Claudio Lozano, economista y ex diputado nacional analizó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y sostuvo que “tiene un enfoque interesante en materia impositiva, en materia tarifaria, en materia de precios”; aunque “plantea un interrogante sobre cómo va a seguir la negociación de la deuda” y tiene una “política de ingresos que debería reforzarse”. 

Sobre los bonos para jubilados y Asignación Universal por Hijo, sostuvo que “es mejor que nada”, y aclaró que “puede producir un efecto reactivante, pero “de alguna manera la política en materia de reactivación de ingresos es mucho más limitada de lo que se necesitaría tanto para encarar un proceso de reparación del daño producido por el macrismo, como para impactar en términos de mayor consumo” para generar “mayor nivel de actividad económica”.

El dirigente de Unidad Popular explicó que hubo una mejora en algunos indicadores del mercado financiero porque “tanto desde el lado fiscal como desde el lado de los dólares, Argentina está mostrando señales de pago”. 

“En primer lugar hay una señal de pago muy concreta, donde se definen pagar 4.571 millones de dólares”, explicó en este diálogo con , y remarcó que “por otra parte hay una definición de construir la caja del Estado” y plantea un rumbo “hacia un superávit fiscal que puede ser la garantía de futuros pagos”. 

Para Lozano, la suspensión del pacto fiscal que habían firmado las provincias con el gobierno de Mauricio Macri es “lógico”, ya que “en el contexto de caída de actividad económica que se dio luego, que ha resentido fuertemente la recaudación de las distintas provincias y en el marco del endeudamiento provincial y las dificultades que tienen para enfrentar las deudas en dólares que han tomado; seguir planteando la necesidad de la reducción de impuestos como ingresos brutos no hacía más que agravar el cuadro”.

-¿Cómo ve las primeras medidas económicas del gobierno y el rumbo que planteó con la ley Solidaridad y Reactivación Productiva?

-Esta propuesta, por un lado lo que busca es reconstituir la caja del Estado nacional en base a una batería importante de impuestos, la mayor parte con un sesgo ciertamente progresivo. En este sentido me refiero tanto a la decisión de volver a poner el impuesto a los bienes personales con la alícuota vigente en el 2015, al hecho que se le duplique la alícuota a aquellos que tienen bienes radicados en el exterior; la puesta en marcha del impuesto denominado inclusivo y solidario que  cobra un 30% para todo lo que es el gasto de consumo en el exterior, para los consumos dolarizados y para la compra de dólares para atesoramiento; y todo lo que es un planteo de desgravación de contribuciones patronales favoreciendo a las pymes y a las economías regionales. Hay todo un conjunto de impuestos que recomponen la caja del sector público. Al mismo tiempo se lo dota al Estado, y esto es un poquito más preocupante, de mayor capacidad de financiarse tomando deuda con el Fondo de Garantía Previsional, se eleva la posibilidad de ponerle más papeles al fondo de garantía, incluso papeles de deuda que no tengan garantía específica; por lo tanto ahí hay un punto por lo menos complejo. Con esa mayor capacidad financiera y de recursos para el Estado lo que hay es, por un lado una definición de pagar deuda por un total de 4.571 millones de dólares; no queda claro si este va a ser el único pago porque se había hablado de suspensión de los pagos de deuda y aquí aparece un pago concreto. No está claro de qué manera se va instrumentar la reestructuración en el marco de este pago que se está definiendo y tampoco hay ninguna definición respecto de encarar el proceso de revisión del endeudamiento; de un endeudamiento absolutamente irregular como el de Macri. También hay un planteo en materia tarifaria que es importante porque se congelan las tarifas, y se pone en marcha una revisión tarifaria integral que tiene como objetivo, según la propia  norma dice, bajar la carga de la tarifa sobre los hogares y las empresas, al mismo tiempo se vuelve a colocar al ENRE en facultad de controlar a Edenor y  a Edesur.

-¿Y la recomposición de los ingresos?

-Hay un conjunto de definiciones en materia de ingresos. Por un lado hay una bastante preocupante, que es la suspensión de la movilidad a los jubilados, en un contexto donde casualmente esa fórmula por primera vez le iba a dar un resultado positivo. Este artículo era mucho más complicado, se modificó en mejor medida porque se excluyeron los regímenes especiales de la suspensión del sistema de actualización, pero se mantuvo la suspensión de la fórmula, aunque se ha agregado el tema de que las definiciones que tomará el Poder Ejecutivo en los próximos aumentos mantendrán el poder adquisitivo de las jubilaciones. Igualmente es una cuestión compleja porque la fórmula vigente ya ha dado dos aumentos, para marzo y para junio, y no sería muy lógico que ese derecho que ya tienen adquirido los jubilados no se cumpla.

-También están los bonos.

