El ataque a periodistas y medios suele tener más trascendencia cuando los afectados se desempeñan en el sector privado que si lo hacen en la esfera pública o autogestiva.

El avance del gobierno sobre los medios púbicos no despertó la misma solidaridad ni énfasis en el repudio que cuando los afectados fueron sus colegas del sistema privado.

“Nosotros trabajamos en distintos países del mundo y no todos tienen medios públicos, por lo que no establecemos una agenda específica sobre estos. Ahora, en el contexto de la Argentina, y del rol que estos tienen para informar, documentar y ser fuente de información al resto de los medios de comunicación y de la sociedad en general, creemos que ese es el valor, el principio y el derecho clave que debe defenderse”, asegura García Rey.

Destaca además que desde Amnistía Internacional “transmitimos nuestra preocupación por el cierre de Télam, por ejemplo, que ya sea que se justifique por un tema presupuestario o de política comunicacional, no cuenta con información genuina, fidedigna ni informada sobre los motivos que la impulsaron”.

“Creemos -subraya- que falta una política transparente, con una fuerte rendición de cuentas. Si el lema del gobierno es desmantelar la casta y la corrupción, todo esto debe hacerse con los niveles más altos de transparencia y rendición de cuentas para ser coherentes con la política que se dice liderar”.