Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, quien está presa en el penal de Alto Comedero de Jujuy hace 540 días, explicó que la Corte Suprema debe expedirse sobre la legalidad su detención, pero no tiene plazos y la situación se agrava porque es “es el fallo con más connotación política” que debe resolver el máximo tribunal del país.

Agregó que esperan la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría emitir una resolución sobre la detención de Milagro, y consideró ese organismo “tiene influencia” pero en verdad no saben si luego de las sesiones que mantuvo y que terminaron el viernes, “la comisión finalmente resolverá algo o no”.

Gómez Alcorta, quien también es defensora del líder mapuche Facundo Jones Huala, explicó que contra él existe “un nivel de ilegalidad aberrante” y “se concentra un nivel de persecución judicial que no se da ni siquiera en el caso de Milagro”. Detrás de su detención ilegal está la decisión de aplicar la ley antiterrorista, para imponer la doctrina promovida por Estados Unidos que considera a los movimientos indígenas como una de las “nuevas amenazas”, alertó la abogada en una entrevista con .

-¿Cómo está la situación de Milagro Sala hoy, y cuáles son las principales respuestas que esperan para su liberación?

-En relación a su libertad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dos incidentes para resolver. Uno vinculado a su prisión preventiva, que desde abril del año pasado decimos que es arbitraria, y otro vinculado a los fueros parlamentarios que ella tiene porque es diputada del Parlasur y no se los respetan. Esos expedientes están listos desde el 5 de abril para que la Corte resuelva, y la Procuración en ambos dictaminó dándole la razón al planteo hecho para la defensa. Y tenemos varias otras causas, casi todas iniciadas después del 10 de diciembre del 2015, que tienen distintos estados de trámite en cada uno de los procesos. También tenemos la causa por la que se la condenó en diciembre del año pasado, la causa de los huevos, del escrache a Morales, donde Milagro no estuvo y donde se le imputa la instigación a ese escrache. En esa causa fue condenada, en junio se llevó adelante la audiencia oral en la Cámara de Casación, y hace 10 días esa cámara no sólo confirmó sino que agravó la situación. Porque se le habían otorgado tres años en suspenso por la instigación y se había declarado la prescripción por unas amenazas, pero Casación revocó esa prescripción, por lo que tiene que volver en algún momento al Tribunal de Jujuy para que dicte una nueva sentencia. El jueves presentamos un recurso extraordinario ante la Corte, la defensora Graciela López hizo lo mismo, y el fiscal de la Casación también. Así que ahora la Corte debe confirmar o no el fallo de Casación.

-¿Por qué cree que no se expide la Corte Suprema sobre su liberación? ¿Hay una cuestión política?

-No tengo duda que debe ser el fallo con más connotación política que tiene hoy. Si uno piensa, es exclusivamente una valoración de Derecho lo que tienen que hacer. Es ver si la ley que otorga fueros es constitucional o no. Si define que sí, a Milagro no se la desaforó y tiene que quedar en libertad. Si dice que no, está bien detenida y se terminó el asunto. Pasaron más de 90 días para resolver esto, siendo una Corte pequeña, donde son cinco los miembros, por lo que es absolutamente evidente que tiene una connotación política. Pero además, la Corte como una cabeza de uno de los tres poderes del Estado, es un órgano político y ninguna decisión no es política.

-¿Hay una doble vara con respecto a otros casos donde la Corte resolvió más rápido?

