-¿Cuál es su posición sobre la modificación del cuadro tarifario del gas y sus                           consecuencias?

-La verdadera información está debajo de muchas capas. Lo primero que llama la atención es que quieren hacer aparecer como que el gobierno nacional cedió frente a los reclamos. El gobierno no cedió nada. Acá hubo una resistencia popular con distintos grados de intensidad, presentaciones de amparos que avanzaron y que por ahora consiguieron pausar el tarifazo. Los últimos anuncios de los funcionarios fueron un verdadero pastiche, tres ministros que anunciaron algo que no pueden hacer porque está frenado por el Poder Judicial. Como hacedores de política económica no parecen muy eficientes. Decir como Aranguren, que no se midieron los impactos sociales de sus decisiones, es una nueva aberración. Lo menos que se le puede exigir a un hacedor de políticas públicas es conocer las relaciones causa-efecto de sus medidas y haber estudiado el tema sobre el que decide. Que un integrante del Poder Ejecutivo sostenga alegremente que está aprendiendo sobre la marcha es una afrenta a los votantes y una responsabilidad presidencial.

-Existe generalizada coincidencia en que era necesaria una adecuación de los montos que se pagaban por el consumo. ¿Es así?

-Cuando se pierde el autoabastecimiento, como sucedió a mediados de la década pasada, es necesario volver importar. Esto ocurre en un país que sufre cíclicamente, al final de largos períodos de crecimiento con bajo desarrollo, escasez relativa de divisas, o sea restricción externa. Sobre esta realidad se montó la importación de combustibles, una situación que alteró todas las variables macroeconómicas, como por ejemplo el déficit de cuenta corriente y las presiones sobre el tipo de cambio. Es evidente que algo no funcionó del todo bien en la política energética, pero no necesariamente ese algo fue la política tarifaria. Sí es verdad que muchas tarifas habían quedado rezagadas aumentando progresivamente el déficit en relación al producto. Pero ello no justifica el pésimo ajuste realizado por la nueva administración. Si lo que se buscaba con el ajuste tarifario era eliminar subsidios, algo que podría ser comprensible y necesario en muchos casos, no se entiende por qué se duplicaron alegremente los costos del gas pagados a las petroleras, lo que motivó la continuidad de los subsidios que se suponía se querían eliminar.

 “Que un integrante del Poder Ejecutivo sostenga alegremente que está aprendiendo sobre la marcha es una afrenta a los votantes”

-¿Por qué dice que continúan los subsidios?

-Porque el precio del gas en boca de pozo, o el “precio de ingreso al sistema de transporte” (PIST), como se lo conoce en la jerga, pasó de poco más de 2 dólares el millón de BTU a casi 5 dólares. Aumentaron los costos totales del sistema y las nuevas tarifas siguen sin cubrirlos en su totalidad. Por eso ya hablaban de nuevos aumentos a fin de año. En realidad, si te ponés a ver las facturas de gas parece complicado, porque hay como diez categorías de usuarios y varios componentes, pero básicamente tenés que mirar dos cosas; lo que pagás por el precio del gas, que está determinado por el PIST y que representa más o menos entre el 65 y el  80 por ciento de la factura, dependiendo si es consumo domiciliario o industrial, y el resto, que es lo que se paga por el transporte y la distribución. Cuando se produce el tarifazo a fines de marzo, en el mismo acto administrativo el gobierno aumentó ese PIST. El argumento ensayado fue incentivar las inversiones para lograr el autoabastecimiento. Pero eso no es cierto porque ya existía un valor de alrededor de 7,5 dólares el millón de BTU para el “gas nuevo”, es decir, para el que se demostraba provenía de las nuevas inversiones.

-¿Es decir que el aumento está motivado en la necesidad de derivar mayores ganancias a las empresas gasíferas?

-Las motivaciones de los hacedores de política es algo que escapa al análisis económico. Lo único que uno observa son los datos. Y el dato duro es que la duplicación del precio recibido por el “gas viejo” suma mayores ingresos a las gasíferas por alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. El segundo dato duro es que los 5 dólares por millón de BTU que ahora se pagan son más de 2,5 veces el costo de producción promedio de YPF, que es de 1,9 dólares según determinó una investigación de la Fundación Bariloche. Un tercer dato duro es que por esa transferencia multimillonaria, a las petroleras no se les exigió nada a cambio, me refiero a ningún compromiso firmado, tanto en materia de inversiones para aumentar la producción como de mantener el empleo, un toma y daca entre Estado y privados que es el ABC de la buena política económica. Un cuarto dato en materia de la calidad de la política es preguntarse, aun si el objetivo contra viento y marea era multiplicar pagos a las empresas y eliminar completamente subsidios, por qué no se aprovecharon los coyunturales bajos precios internacionales para producir una transición más gradual en vez de contribuir al shock económico.

 “Quienes dicen que el gobierno de Macri comunica mal están muy equivocados, no miran que logró ocultar esta potente transferencia de recursos hacia las petroleras”

El resultado provisorio que tenés no podría ser peor. Las gasíferas van a cobrar 3000 millones de dólares más por año. Por esa concesión no asumieron ningún compromiso formal de inversiones. Eso significa que no hay ninguna garantía de que se avanzará hacia el autoabastecimiento y el alejamiento de la restricción externa. Alguien podría cándidamente creer que como las gasíferas obtendrán ganancias de más del 150 por ciento sobre los costos de producción entonces invertirán más. Recuerdo a los memoriosos que ésta fue la lógica post privatizaciones y el resultado sólo fue extraer más sin inversiones de reposición, con maduración acelerada de los yacimientos. Finalmente, esos, en principio, 3000 millones serán pagados, antes o después, por los consumidores. Aunque nadie lo diga, este aumento del precio en boca de pozo es la causa de que las subas tarifarias hayan sido inicialmente tan desproporcionados. Esto es lo que había en la planilla de Excel del ministro de Energía. Solamente la quita de subsidios no hubiese provocado saltos que multiplican las facturas por 5 o 6 veces en la última versión. Quienes dicen que el gobierno de Macri comunica mal están muy equivocados, no miran que logró ocultar esta potente transferencia de recursos hacia las petroleras, transferencia que debería ocupar el centro del debate en las futuras audiencias públicas.

-Consecuentemente no se reduce el déficit ni se soluciona el tema de mayor producción.

-Los números muestran que lo que está en juego no es la reducción del déficit fiscal en el marco de un programa de estabilidad macroeconómica, sino la simple y pura rentabilidad empresaria. A no confundirse, no se trata de transferencias de los consumidores, particulares y empresas, al fisco, sino de los consumidores a las petroleras. El gobierno justificó este cambio en la dirección de las transferencias con el argumento de incentivar la inversión, pero eso no es cierto. Ya en el pasado se pagaron aquí tarifas más altas en dólares que en los países más desarrollados, recuerden por ejemplo que la nafta era más cara en Buenos Aires que en Madrid, pero sólo se generó una rentabilidad hidrocarburífera por encima de la media internacional sin que ello tenga el menor efecto sobre el aumento de la inversión. Insisto en que la conducta de las petroleras fue aumentar la extracción de yacimientos que no habían desarrollado para reinvertir las ganancias en la expansión del negocio en otras regiones del planeta. La experiencia histórica indica que la inversión no se incentiva solamente vía precios y mayores ganancias. Hacen falta otras cosas.