Una intensa actividad pública se viene realizando en los últimos días para pedir por la libertad de Milagro Sala. La detenida mantuvo diálogos mediante plataformas digitales y algunos medios de comunicación con mujeres que le expresaron su solidaridad, y la organización Tupac Amaru se apresta a instalar carpas en Plaza de Mayo. El reclamo cobró mayor visibilidad debido a que este jueves se cumplen 2000 días desde que la referente política y social jujeña fue apresada bajo pretextos judiciales.

El 16 de enero de 2016, Sala se convirtió en la primera presa política dentro la etapa que institucionalmente había comenzado un mes antes, el 10 de diciembre de 2015, cuando el dirigente radical Gerardo Morales se hizo cargo de la gobernación de Jujuy tras haber ganado las elecciones como integrante de la alianza Cambiemos que también llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación.

Apenas llegó al cargo, el mandatario provincial manipuló la cúpula del Poder Judicial para ponerlo bajo su control político. La excusa que tanto jueces y fiscales como el propio gobierno jujeño pusieron inicialmente para privar de su libertad a la dirigente, fue un acampe de protesta realizado en la plaza Belgrano de la capital provincial por la organización Tupac Amaru, de la cual Sala fue fundadora y es líder.

Debido a la reacción en contra que suscitó el apresamiento de Milagro, en los días posteriores el gobierno provincial intensificó su política de persecución y en ese marco fueron detenidos decenas de militantes de la Tupac Amaru. Varios de ellos fueron liberados pero otros, fundamentalmente mujeres que integran la organización, continúan como presas políticas igual que su principal referente.

Más allá de la acusación inicial de “instigación a la violencia” por realizar un acampe, con el paso del tiempo el dispositivo político-judicial de Jujuy, avalado por el gobierno nacional de Macri y también, implícitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, promovieron un total de 15 causas judiciales contra la detenida.

Diputados radicales en el Superior Tribunal

Una de las claves para mantener presa a Sala y de ese modo desarmar políticamente a la organización que ella encabeza, fue una modificación en la cúpula del Poder Judicial realizada por el gobernador apenas asumió el cargo. El punto fundamental fue nombrar a jueces o juezas políticamente afines en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy.

Con apoyo de su propia bancada y también de sectores peronistas antikirchneristas, Morales consiguió que la Legislatura jujeña aprobara el aumento del número de miembros del máximo órgano judicial provincial. La cantidad de integrantes se amplió de cinco a nueve, y en los nuevos cargos -como miembros del más alto tribunal jujeño- Morales designó a dirigentes políticos de su confianza.

Dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, eran diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) hasta el momento de ser nombrados como jueces. La situación fue tan extrema que siendo legisladores votaron la ampliación del Superior Tribunal, y de inmediato renunciaron a sus bancas para ser parte del propio STJ. Otros dos jueces, Federico Otaola y Clara Langhe de Falcone, igualmente se habían desempeñado como diputados de la UCR aunque en periodos anteriores.

Así, la maniobra fundamental de Morales para detener y hasta el día de hoy mantener como presa política a Milagro Sala, consistió en designar a dirigentes radicales como miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. En la misma “reforma” para controlar el sistema judicial, también se implementaron cambios institucionales y cargos en el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa.

Hasta conseguir la prisión domiciliaria

La dirigente estuvo presa durante largo tiempo en la cárcel de Alto Comedero, próxima a la capital jujeña, donde sufrió diversos maltratos físicos y psicológicos. Los recursos del equipo de defensoras y defensores de la detenida fueron rechazados en todas las instancias locales, y por ese motivo llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

En noviembre de 2017, cuando la líder de la Tupac Amaru ya llevaba casi dos años privada de su libertad, la Corte-IDH ordenó que el Estado argentino adoptara las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Sala. Para ello se debía implementar al arresto domiciliario en su casa o cualquier otra medida “aún menos restrictiva de sus derechos, tales como (…) una tobillera o la retención de su pasaporte”.

Las medidas ordenadas por el tribunal interamericano demoraron todavía un año más hasta hacerse efectivas. Así, recién desde el 29 de diciembre de 2018 Milagro cumple prisión domiciliaria tras haber sido trasladada a su casa en el barrio de Cuyaya, de San Salvador de Jujuy.

“Jallala Mujeres” y carpas en la plaza

Próximos a cumplirse, este jueves 8 de julio, los 2000 días de privación de la libertad de Milagro, un grupo de mujeres de diversos ámbitos de actuación pública -legisladoras, funcionarias, referentes de Derechos Humanos, intelectuales, actrices y periodistas, entre otras- tomaron parte el pasado viernes de un diálogo virtual con la detenida.

Participaron, por ejemplo, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta (quien fue durante cuatro años una de las abogadas defensoras de Milagro); la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; la ex gobernadora de Catamarca y actual diputada nacional Lucía Corpacci; las ministras de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y Teresa García, de Gobierno; y personalidades del ámbito académico como Dora Barrancos, quien además integra el equipo de asesores del presidente Alberto Fernández.

La videoconferencia, que dio forma al encuentro virtual denominado “Jallala Mujeres” en el cual hablaron distintas participantes, concluyó con un mensaje de la propia Milagro. La líder popular manifestó que siempre trabajó “para mejorar la calidad de vida de las y los jujeños”, y advirtió que “el laboratorio de ensayo represivo en Jujuy está intacto”.

La organización Tupac Amaru se dispone a instalar a partir de hoy 2000 carpas en Plaza de Mayo, cada una representativa de la cantidad de días que Sala ha padecido en distintas cárceles o con prisión domiciliaria. Al hacer el anuncio, el coordinador nacional de la Tupac, Alejandro “Coco” Garfagnini, afirmó que “a 550 días de un nuevo gobierno nacional es inadmisible que sigan habiendo presos políticos en el país”.

En la ocasión, el dirigente también envió una carta pública al bloque de diputados del Frente de Todos, en la cual expresó que “no quiero repetir lo que ustedes ya deben conocer, (sino que) lo que preciso ahora es que nos ayuden a levantar la voz. Hay determinados momentos de la historia en que el silencio es cómplice del sufrimiento de los militantes”, les dijo Garfaginini a los legisladores del oficialismo.