-Una de las cuestiones graves que tiene nuestra democracia es que la Corte está habilitada para resolver cuando quiera. No tiene un plazo y está habilitada por el artículo 280 del Código Procesal Civil para no justificar por qué no va a tratar un caso. Todos los órganos del Estado tienen la obligación de fundar sus resoluciones, por ejemplo un decreto tiene que tener sus fundamentos, una resolución de un ministerio tiene que estar fundado, y cualquier sentencia tiene que estar fundada. Pero la Corte Suprema tiene esta facultad absolutamente arbitraria. Un ejemplo de esto en el caso de Milagro es que en febrero del año pasado, siete parlamentarios del Mercosur denunciaron la privación ilegal de la libertad de Milagro. Los abogados que patrocinamos esa denuncia fuimos Pablo Llonto, Damián Loretti y yo, y discutimos que era el fuero federal quien debía investigar esta privación de la libertad. Y en cambio los jueces pretendían que fuera la justicia provincial. Llegamos con un recurso extraordinario discutiendo la competencia federal, y la Corte Suprema resolvió rechazarlo en cinco días hábiles. Se lo pregunté en su momento a Raúl Zaffaroni y dijo que era absolutamente inusual que pudiera suceder algo así. Para rechazar una cuestión vinculada a una competencia, con Milagro como querellante, cuando la tienen como víctima, demoran cinco días. En cambio, para resolver algo tan grave como la continuidad de la detención de Milagro, no se expiden. Siempre las causas por detenidos tienen prioridad pero no hay plazo. Lo cierto es que no tenemos la menor idea de cuándo resolverán.

-¿Puede tener influencia para su liberación la resolución que vaya a tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

-No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que no sabemos si finalmente la comisión resolverá algo o no. La petición ante la comisión se presentó el 28 de enero del 2016, quiere decir que llevamos casi 530 días, el trámite ante la comisión no es rápido, es un trámite también burocrático. En ese sentido la comisión se juntó y terminaron el viernes sus sesiones, y veremos si tomará alguna resolución ahora o requerirán más tiempo o más información. La medida cautelar que tenemos ante la Comisión Interamericana no es sobre las condiciones de detención, sino sobre la detención. El gobierno de Jujuy hizo circular la versión de que iban a resolver sobre las condiciones de detención, sobretodo en la visita al penal. Pero eso es falso. La comisión lo que tiene que evaluar es la detención de Milagro en el marco de una medida cautelar, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión, sin decir nada sobre las causas. Son dos cosas distintas.

-¿Le parece importante la campaña internacional que se lanzó esta semana para juntar firmas por la liberación de Milagro Sala?

-Sí, es importante por lo que pasó, por la cantidad de firmas. Pone en evidencia que las voces que reclaman la libertad de Milagro trascienden las fronteras y efectivamente es un tema internacional, no es un tema exclusivamente de Argentina. Firmó Dilma Rousseff, Oliver Stone, Julian Assange, Chico Buarque, Noam Chomsky, todas personalidades que ponen en evidencia que se está mirando a la Argentina por la violación de los derechos de Milagro. En un punto ha sido muy útil poner esto en evidencia.

-Como abogada de Facundo Jones Huala, ¿cree que también hay una persecución política? ¿Qué incidencia cree que tuvo la reunión del presidente Macri y su par de Chile en su detención?

-En el caso de Facundo se concentra un nivel de persecución judicial que no se da ni siquiera en el caso de Milagro. Para detenerlo el año pasado, el 27 de mayo, se llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal sin ninguna causa, sin ningún juez, de un agente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) por más de un año. Esas tareas de inteligencia ilegal se hicieron en connivencia con fiscales de la provincia de Chubut, y hay un procesamiento confirmado. La Brigada de Investigaciones de la provincia de Chubut torturó a un joven mapuche para conocer el paradero de Facundo. Se llevó adelante el juicio de extradición el año pasado, y logramos que se declare nulo por primera vez en la historia argentina un juicio de extradición por todo esto que pasó. Al terminar el juicio, el gobernador Mario Das Neves y el jefe de la Policía de Chubut empezaron a decir que Facundo y la comunidad mapuche son terroristas. El jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, apareció en una audiencia judicial provincial en Chubut, en una de las causas sobre la reivindicación territorial que denunció Benetton, y cuando se le preguntó por qué estaba ahí, dijo que fue a prestar asesoramiento a los jueces porque entiende que se debía aplicar la ley antiterrorista en el caso de Facundo. Tomamos conocimiento de que hizo lobby con fiscales y jueces federales de la zona para la aplicación de la ley antiterrorista. La fiscalía apeló la nulidad del juicio y que se conceda la extradición, y nuevamente la Corte debe resolver esto. Hace nueve meses que Facundo circulaba libremente, fue puesto en libertad por un juez federal. El 26 de junio pasado se reúne Bachelet con Macri, en la Moneda, junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y su par chilena, y tuvieron dentro de la agenda a Facundo Jones Huala. Casualmente tres horas después de esa reunión, Gendarmería lo detiene a Facundo para pedirle documentos en un control vehicular, y un juez de Bariloche ordena una audiencia para el otro día y le inician un nuevo proceso de extradición y lo dejan detenido.

