La CGT realizará hoy su segundo paro general en tiempos de gobierno macrista. Comenzará a las 12, es decir dos horas antes que la sesión en la que el Ejecutivo Nacional pretende aprobar en Diputados el proyecto de Reforma Previsional. La huelga finalizará a la media noche e incluye a los gremios de transporte.

El secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, distribuyó un comunicado de prensa en el que convocó a “todos los trabajadores de la República Argentina, a adherir a todas las medidas de fuerza necesarias propuestas por el Consejo Directivo de la CGT, para impedir las reformas que aspira poner en práctica el gobierno nacional”. El dirigente camionero señaló en el parte a los periodistas que la iniciativa gubernamental es “en perjuicio de los derechos de los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables del pueblo”.

A su vez, organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras, anunciaron que cortarán los principales accesos a la Capital Federal en reclamo por la Reforma Previsional que intentará convertir en ley los diputados de Cambiemos y sus aliados.

A ellos se suman las convocatorias de las distintas centrales sindicales a concentrarse frente al Congreso nacional a partir de las 12. Además de los gremios de la CTG, estarán presentes las dos CTA que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli, y también los gremios enrolados en la Corriente Federal que encabeza la Asociación Bancaria.

Piden a la Justicia por la seguridad de los manifestantes

El legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, presentaron una medida cautelar para exigir que el gobierno de la ciudad garantice la seguridad de los manifestantes durante la jornada de hoy. En la presentación solicitan que la administración de Horacio Rodríguez Larreta disponga de las medidas necesarias para "garantizar el efectivo y pleno ejercicio de las libertades públicas" de quienes mañana se congreguen en los alrededores del Congreso de la Nación.

Recalde sostuvo que "al intervenir la Policía de la ciudad en el operativo previsto, es el gobierno porteño el que debe resguardar los derechos de los ciudadanos". Explicó que "hemos visto una brutal represión el jueves pasado, seguida de detenciones arbitrarias, y no queremos que eso se repita porque atenta contra el derecho que todos tenemos a manifestarnos y expresar nuestra opinión". Catalano agregó que "muchos manifestantes resultaron heridos y hasta fueron reprimidos varios diputados de la oposición en un claro intento de amedrentar a trabajadores y trabajadoras, jubilados, estudiantes y a todos aquellos que sólo buscan que se escuche su voz en contra de este proyecto de reforma previsional".

Los dirigentes solicitaron a la Justicia que los efectivos de las fuerzas de seguridad que intervengan en la vía pública estén debidamente identificados, así como los móviles en los que operen, como exige la ley. En manifestaciones anteriores sucedieron disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados que, según distintas organizaciones, dirigentes y manifestantes, eran alborotadores infiltrados que pertenecían a las mismas fuerzas de seguridad. Los hechos referidos permitieron sembrar confusión suficiente para justificar la represión posterior y las detenciones que luego se probó eran arbitrarias e injustificadas.
En la presentación se solicita que la Justicia "disponga que el personal policial no lleve armas de fuego" y explica que "el protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial, es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas". A su vez destaca que el mismo protocolo establece que "la posta de goma y el material químico anti tumulto solo deberá utilizada como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes".