Carlos Rozanski, quien se desempeñó por más de 15 años como presidente del Tribunal Oral Federal 1 de la Plata y renunció en octubre a su cargo, consideró que nunca recibió presiones y trabajó libremente, salvo en los últimos meses bajo la administración de Mauricio Macri.

“Yo no tengo la más mínima duda de que se trata de una persecución” a Cristina Kirchner, afirmó y agregó que es preocupante que pueda “haber algún tipo de persecución en un ámbito donde dos más dos a veces no es cuatro, sino que es lo que el intérprete quiere que sea, y va a ir a un lado o al otro de acuerdo al clima político que se viva”.

El ex magistrado, que condenó a reclusión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, destacó que “realmente es ofensivo tener que discutir” la cifra de desaparecidos y no cree que “éstas afirmaciones sean exabruptos”, sino parte de un pensamiento “más complejo y negativo”.

- ¿Cómo ve la situación del Poder Judicial hoy? ¿Hay independencia, hay más presión de las corporaciones o de los medios?

- Puedo contar lo que percibí yo, que durante 25 años fui juez de Cámara en la República Argentina y jamás con ninguna gestión política, porque hubo distintas gestiones, nunca he sentido presión del Estado y trabajé normalmente, con libertad de trabajo; pero en estos últimos meses no. Eso varió claramente con el tema de los juicios por lesa humanidad y es preocupante. ¿Qué incidencia puede tener en otros tribunales? No lo sé. Pero se generan climas, y en corporaciones conservadoras como es el Poder Judicial acusan recibo de determinado tipo de presiones, y en última instancia lo que va a definir cuál es el efecto de esas presiones son las decisiones que toma cada juez. Cuando vayamos viendo qué decisiones se toman, nos vamos a ir dando cuenta de los efectos que la política pueda o no, tener en la corporación. Nunca he sentido presión del Estado y trabajé normalmente pero en estos últimos meses no

- ¿Cómo ve la situación de Cristina Kirchner? ¿Cree que hay una persecución política?

- No podría especificar sobre el interior de cada causa, si hay o no elementos en una causa específica. Yo no tengo la más mínima duda de que se trata de una persecución, lo que digo es de sentido común. No tengo ninguna duda. Hay una vieja broma, de mal gusto, en la que le preguntan a un abogado ¿cuánto es dos más dos? Y responde cuánto quiere que sea.

Y eso tristemente a veces es cierto, por eso me preocupa muchísimo. No sólo en el caso de la ex presidenta sino en general, cuando uno tiene la percepción como ciudadano de que puede llegar a haber algún tipo de persecución en un ámbito donde dos más dos a veces no es cuatro, sino que es lo que el intérprete quiere que sea y va a ir a un lado o al otro de acuerdo al clima político que se viva. En el balance soy positivo, y tengo muy buenas expectativas basándome en que lo que pasó en la Argentina en los últimos 12 o 15 años, que fue producto de la presión de la sociedad. No es sólo una gestión política, son los organismos de Derechos Humanos que han logrado cosas que en el mundo no se han logrado, y esa es la prueba más clara de que la base social es muy firme, y si la base social es firme, todo lo otro es momentáneo y accidental.

- ¿Cómo ve la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri?

- Hay una serie de indicadores que son preocupantes, que tienen que ver con la disminución de presupuestos en distintas áreas vinculadas a derechos humanos y es un tema delicado porque hay una relación directa entre los recursos que se utilizan y el resultado, en cualquier tema social y en especial en derechos humanos. Si los recursos son menores, tanto lo que es capacitación como la puesta en marcha de programas también son menores y a la larga siempre tiene incidencia en la vigencia de las garantías de los derechos.

- ¿Cree, como dijo Estela de Carlotto, que se están frenando los juicios de lesa humanidad, sobre todo los juicios contra civiles?

- Es uno de los puntos centrales de esta cuestión, por lo menos es lo que yo viví en estos meses. Claramente la base de estos diez años en materia de juicios por delitos de lesa humanidad permitió que en la escucha de los testimonios y de las sentencias que se fueron dictando se amplió el panorama y se salió exclusivamente de lo que eran las fuerzas de seguridad como responsables del terrorismo de Estado y se amplió a los sectores civiles, empresarios y eclesiásticos. Eso es algo que venía creciendo desde el primer juicio, a nosotros nos tocó hacer el primer juicio, y eso lo fui percibiendo durante todos estos años. También nos pasó en uno de los juicios hace un par de años, cuando se estaba juzgando a un civil que había sido ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, antes de terminar el juicio hubo dos editoriales fuertísimos del diario La Nación a favor de la persona imputada. Eso fue, a mi entender, una bisagra, porque fue la primera vez que de manera tan explícita se apoyaba a un imputado concreto, casualmente era un civil, y no casualmente era La Nación. Eso motivó que los tres jueces denunciamos penalmente al diario por esas editoriales como coacción, como un intento de incidir en el resultado. Realmente es ofensivo tener que discutir la cifra de desaparecidos

- ¿La intención es frenar los juicios contra civiles y beneficiar a los genocidas con prisión domiciliaria?