-Hay dos bonos, uno vinculado a jubilados que se va a entregar en diciembre y en enero de 5 mil pesos para los que perciben la mínima y un bono para los que perciben la Asignación Universal por Hijo. En términos de políticas de ingreso es un poco débil esta propuesta porque en un contexto donde los jubilados han perdido prácticamente un 23% de poder adquisitivo en estos cuatro años, cuando además los que perciben la asignación han perdido un 20%, que se esté otorgando un bono exclusivamente para la mínima y un bono para la asignación en lugar de estar planteando un refuerzo a través de un aumento de emergencia hace que el impacto en el consumo sea mucho más limitado que lo que debería ser. Es mejor que nada, y en el marco de una estrategia que tienda a bajar carga tarifaria, costos de tasas de interés, que de alguna manera controle precios de alimentos y medicamentos; obviamente puede producir un efecto reactivante. Pero de alguna manera la política en materia de reactivación de ingresos es mucho más limitada de lo que se necesitaría tanto para encarar un proceso de reparación del daño producido por el macrismo, como para impactar en términos de mayor consumo; generando en ese marco mayor nivel de actividad económica, y poder poner en marcha la capacidad ociosa que tiene la Argentina. Es un proyecto que tiene un enfoque interesante en materia impositiva, que tiene un enfoque interesante en materia tarifaria, que hay definiciones de política económica en materia de precios que van en sentido positivo, que nos plantea un interrogante sobre cómo va a seguir la negociación de la deuda y que tiene una política de ingresos que por lo menos desde nuestro punto de vista debería reforzarse. 

-¿A qué se debe la suba de los bonos argentinos y la baja del riesgo país?

-En primer lugar hay una señal de pago muy concreta, donde se definen pagar 4.571 millones de dólares. Por otra parte hay una definición de construir la caja del Estado y en ese sentido la perspectiva es decir: vamos hacia un superávit fiscal que puede ser la garantía de futuros pagos. Y porque la estrategia de ingresos al ser de alguna manera muy moderada, plantea una recuperación lenta y por lo tanto, está garantizando que el saldo comercial de los dólares de los que dispone la Argentina no se van a consumir en una reactivación muy potente. Tanto desde el lado fiscal como desde el lado de los dólares, Argentina está mostrando señales de pago. Es una característica del proyecto, que lo define como tal, y que es lo que ha producido un efecto positivo sobre los acreedores privados, porque los 4.571 millones de dólares que dice el proyecto que se van a utilizar para cancelar deuda externa coincide casi de manera completa con lo que es total de bonos que vencerían con legislación extranjera. Aunque no queda claro si van a ser los beneficiarios de ese pago o si ese pago además va a ser acompañado de otro que también cubra a los bonos con legislación argentina. Lo que se está dando es una señal fuerte de que Argentina va a pagar y en este sentido también no solo que ha habido una respuesta positiva de los mercados financieros sino también del propio Fondo Monetario Internacional.

-¿Sorprendió la decisión de no avanzar con la emisión monetaria y cuidar las cuentas fiscales, que era uno de los fantasmas que se agitaban desde algunos sectores?

-Me sorprendió que el ministro tocara ese tema para hablar de por qué tiene que suspender la movilidad jubilatoria, porque en realidad no es que no se vaya a emitir, se emite para comprar dólares, para ir bajando las Leliq y se plantea un cuidado especial de emisión cuando estamos discutiendo la recomposición de los jubilados. No es muy lógico el argumento, sobre todo cuando ha quedado claro en la historia reciente, que no es la emisión ni el déficit el problema de la inflación en Argentina; hemos tenido emisión cero y déficit cero con inflación que supera el 50% en el curso del presente año. Me parece que lo que hay también con la decisión de suspender la fórmula es dar una idea de que se va a desindexar el gasto, que es algo que venía pidiendo el fondo hacía tiempo. Y al hacerlo con el sistema previsional, que es el gasto más importante del total de la administración nacional, después de los intereses de deuda, es un indicador junto con la recomposición de los ingresos vía impuestos, una señal de que se va a un intento de garantizar un superávit que demuestre capacidad de pago. Tanto el modo en que se plantea la cuestión fiscal como lo limitado de la política de ingresos habla de una estrategia muy preocupada por mostrar capacidad de pago como condición para ir saliendo de la coyuntura actual.

-¿En cuánto influye para el futuro de la economía esta renegociación con el fondo y que puede pasar?

-El problema que tiene esto, tal cual está planteado hasta ahora, es que es difícil pensar en una recomposición rápida de la situación social y de la actividad económica. Todavía falta ver algunas otras definiciones que fortalezcan este aspecto. El hecho de haber otorgado bonos y no haber reforzado con aumentos concretos sobre salarios jubilaciones asignaciones sociales y demás, es un indicador de que se ha puesto una recuperación leve por lo menos por el lado del consumo y el consumo popular.

-¿Cómo analiza la anulación del consenso fiscal con las provincias? 

-La anulación del consenso fiscal es absolutamente lógica, porque ese consenso se firmó a finales del 2017 en el contexto de una Argentina que ya no existe. En el contexto de caída de actividad económica que se dio luego, que ha resentido fuertemente la recaudación de las distintas provincias y en el marco del endeudamiento provincial y las dificultades que las provincias tienen para enfrentar las deudas en dólares que han tomado; seguir planteando la necesidad de la reducción de impuestos como ingresos brutos no hacía más que agravar el cuadro. Y al mismo tiempo se le planteaban al Estado nacional un conjunto de compensaciones que resultaba muy difícil sostener, así que es absolutamente razonable que en el nuevo contexto que se abre a partir del 2018 y que llega hasta acá, se discuta una estrategia fiscal distinta.