La conducción del Parlamento del Mercosur (Parlasur) emitió una declaración oficial donde expresa su “acompañamiento a las decisiones” del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que solicitó la “inmediata liberación” de Milagro Sala, dirigente social argentina y además integrante de ese órgano delibertativo internacional en representación de nuestro país.

Dicha declaración fue firmada por la mesa directiva del Parlasur, que encabeza el argentino Jorge Taiana en carácter de presidente y la cual también integran, como vicepresidentes, representantes de cada uno de los Estados que forman parte del organismo mercosureño.

Estos últimos son Arlindo Chinaglia, por Brasil; Tomás Bittar, por Paraguay; Daniel Caggiani, por Uruguay; y Luis Emilio Rondón, por Venezuela, quienes junto con Taiana suscribieron el pronunciamiento que consta de dos artículos.

El primero de ellos señala, en su parte inicial, que la declaración tiene lugar “atento al seguimiento que la mesa directiva del Parlamento del Mercosur respecto de la situación de la parlamentaria electa Milagro Amalia Angela Sala”.

La mención a su condición de “electa” se debe a que la líder de la organización Tupac Amaru, que llegó a ese cargo como parte de la lista de candidatos del Frente para la Victoria, no pudo asumir el pasado mes de febrero como lo hicieron el resto de los diputados elegidos, porque el 16 de enero fue apresada en Jujuy mediante procedimientos judiciales y policiales dispuestos de forma ilegal por el gobernador Gerardo Morales, de origen radical y miembro de la alianza Cambiemos.

El texto se completa, en su artículo primero, informando que la mencionada mesa directiva “toma nota de las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas” en el documento oficial referido al caso de Sala, “y expresa su acompañamiento a las mismas”.

Finalmente, el artículo segundo puntualiza que la declaración debe ser formalmente comunicada “a las autoridades de la República Argentina, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.

El encarcelamiento de Milagro Sala, a pesar de la férrea voluntad política demostrada por el gobernador Morales para mantenerla en prisión y del respaldo que el mandatario jujeño tiene por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, va en camino de convertirse en un serio problema de carácter internacional para el gobierno argentino

Los recursos legales planteados por organizaciones de la sociedad civil argentina, incluidos las de derechos humanos, han obtenido aval de organismos de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, y ahora también del Parlamento del Mercosur, que consideran a la prisión de la dirigente como un acto de “privación ilegal de la libertad”, violatorio del debido proceso y de la defensa en juicio, que Argentina debe garantizar por sus propia Constitución y sus leyes, y también por tratados internacionales.