El proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Cambiemos y acordado con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), ingresó el sábado por la madrugada al Senado y comenzará a ser debatido a partir de hoy en las comisiones internas.

La Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara Alta comenzará a tratar el polémico proyecto impulsado por el gobierno argentino. La iniciativa cuenta con más de 130 artículos, en los cuales se alientan las tercerizaciones, se reduce el cálculo para el pago de indemnizaciones, se rebajan aportes patronales, se reducen horas extras, y se habilita una mayor precarización del empleo joven, entre otras series de medidas que perjudican al trabajador.

También el Ejecutivo envió el pacto fiscal y la reforma previsional con la misma intención. Ser tratados de manera exprés y antes de finalizar el año parlamentario. Ambos proyectos, quedaron finalmente acordadas en la reunión que el jueves el presidente Mauricio Macri mantuvo con los gobernadores en Casa de Gobierno.

El bloque del Frente para la Victoria del Senado, conducido por el rionegrino, Miguel Pichetto, parece acompañar la maniobra del oficialismo y le daría la mayoría a Cambiemos para posibilitarle un rápido tratamiento.

Con las reformas propuestas, tanto los trabajadores en el campo laboral, como los jubilados en el previsional tendrían enormes perjuicios. En el caso de los más viejos, Con la modificación propuesta, la jubilación aumentaría a principio de año entre 15 y 300 pesos, y la Asignación Universal por Hijo, entre 40 y 65 pesos para el primer semestre.

Frente a la anuencia de los gobernadores y de la cúpula de la CGT a estas modificaciones, varios gremios, sindicatos y grupos sociales indignados,  comienzan a emerger en la lucha y la resistencia ante las reformas que tiene como blanco al conjunto del pueblo trabajador.

Los gremios de la Corriente Federal y las dos CTA  comienzan a organizar una gran movilización para el día 6 de diciembre con el objetivo de hacerle frente a la iniciativa del gobierno. Igualmente, ante las estrategias del oficialismo, los convocantes señalaron que se movilizarían al Congreso en caso de que se adelantara el tratamiento del proyecto (ver Marcha contra las reformas del gobierno).

La urgencia en el tratamiento se debe principalmente al acuerdo programático con los gobernadores, al entendimiento con la cúpula de la CGT y a evitar que Cristina Fernández de Kirchner participe del debate en el recinto como senadora.

Desde el gobierno aseguran que los gobernadores pondrán los votos; pero son conscientes de que de ser aprobadas estas medidas, el costo político deberá pagarlo todo el gobierno.