Cada uno en sus respectivas cámaras legislativas, el diputado nacional Darío Martínez y la senadora Silvia Sapag, ambos representantes de Neuquén por el Frente de Todos, presentaron sendos proyectos de ley para declarar como “servicio público esencial” a las comunicaciones por telefonía celular y el acceso a Internet.

La propuesta destaca que esa condición regía por ley pero fue derogada por decreto de Mauricio Macri, y afirma que restituirla “en el marco de la pandemia y del consecuente aislamiento” sanitario, “permitirá contar con herramientas de regulación en un servicio que se volvió

indispensable para la vida, el trabajo, y los vínculos sociales y afectivos de todas las argentinas y argentinos”.

El diputado Martínez dijo que “necesitamos un servicio con estándares de calidad que puedan ser regulados”, porque “no puede ser que tengamos en el interior una calidad muy inferior a lo que se tiene en Capital Federal”. Agregó que tanto la telefonía móvil como Internet “son caros, malos, y son, lejos, las dos actividades más denunciadas en las oficinas de defensa al consumidor” por sus deficiencias.

“Ahora se transformaron en un servicio esencial”, explicó el legislador, y “ya nadie tiene dudas que, una vez superada la pandemia van a seguir siendo servicios esenciales”, dijo Martínez.

La senadora Sapag, que impulsa la misma iniciativa en la Cámara alta, resaltó de forma similar el carácter “esencial” tanto la telefonía celular como Internet, y “mucho más en medio de esta emergencia”, dijo, pero añadió que “hay transformaciones que ya no van a revertirse”.

“En el nuevo mundo que se viene, donde las comunicaciones ocupan un lugar central, necesitamos un Estado presente que cuide a los usuarios y ponga pautas claras en beneficio de millones de clientes”, completó.

Derogados por Macri

En los fundamentos del proyecto se destaca que, en 2014, el Congreso sancionó la ley N° 27.078, por la cual se declaró “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.

El propósito era “posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”, recuerdan los legisladores nacionales por Neuquén.

Añaden que esa norma “reconoció ‘el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios’” de las prestaciones, pero “sin embargo”, mediante el DNU (decreto de necesidad y urgencia) N° 267/2015, “el gobierno de Cambiemos derogó” ese artículo, en conjunto con varios más de la norma.

Citan también el caso del artículo 48°, también derogado por Macri, el cual afirmaba “’las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, serán reguladas por ésta”.

El diputado y la senadora neuquinos remarcan también que hay varios proyectos que tienen similar sentido a los suyos, y que han sido presentados en los últimos años. También afirman entre otros fundamentos que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso para enfrentar la pandemia del Covid-19 ha generado que las Tecnologías en Información y Comunicación ocupen un lugar por demás central tanto en las actividades laborales que se desarrollan de manera domiciliaria como también en las formas de mantener los vínculos sociales entre las personas”.

“En este marco”, sostienen Martínez y Sapag, “el servicio de provisión de Internet se constituyó como una herramienta esencial y es preciso que tanto el Estado y los usuarios recuperen un marco regulatorio acorde con la trascendencia que el servicio tiene para toda la sociedad”, pero que fue “perdido” con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impuesto por Macri apenas asumió.