En poco más de una semana, asumirá el gobierno que encabezará Alberto Fernández como presidente. Y en esta ocasión, por primera vez en la historia nacional, con la particularidad del enorme volumen político que tiene la persona que estará a cargo de la vicepresidencia de la Nación: Cristina Fernández de Kirchner es la figura más relevante del país desde hace casi una década, después de la muerte de su esposo y compañero en la vida privada y pública, Néstor Kirchner.

Con el respaldo ciudadano mayoritario a las listas que ambos encabezaron como principales candidatos del Frente de Todos, Argentina le puso un freno a la oleada de gobiernos derechistas en la región. Y sin saberlo, lo hizo en un momento en que el país quedará -nadie sabe hasta cuándo- como el único del sur continental que escapará a la matriz de las derechas gobernantes, con excepción de la asediada Venezuela.

La hazaña democrática de una mayoría de ciudadanas y ciudadanos argentinos, concretada en las primarias del pasado 11 de agosto y luego en la elección general del 27 de octubre, en principio significó un freno al proceso de devastación que nuestra Patria viene sufriendo desde hace cuatro años. Resultado de ello, dentro de unos días comenzará un nuevo ciclo político en el país.

Pero como han explicado grandes pensadores a lo largo de la historia moderna, las sociedades humanas en general, y en particular las disputas en dichas sociedades por el reparto del poder y del conjunto de los bienes materiales y simbólicos, se rigen por principios dialécticos -interacción de los opuestos-, lo cual puede ser asimilado al principio físico de acción y reacción (dicho esto lejos de las afirmaciones científicas, y solo como una apreciación de sentido común a los fines de ser explicativo). 

En consecuencia, en la etapa que se abrirá en Argentina este 10 de diciembre, el nuevo gobierno y los sectores de la población que lo respaldan estarán -estaremos- sometidos a la respuesta de los factores de poder locales e internacionales que dominaron al país en los cuatro años del régimen de derecha encabezado por Mauricio Macri, y que se beneficiaron con su accionar.

Esa respuesta será el sabotaje. No será nuevo pero será renovado. No empezará con el recambio gubernamental pero cobrará formas actualizadas. Utilizará métodos y personajes conocidos, que al mismo tiempo se complementarán acciones y ejecutores novedosos, difícil o imposible de prever y saber con anticipación.

Poderes económicos y mediáticos

Respecto de lo que sí es previsible, las reacciones inmediatas provendrán de los poderes económicos. Un caso concreto de resistencia a medidas que deberá tomar necesariamente el próximo gobierno para reconstruir el aparato productivo y devolver capacidad de consumo a los sectores populares, es la oposición de las corporaciones empresariales a la des-dolarización de las tarifas.

El macrismo perpetró una de sus más alevosas ofensivas contra el patrimonio de las familias y contra los costos para el desarrollo productivo, a través de tarifas de servicios esenciales y de precios de combustibles regidos por el valor del dólar. O dicho al revés, regidos por la constante pérdida de valor del peso argentino respecto de las monedas de referencia en el mercado internacional.

Un país que no “fabrica” dólares -su volumen económico y su sistema legal solo permiten emitir moneda en su propio signo, es decir el peso- por imposición del régimen gobernante obliga a que su población y sus actividades de producción paguen costos dolarizados. Las personas particulares y las familias deben hacerlo para subsistir en el hogar y para desplazarse con medios de movilidad abastecidos con combustibles, y las empresas, tanto privadas como públicas, del sector pyme, cooperativas, micro-emprendimientos etc., para afrontar sus costos de funcionamiento.

Salir de esa aberración tendrá respuesta inmediata de quienes hasta ahora han sido beneficiarios. El Estado democrático, en un sentido ideal, tiene que actuar como defensor de los intereses generales de la sociedad por encima de los intereses particulares. Será una tarea ciclópea para el nuevo gobierno.

Ejemplo concreto donde el interés público debe prevalecer sobre la rentabilidad de las corporaciones capitalistas, es la explotación hidrocarburífera en la formación geológica Vaca Muerta, situada en la provincia de Neuquén, tema del cual viene informando de manera destacada. Pero “Alberto Fernández asumirá con una industria petrolera paralizada y en pleno conflicto laboral, con las empresas tratando de marcar la cancha”, tal como publicó la sección Energía de este portal de noticias el pasado viernes. (Nota del 29/11/19). 