-¿Qué resolvieron ante esta situación?

-Denunciamos penalmente al juez y al fiscal de Bariloche que ordenaron esa detención, que es una privación ilegal de la libertad. Nos presentamos ante la Corte denunciando la litispendencia, que es la coexistencia de dos procesos simultáneos. También denunciamos ante la Comisión Interamericana y ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Tenés a agentes de la AFI, la Brigada de Investigación de la Policía de Chubut, a fiscales provinciales, el poder político de la provincia, el ministerio de Seguridad de la Nación, el presidente de la Nación y la justicia federal, todos en un caso donde el marco de ilegalidad que hay contra Facundo Jones Huala es aberrante. Es un caso paradigmático por la cantidad de agentes estatales que intervienen de un modo ilegal.

-¿De qué se lo acusa a Facundo Jones Huala en Chile?

-Por un delito de incendio, donde no corre ningún riesgo ninguna persona, la tenencia de un arma artesanal, la tenencia de 12 municiones y haber ingresado al país de forma ilegal. Con un dato más, y es que a Facundo lo detienen con tres personas más y cuando fue excarcelado vino para la Argentina. El juicio se llevó a cabo en Chile y los otros tres detenidos junto a Facundo fueron absueltos por falta de pruebas.

-¿Por qué cree que se da esa persecución?

-Facundo es un Lonco mapuche de una comunidad que lleva las reivindicaciones de su pueblo de un modo explícito. Hay una nueva doctrina que se impone desde Estados Unidos para América Latina, que es la llamada “doctrina de las nuevas amenazas”, que son un supuesto nuevo enemigo que tienen los Estados, que no pueden ser investigados, juzgados, tratados del mismo modo que los delitos comunes. Exactamente del mismo modo que la doctrina de la seguridad nacional de décadas atrás. Esto lleva a romper el principio demarcador de nuestras democracias que es la imposibilidad de las fuerzas armadas de intervenir en asuntos de seguridad interna. En nuestro país, desde 1983 a la fecha esa demarcación se fue consolidando con una mirada colectiva de todas las fuerzas políticas. Estas nuevas amenazan son por ejemplo el terrorismo, y en Argentina y en una parte de América Latina, que es una región donde no hay terrorismo, los terroristas son los movimientos indígenas más radicalizados y los movimientos ambientalistas que hacen una defensa acérrima frente a recursos como el petróleo y el gas. En la causa penal por usurpación que tiene Facundo, que es un delito menor en nuestro Código Penal, la Justicia penal de Chubut quería que esa causa tramitara con la ley antiterrorista. Y la justicia federal lo negó y la Corte también lo rechazó. La idea de crear la figura del terrorista en cabeza de un Lonco mapuche que lleva adelante una reivindicación territorial es demencial, pero tiene una clara finalidad política. Chile ha sido tristemente vanguardia en la aplicación de la ley antiterrorista, pero se frenó luego de un fallo en contra del Estado chileno por parte de la Corte Interamericana para que no se use esa ley. La nueva avanzada la tenemos en Argentina con el macrismo, con la utilización de esta herramienta para borrar esa demarcación.