Mientras ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto de Mauricio Macri que implementa la llamada “extinción de dominio” para quitarle los bienes a quienes los hubieren obtenido ilícitamente, el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, alertó que “se viene un show mediático” y tanto ella como “medios de comunicación con procesos judiciales” sufrirían la incautación de sus propiedades.

Si bien el especialista en derecho penal no hizo nombres, la referencia a los medios incluye de forma implícita al canal de noticias C5N, que mantiene una línea editorial crítica hacia el gobierno nacional, y cuyos dueños están presos mientras se tramita la investigación de expedientes judiciales por deudas impositivas.

El gobierno nacional recuperó con este tema la ofensiva electoral. Varios de sus integrantes realizan continuas apariciones televisivas y radiales para procurar la mayor legitimación social a su gestión, y por el contrario mostrar al kirchnerismo como sinónimo de “la corrupción”.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dejó en claro que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente “ya está vigente”, pero dejó abierta la posibilidad de que su contenido se sancione por ley si hubiera una mayoría parlamentaria que apoya la posición del gobierno.

El texto publicado ayer establece el “régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”, que es un procedimiento autónomo e independientes de cualquier otro proceso judicial. Las actuaciones estarán a cargo de una “Procuraduría” creada al efecto.

La extinción se aplicará a los delitos de fraude a la administración pública, cohecho y malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

También incluye al producido económico de delitos tales como contrabando de estupefacientes, precursores químicos y armas, así como corrupción de menores, proxenetismo, distribución de pornografía infantil, trata de personas y secuestros extorsivos.

Si al final del proceso penal el demandado -a quien le extinguieron el dominio sobre sus bienes- es sobreseído o absuelto, el Estado debe restituirle el bien, o entregarlo un valor equivalente en dinero.

El decreto fue calificado de “inconstitucional” no solo por referentes del kirchnerismo y de otros sectores peronistas, sino por distintos abogados expertos en derecho constitucional, incluidos varios que tienen afinidad política con el macrismo. (Ver nota aparte).

“Autoritarismo” y “show mediático”

Para Beraldi, el defensor de Cristina Kirchner, “el DNU por extinción de dominio es la maniobra preparatoria para hacer un show mediático de incautación de bienes”, y es “otra muestra más del autoritarismo” del gobierno de Macri.

No obstante, se mostró esperanzado en que la intentona oficialista no encontrará respaldo en el sistema judicial. “Creo que ningún juez va a aplicar este DNU”, dijo el especialista en derecho penal.

Pero al mismo tiempo reiteró que “no hay dudas de que se vienen actos mediáticos”, y que “van a quitarle los bienes no solo a la ex presidenta de la Nación, sino también a los medios de comunicación con procesos judiciales”.

Consultado por la valoración que hace la actual senadora nacional, el abogado manifestó que “Cristina Kirchner está firme y con fuerza para enfrentar su defensa”, y se mostró confiado en que “durante esta etapa (de las actuaciones judiciales) o en otra, se van a esclarecer los hechos”.

Por otra parte, criticó el rol que está teniendo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en la implementación de la ofensiva gubernamental contra la oposición. “Si para Garavano, cuyo papel es lamentable, el DNU es opinable, lo invito a debatirlo en la Facultad de Derecho”, desafió Beraldi.

Ministros

Rogelio Frigerio, ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, dijo que el tema podría tratarse en sesiones extraordinarias de las Cámaras parlamentarias, aunque “todavía no está definido”.

“Independientemente de eso, y como planteamos al principio”, dijo el integrante del gabinete, “si existe un consenso ahora en el Congrso respecto a tratar este tema y definir por ley la posibilidad de tener esta herramiento para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece que es factible, y es una decisión en última instancia del propio Congreso”.

Después aclaró que “a partir de la decisión del presidente de la sanción del DNU, Argentina cuenta con esa herramienta y está vigente”. Pero si el Parlamento “quiere complementarla con una discusión en ese ámbito, bienvenido sea”, dijo Frigerio.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó las críticas al decreto presidencial y sostuvo que “es constitucional”. Trascartón, advirtió a los legisladores que pudieran votar en contra en el caso de que el tema se trate finalmente en el Congreso.

“Vamos a ver cuántos diputados y senadores son capaces de voltear una ley de este tipo, que realmente le devuelve a la sociedad y al Estado todo lo que mediante delitos aberrantes y terribles le han sacado a la gente”, dijo Bullrich.

Germán Garavano, el titular del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defendió el DNU con el argumento de que “es un tema que se discutió mucho y nunca se logró avanzar”, por lo cual su vigencia “era una prioridad del gobierno en la lucha contra las mafias y la corrupción”.