Otra fuente de poder con aptitud y arsenales de todo tipo para sabotear al proceso político pronto a comenzar son los acreedores de la deuda soberana, la mitad de ella (dicho como una cuantificación no rigurosa sino solo orientativa) fue contraída en los últimos cuatro años por el gobierno que saqueó a la Nación. 

La renegociación de un endeudamiento impagable, que será la más pesada herencia económica -dentro de muchas otras- que dejará la gestión de Macri, es el primero, más urgente y más difícil desafío de las nuevas autoridades.

A su vez, la adversidad sin límites de las maquinarias comunicacionales dominantes es propio de las situaciones donde el gobierno de un país queda a cargo de alternativas políticas que se proponen representar los intereses generales de la sociedad. En el caso argentino actual, el sabotaje ya está en marcha.

(Un par de análisis periodísticos recientes eximen de abundar en puntualizaciones. El columnista de Gerardo Bilardo abordó el tema hace pocos días en un artículo titulado “Los medios taladran como un pájaro carpintero a la fórmula presidencial”. Nota del 24/11/19. De forma similar, el periodista, locutor y analista político Eduardo Aliverti lo hizo a través de su editorial “Así atacan los medios a Alberto Fernández”, publicado en Página 12. (Nota del 25/11/19). 

Submundo de los servicios secretos

Un ámbito más desde el cual provendrán las acciones desestabilizadoras será el submundo clandestino de las mafias de los servicios secretos. Por la propia naturaliza de la actividad, el presidente electo no ha adelantado las medidas que adoptará. Trascendió que serán decisiones drásticas.

Esas estructuras, ocultadas a la visibilidad pública, son en todos los países del mundo un factor de poder que -según cada circunstancia- puede tornarse peligroso para el conjunto de la sociedad. Argentina tiene un antecedente reciente en términos históricos.

Cuando estaba ingresando en su último año de mandato, Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia (SI) -cuya denominación durante décadas, incluida la etapa del terrorismo de Estado bajo la dictadura, había sido Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)-, y la reemplazó por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Al poco tiempo apareció la delirante y canallesca acusación del titular de la Fiscalía Especial para investigar el ataque terrorista contra la AMIA, Alberto Nisman, contra la propia presidenta de la Nación, funcionarios de su gobierno y otros dirigentes kirchneristas.

Días después Nisman murió. Las evidencias de que fue un suicidio se acumularon de forma abrumadora en los expedientes judiciales y en investigaciones periodísticas rigurosas. Como ejemplos de estas últimas, vale mencionar los centenares de notas escritas sobre el tema desde 2015 hasta hoy por el periodista Raúl Kollmann en Página 12, y el año pasado el revelador libro de Pablo Duggan “¿Quién mató a Nisman?”.

A pesar de ello, el aparato de propaganda subliminal y acción psicológica sobre la opinión pública -a través de cadenas mediáticas encabezadas por el canal TN del cártel Clarín, que funcionan las 24 horas de todos los días de la vida-, convenció a gran parte de la sociedad de que el fiscal había sido asesinado, e instaló la creencia de que lo había matado el propio gobierno. Lo cual a su vez fue tomado por los sectores ultra-antikirchneristas de la población como una verdad revelada.

Imposible saber si esta vez ocurrirá algo semejante, y el deseo unánime es que no sea así. Pero desmontar las estructuras de espionaje ilegal y acciones delictivas clandestinas que se esconden en los llamados “servicios de inteligencia”, es una tarea indispensable para el saneamiento cívico y moral de la sociedad y del Estado, y que conlleva riesgos.

Y esto último vale para el conjunto de los intereses contrarios al desarrollo democrático de la sociedad y a los derechos populares. Ya fuere desde los conglomerados económicos, los factores de poder extranjeros, las maquinarias mediáticas corporativas o el submundo de los servicios secretos -como parte de un listado que es mucho más extenso y del cual estos son solo algunos ejemplos-, cualquier poder público que se proponga defender el interés general encontrará resistencia, rechazo y obstáculos de todo tipo.

Al llegar Alberto Fernández y Cristina Kirchner al gobierno de la Nación, el sabotaje de los poderes de facto será parte de la nueva etapa.