizás, eventualmente, pueda tener un cierto valor a futuro, es reflexionar sobre fenómenos que ocurren aquí mismo, en Argentina, que están lejos de semejantes niveles de criminalidad pero que tienen parentesco ideológico. La dirigencia democrática nacional y el conjunto de la sociedad civil se encuentran ante el desafío de garantizar que el país continúe liberado de la ultraderecha violenta. 

Aquí ya no manda el régimen encabezado por Mauricio Macri que, con un origen electoral aceptado como legítimo, tuvo múltiples similitudes y alianzas con Trump, Bolsonaro y el golpismo boliviano, incluido el apoyo a las maniobras propagandísticas y diplomáticas de EU para atacar a Venezuela mediante bombardeo aéreo o invasión terrestre desde Colombia.

En estos exactos días Trump redobla sus amenazas de guerra en territorio venezolano, como forma de huir políticamente de la devastación que provoca en EU la mortífera combinación entre las características del virus y el criminal negacionismo de él mismo, el presidente. 

Atacar un país soberano mientras una pandemia arrasa en el país que él gobierna. Hasta esos extremos avanza el delirio imperial asesino de quien dirige la potencia más poderosa del mundo.

En Argentina, la derecha aliada a Trump, Bolsonaro y el golpismo boliviano fue desalojada del gobierno pero conserva enormes espacios de poder. Debido a tal situación, las cadenas mediáticas que reproducen a esa corriente ideológica y a los intereses en ella representados, mantienen una capacidad destructiva intacta. 

En las últimas semanas, tanto a través del sistema de medios tradicionales como de las redes digitales, están atacando al gobierno y al conjunto de la población que con enormes sacrificios llevan/llevamos adelante colectivamente la “epopeya” (así la definió el presidente Fernández el pasado viernes) de la cuarentena para enfrentar la pandemia.

En EU, alentada por Trump, la ultraderecha negacionista del coronavirus realiza manifestaciones de las cuales forman parte extremistas armados. En muchos estados norteamericanos la portación de armas es legal, siempre que se las exhiba y no se intente ocultarlas a la autoridad pública. Más allá del aspecto jurídico, la sola presencia de esos sujetos es demostrativa de una sociedad profundamente violenta y reveladora de una fuente del consenso hacia su actual presidente. 

(El 30 de abril reciente esos grupos coparon la sede del Poder Legislativo del estado de Michigan, mientras los parlamentarios debatían la prolongación del confinamiento social. Información del diario El País de España, nota del 01/05/20). 

De forma similar, aunque sin portación de armas (no al menos de forma masiva y visible, aunque puedan haber sujetos armados en una manifestación) Bolsonaro realiza habitualmente apariciones públicas donde miles de personas lo respaldan políticamente y exaltan sus creencias -basadas en el fanatismo religioso- negacionistas del Covid-19, con su implícita consecuencia de una cotidiana masacre social de enfermos y muertos.

Con las defensas democráticas altas

En Argentina, la ultraderecha se manifiesta mediante figuras mediáticas, dirigentes políticos, economistas que hacen propaganda del capitalismo salvaje extremo, etc., y además mediante el accionar en las redes digitales de expertos en manipulación de la opinión pública para promover el odio y fomentar la sedición política.

Últimamente impulsan cacerolazos con cualquier excusa y con resultado variable. Cuando lo hicieron luego de convencer a amplios contingentes sociales de que el gobierno nacional y el kirchnerismo estaban ejecutando un plan para dejar libres a delincuentes de máxima peligrosidad, tuvieron una fortísima adhesión en barrios de clases medias y altas de Buenos Aires y de otras grandes ciudades. 

En cambio, cuando la semana pasada convocaron a manifestarse “contra el comunismo” fracasaron rotundamente. Realizan movimientos de prueba y error, y hasta el momento sus efectos políticos son de mediana o baja intensidad. Pero su peligrosidad potencial no debe ser subestimada.

Lo trascendente para el futuro de la paz y la convivencia democrática en nuestra Patria es lograr que esa ultraderecha por ahora inorgánica, sin un nivel de organización sólido y con una representatividad social acotada y restringida, no consiga con el tiempo un volumen político que la haga más fuerte y por lo tanto más peligrosa. 

Esta Nación ha demostrado en las últimas décadas que tiene las defensas democráticas altas. Por ejemplo, fue una de las pocas en el mundo que juzgó y condenó -al menos parcialmente pero con una fuerza política e histórica trascendente- a los máximos jerarcas y muchos otros criminales de una dictadura genocida. 

Además, constituye un caso probablemente único a nivel mundial que estableció una fecha conmemorativa (el 24 de marzo), con fuerte arraigo social e institucionalizada por el Estado, para repudiar a esa misma dictadura y exaltar el respeto a los derechos humanos, la democracia, la paz y las luchas populares.

También es, hasta el momento, el único país de Suramérica en el cual mediante un pronunciamiento electoral fue desalojado del gobierno -aunque perdura a través de los poderes de facto- el régimen de derecha planeado, como sus similares de todo el continente, para desmontar los logros y conquistas del proceso popular y soberanista anterior (2003-2015).

Cuenta asimismo con una sociedad civil activa y participativa; referentes de derechos humanos respetados socialmente y vanguardia de luchas históricas en dictadura y en democracia; una organización sindical potente; movimientos sociales arraigados en las clases y barrios populares; y organizaciones feministas y de la diversidad sexual vigorosas, y profundamente legitimadas en las generaciones de jóvenes y adolescentes.

Son todos antecedentes favorables. El futuro dirá si a partir de ello pudo lograrse la fuerza  suficiente para que Argentina se mantenga libre de cualquier expresión local equivalente a esa ultraderecha violenta que actualmente hace estragos en Estados Unidos, Brasil, Bolivia y otros países del mundo.