Las valoraciones acerca de la legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que implanta el régimen de “extinción de dominio”, son ampliamente desfavorables para el oficialismo. La norma fue calificada de “inconstitucional” por dirigentes políticos, pero también recibió críticas jurídicas de abogados que tienen pública afinidad con el gobierno, como Ricardo Monner Sans, Andrés Gil Domínguez y Gregorio Badeni.

Desde la oposición parlamentaria, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, la decisión tomada por el presidente Mauricio Macri “no sirve para castigar la corrupción”, y además es “inconstitucional”.

El legislador y precandidato presidencial kirchnerista dijo por Twitter que la decisión adoptada demuestra un “nulo respeto” del jefe del Estado hacia el Congreso, porque cuando este “no acuerda” con el Poder Ejecutivo “Macri apela al DNU”, y eso es un acto de “autoritarismo extremo”, afirmó Rossi.

El senador Miguel Pichetto, presidente del Bloque Justicialista y que habitualmente tiene amplios acuerdos parlamentarios con el gobierno, cuestionó que la extinción de dominio haya salido por decreto.

Sostuvo que “atento a la importancia de la ley, habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se trate en Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario”. Además, “el Senado había sancionado una buena ley”, dijo Pichetto en relación con la propuesta legislativa presentada en 2016 y que no logró aprobación de las dos Cámaras porque cada una se inclinó por un texto distinto.

Abogados

Para el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, “el decreto que emitió el Poder Ejecutivo tiene fuerte presunción de inconstitucionalidad”, y constituye “un claro avance” de ese poder del Estado “por sobre facultades” del Legislativo.

“En primer lugar es inviable porque no se advierten necesidad ni urgencia”, dijo el especialista, y además “el Ejecutivo bien podría convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para que se trate el proyecto que está en Diputados”.

“La finalidad (del DNU) es muy loable”, pero el proceder adoptado demuestra que “o bien el gobierno está mal asesorado, o no está interesado en ajustarse a las normas del Estado de Derecho”, disparó Badeni.

Otro abogado que es fuerte opositor al kirchnerismo, Ricardo Monner Sans, planteó que aunque la extinción de dominio se tramite en el fuero civil, eso no elimina el origina penal de los delitos investigados.

Siguiendo su explicación, recordó que la Constitución Nacional dice que un decreto de necesidad y urgencia “podría dictarse solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de una ley”, y siempre que “no se trate de normas que regulen asuntos en materia penal”.

Félix Loñ, abogado constitucionalista, cuestionó también que el Poder Ejecutivo haya resuelto una normativa de tipo penal mediante un decreto presidencial. “No entiendo el apresuramiento cuando faltan pocos días para las sesiones extraordinarias”, criticó el estudioso de temas jurídicos.

Otro de los abogados más conocidos por sus posiciones afines a Cambiemos y muy contrario al gobierno anterior, Andrés Gil Domínguez, planteó sus objeciones al régimen legal plasmado en el DNU.

Consideró que la extinción de dominio “se puede promover contra una persona aunque no siquiera se encuentre imputada en una causa penal”, y para ello “solo basta que se dicte una medida cautelar sobre un bien en un proceso judicial”.