El trabajo de la Convención Constitucional en Chile comenzó con un hecho revolucionario en términos simbólicos que consistió en designar a una mujer mapuche como presidenta del órgano elegido para redactar la nueva Constitución. Sin embargo el proceso de elaboración del nuevo texto se avizora largo y difícil, porque los sectores más combativos aspiran a discutir el rol de poderes institucionales e intereses privados que pondrán en juego todas sus fuerzas para no perder privilegios.

Entre los temas a debatir se encuentran el papel del Estado frente a los intereses del capital y los mercados; el régimen de gobierno que en general es considerado excesivamente “presidencialista”; el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios, donde habrá planteos en contra porque definiciones de ese tipo afectarían a la “propiedad privada”; y la protección del ambiente natural y el “derecho del agua”, asunto que chocará contra actividades económicas basadas en el “extractivismo”.

Otro aspecto donde se esperan las mayores resistencias a los cambios se encuentran en el sistema judicial, particularmente en el llamado “Tribunal Constitucional”, criticado por funcionar como un poder “contra-mayoritario” que ha impedido llevar a los hechos distintas normas en favor del interés general de la población.

Simultáneamente, Chile se encuentra inmerso en una etapa de campañas y elecciones que abarcarán todo el año. Dentro de poco, el domingo 18 de este mes se realizarán las primarias, y de allí surgirán los candidatos presidenciales que competirán el 21 de noviembre.

También tienen continuidad, aunque no se realizan diariamente no tienen siempre la misma convocatoria, manifestaciones populares que tienen sus antecedentes en la rebelión generalizada surgida el 18 de octubre de 2019. En aquellos sucesos está el origen del proceso político y social que vive el país.

Cuando los constituyentes se reunieron por primera vez para elegir autoridades, el pasado domingo, efectivos de Carabineros -policía militarizada- reprimió a grandes grupos de personas que se movilizaron por calles de Santiago para reclamar la libertad de los presos políticos “de la revuelta”, como se denomina popularmente a los acontecimientos iniciados hace un año y medio.

La presidenta de la Convención

La primera decisión institucional de trascendencia que produjo la Convención Constitucional fue elegir como presidenta del cuerpo a Elisa Loncón Antileo, integrante de la comunidad mapuche. Para medir la magnitud del hecho, debe recordarse que la actual Constitución, impuesta en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet, no reconoce a los pueblos originarios.

En el órgano constituyente las representaciones indígenas alcanzan un total de 17 bancas: siete para el pueblo mapuche, dos para el aimara y una para cada uno de los otros pueblos indígenas: kakésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Loncón Antileo, de 58 años, nació en Traiguén, región de La Araucanía, en el sur del país. Vivió su infancia en la comunidad Lefweluan, donde aún está radicada gran parte de su familia. Estudió como profesora de inglés en la Universidad de La Frontera, situada en la misma región sureña.

Posteriormente realizó estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya (Países Bajos, antes llamada Holanda) y en la Universidad de Regina, en Canadá. Asimismo, se graduó con un doctorado en Humanidades por la Universidad de Leiden (también en Países Bajos) y más tarde logró un doctorado en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En su primer discurso tras ser elegida, dijo que “estamos instalando una manera de ser plurales, democráticos, participativos. Esta Convención que ahora me toca presidir transformará al país en un Chile plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, que cuide a la madre tierra, que también limpie las aguas”.

“Estamos muy felices por la fuerza que nos dan”, continuó la recién elegida titular del órgano constituyente. “Pero esta fuerza es para el pueblo de Chile. Para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Y este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, y para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación”.

Aseguró que “todos juntos vamos a refundar Chile. Tenemos que ampliar la democracia y la participación, que este proceso se transparente y nos puedan ver hasta el último rincón de nuestros pueblos y en nuestras lenguas originarias, que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado Nación chileno”, afirmó Elisa Loncón al asumir como presidenta de la Convención. 

Estado, derechos, economía

En cuanto al temario que abordará al cuerpo constituyente, y que se anticipa controversial y de grandes disputas, uno de los asuntos claves serán las definiciones del futuro texto constitucional sobre el rol del Estado como garante de derechos y actor de los procesos económicos.

Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que “con la pandemia se ha agudizado la demanda sobre el papel del Estado en la provisión de protección social, de bienestar. (En la Convención) va a haber una discusión muy fuerte con respecto de los derechos económicos y sociales, y en cuanto al rol estatal en la provisión de los servicios públicos”, precisó.

En las protestas que estallaron desde fines de 2019, los temas más relevantes estaban ligados al alto costo de la educación, que es su casi totalidad es privada y obligadamente paga, y asimismo a las dificultades para acceder a los servicios de salud.

Pueblos originarios y Estado Plurinacional

Un asunto determinante del futuro del país es la definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre la posible creación de un “Estado Plurinacional”. El doctor en ciencia política Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica de Chile, anticipó que “este es un tema que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica”.

Agregó que “obviamente es complicado porque toca derechos de propiedad, pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes” como antecedentes sobre ese tipo de conflictos, consideró Luna.

Las comunidades originarias plantean la necesidad de crear un Estado Plurinacional en el cual se acepten su autonomía y sus derechos, con garantías en términos territoriales y reconocimientos a sus culturas y sus lenguas, entre otros temas.

Gobierno y sistema judicial

El proceso constituyente revisará igualmente el régimen de gobierno, muy criticado por su carácter “hiper-presidencialista”. Opiniones coincidentes apuntan que de allí se deriva una “rigidez institucional” que ha sido causante de crisis políticas. Proponen en cambio un “semi-presidencialismo” que podría incluir la creación de la figura de un primer ministro y mayores poderes para el Congreso.

Igualmente, la Convención deberá tomar definiciones sobre el sistema judicial. Se esperan grandes fricciones con sectores establecidos del régimen vigente, en particular respecto del Tribunal Constitucional (TC), que tiene como misión controlar precisamente la “constitucionalidad” de las leyes.

En los últimos años este órgano ha sido muy cuestionados por beneficiar a las minorías privilegiadas, al convertirse en una “tercera cámara” que impidió llevar a la práctica leyes votadas por el Congreso bicameral (Diputados y Senadores).

Según Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, existe “un acuerdo” entre los constituyentes para “restringirle los poderes” al TC, pero la izquierda propone directamente “eliminarlo y pasarle sus atribuciones a la Corte Suprema”.

Explicó que de cierta forma el Tribunal Constitucional le otorga más poderes al presidente, porque este puede enviarle leyes sancionadas por el Parlamente para que las revisa y eventualmente las anule. “Además de que el presidente posee mucho poder, tiene la posibilidad de recurrir a un tribunal que, finalmente, es un órgano contra-mayoritario”, señaló Fuentes.

Plebiscito “de salida”

Los aspectos clave del debate por la futura Constitución tendrán que analizarse y resolverse en un plazo de nueve meses, con opción a una prórroga por tres meses más, con lo cual se estima que muy probablemente el órgano constituyente funcionará durante un año completo.

Sin embargo, el texto aprobado por la Convención todavía tendrá que pasar por otro momento político crucial: el llamado “plebiscito de salida”. Denominado así porque será al paso último para concluir el proceso de reforma, aún no tiene fecha fijada pero sería dentro de 2022.

Dicho plebiscito se convertirá en otra instancia de grandes disputas entre quienes aspiran a una transformación profunda de la Constitución y, en última instancia, del Estado y la sociedad en Chile, frente a los sectores que resistirán desde sus propias posiciones de poder.