- Lo que pude percibir en estos últimos meses son señales muy claras en ambos sentidos. En primer lugar porque la campaña tanto de La Nación como de Clarín fue muy ostensible en el caso mío personal, han sacado notas explícitas sobre mi persona y sobre mi actividad que claramente lo que buscaban era lo que terminó pasando, mi alejamiento. Y con eso mandar una señal de qué es lo que pasa a veces cuando en este tipo de juicios se mantiene una línea como se tuvo en el tribunal a lo largo de diez años, y es una señal a los demás tribunales también.

- ¿Es posible avanzar en los juicios contra civiles si existe la voluntad política?

- Sin ninguna duda, porque estos diez años de juicios, que son en alguna medida irreversibles porque no se vuelve atrás en eso; los testimonios que se han escuchado, las sentencias que se han dictado, son verdades jurídicas que significan una ganancia para la democracia clarísima. Eso no significa que no pueda haber algún tipo de influencia para que esto se frene o se modifique el rumbo, lo que digo es que es irreversible el efecto, lo logrado. Y el impacto más importante es reparador en cuanto a las víctimas y sobrevivientes, de que el Estado ha podido trabajar en estos diez o doce años con la suficiente energía para que se sepa lo que pasó, y al mismo tiempo, se sancione cuando hay que sancionar y se cultive la memoria con todos esos elementos. Ahora si en el camino, políticamente se busca disminuir esos efectos, habrá que ver qué respuesta da la sociedad. Creo que la sociedad argentina dio signos de madurez superior a la de muchas sociedades en el mundo en este sentido, asé que yo estoy muy tranquilo. Hay que resolver la situación de Milagro Sala lo más rápido posible para terminar con una injusticia muy clara

- ¿Qué opina de la insistencia del gobierno con bajar la cifra de desaparecidos?

- Este tipo de afirmaciones no creo que sean exabruptos, sino que parte de todo un pensamiento más completo, complejo y negativo. Los juicios han demostrado dos cosas, que el terrorismo de Estado fue una tragedia impresionante en la Argentina y en la región, y fue claramente un genocidio; y en segundo lugar, que no podemos entrar en la discusión de una cifra aritmética, realmente es ofensivo tener que discutirlo.

- ¿Qué piensa de la situación de Milagro Sala, después de la presentación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas exigiendo su liberación?

- Argentina pertenece a un sistema interamericano e internacional, en la Corte Interamericana de Costa Rica, y de las Naciones Unidas. Esa pertenencia, que es un orgullo para nuestro país, tiene que ser mantenida en todos los términos, y me parece que recomendaciones de esa naturaleza, tan claras, no son caprichosas; y en organismos como Naciones Unidas no salen porque sí, sino que tienen bases sólidas. Yo tengo una posición tomada, creo que existe sobre Milagro Sala una persecución clarísima, es algo que hay resolver lo más rápido posible para terminar con una injusticia muy clara. Después que sigan las causas todo lo que tengan que seguir, pero no mantener a esta señora en prisión.

- ¿Cómo ve el proyecto del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires de que la Gendarmería trabaje con las otras fuerzas de seguridad en las calles?

- Creo que el problema no pasa tanto por una fuerza u otra, la Gendarmería es una fuerza bastante seria y confiable en ese sentido. Lo cual no significa que como fuerza de seguridad tenga una actividad completamente vertical y por lo tanto siempre va a depender de cuáles son las directivas y órdenes que recibe. Lo que sí está comprobado históricamente en derecho penal, es que el aumento de una presencia policial o de seguridad, por sí solo no modifica el índice de delitos. Porque también está demostrado que si en una esquina se aumenta la presencia policial, el delito se va a trasladar a otra esquina. Eso no ataca de forma directa las razones de los delitos, tiene más que ver con una cuestión de fondo, que es una política pública clara que debería existir en materia de persecución del delito, pero sobretodo fundada en cuáles son las razones de la delincuencia. Hay que ver qué pasa en la sociedad y por qué en determinadas épocas aumenta el delito y qué tipo de complicidades hay, que es un tema en el cual no se quieren meter desde la política porque implica descubrir cosas que no se quieren descubrir. Si la política pública no va dirigida a estudiar y trabajar en las causas profundas de los delitos, la simple presencia policial no va alcanzar ni va a servir.