Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron ayer el procesamiento de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesto espionaje ilegal sobre el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018, informaron fuentes judiciales.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen delegada la investigación, presentaron el dictamen ante el juez federal Juan Pablo Auge, que en los próximos días deberá resolver la situación procesal de los acusados.

Fuentes con acceso al expediente revelaron que los fiscales también reclamaron que sea procesado el agente y ex director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, en el marco del expediente por el cual ya se encuentra procesado el ex espía Alan Ruiz, sindicado como quien coordinaba los operativos ilegales.

Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.

En un extenso dictamen del que aún no trascendieron detalles, los fiscales sostuvieron que los documentos -tanto los producidos para los circuitos internos de la AFI, como los enviados al Congreso y a la justicia- fueron parte del intento de ocultar el espionaje ilegal.

De acuerdo con la investigación, la orden de realizar tareas de espionaje, que Ruiz trasladó al grupo de espías que operaba en la "calle", apuntaba a vigilar e informar si en ambos domicilios ingresaban o salían "bolsos", y no a advertir riesgos ante un eventual ataque terrorista, como se intentó decir en un primer momento.

Fuentes judiciales dijeron que, según la investigación, esa orden llegaba directamente de Silvia Majdalani.

Ruiz, quien en el mundo de los espías era conocido por el alias de Augusto Rovero, “coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la AFI, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales”, sostuvo el juez Auge cuando procesó al ex espía.

Las tareas de espionaje ilegal “consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural”, según surge del expediente.

Fuente: agencia Télam