En la misma mañana en que distintas organizaciones sociales, el Polo Obrero es la que aportó la mayor cantidad de manifestantes, se movilizaron de a miles a Plaza de Mayo para protestar bajo las consignas “fuera el FMI, no al pago de la deuda externa y basta de ajuste”,representantes de los pueblos originarios marcharon al Congreso para reafirmar la necesidad que la ley 26.160 de Emergencia Territorial sea promulgada y no prorrogada por sucesivos DNU, como sucede cada cuatro años.

El presidente Alberto Fernández prorrogó el jueves pasado por otros cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspenden por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

Al respecto, la portavoz Gabriela Cerruti, señaló que “la prórroga de esta ley se realizó porque dicha extensión tenía media sanción del Senado y despacho de comisión de Diputados, pero como vencía hubo que hacer la prórroga por DNU antes del 23 de noviembre".

"Esta norma habla de un reordenamiento territorial que se está llevando acabo y que no está concluido", aclaró Cerruti, quien además consideró que "el reordenamiento territorial es un espacio de diálogo para la cuestión de los pueblos originarios que reclaman derechos sobre algunos territorios".

"En muchas provincias se está avanzando mucho con este proceso. En algunas más, en otras menos, pero existen las herramientas institucionales para que los gobiernos provinciales se sienten con los representantes legítimos de esos pueblos", apuntó.

Las organizaciones indígenas y sociales consideran que la prórroga postergó el tratamiento de la ley en la Cámara y exigen que sea evaluada y aprobada cuanto antes, así como la realización efectiva de los relevamientos territoriales.