Guillermo Dietrich, ministro de Transporte del gobierno macrista y persona de íntima confianza del ex presidente, quedó procesado por negociados en los contratos de peajes de dos autopistas de la zona de Buenos Aires en los que fueron favorecidos “los intereses” de dos empresas en las que “Mauricio Macri y su familia tenían acciones”.

También por este caso ayer debía declarar quien fuera ministro de Economía, Nicolás Dujovne, pero en lugar de hacerlo presentó un escrito y no aceptó preguntas del magistrado. Su situación procesal podría definirse en los próximos días. La semana pasada fueron procesados por los mismos hechos el ex titular de Vialidad Nacional (y luego ministro de Energía) Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. 

La investigación judicial, conocida como “autopistas del curro”, se refiere a la renegociación de los contratos para las concesiones viales en dos accesos a la ciudad de Buenos Aires, uno con la empresa Autopistas del Sol SA y otro con el Grupo Concesionario Oeste. 

La causa está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien presentó su renuncia para acceder a la jubilación y este miércoles será su último día en funciones. Pero su competencia en el caso fue confirmada por la Cámara Federal porteña, al rechazar recusaciones presentadas por algunos imputados. 

Contratos “direccionados” y “desvío de poder”

El magistrado dio por probado que tanto Dietrich como Iguacel y Saravia Frías, al gestionar los contratos viales actuaron "direccionando toda negociación y contratación", y que lo hicieron “con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones”, para lo cual incurrieron en “desvío de poder, según un interés no administrativo".

Destacó que por las funciones que cumplían en altos cargos del Estado, los exfuncionarios "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".

Por el contrario, el juez hizo "la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

Explicó que se firmaron que contratos que permitieron, “mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma".

De izq. a der. Dujovne (falta resolver su situación procesal) y los ya procesados Dietrich, Saravia Frías e Iguacel.

El magistrado apuntó que además se reconocieron a las empresas sumas multimillonarias por inversiones, en un "complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un acuerdo de renegociación”.

Explicó que dicho acuerdo “a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana SA" en la cual el entonces presidente Mauricio Macri y su familia tenían acciones".

Tras firmar el procesamiento a Dietrich, el magistrado tomó declaración indagatoria al ex ministro Dujovne, quien se negó a responder preguntas y entregó un escrito. Su situación deberá resolverla el juez federal Julián Ercolini, quien por sorteo fue designado como reemplazante de Canicoba Corral hasta que se cubra la vacante.

Defensa de Dietrich

El ex ministro de Transporte había sido indagado el viernes por el magistrado. Allí argumentó, en su defensa, que se indemnizó a las empresas de peajes con 500 millones de dólares "porque eso salvó al país de pagar 3.000 millones". 

También sostuvo que no benefició a Macri ni con esa indemnización ni con los aumentos de tarifas de los peajes ni con la renovación de las concesiones porque el Grupo Macri solo estaba representado en un 2,37% de las acciones y las vendió en 2017.

Dentro de las propias constancias de la causa judicial, sus argumentos, expuestos ya están rebatidos por la prueba documental e incluso por el testimonio del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien sostuvo que de ninguna manera correspondía el pago de una indemnización.

El procesamiento a Dietrich es por el delito de “administración fraudulenta” y el magistrado le trabó un embargo de 500 millones de pesos. Iguacel y Saravia Frías están procesados por el mismo delito, y aún falta resolver la situación procesal de Dujovne.