Con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, la policía desalojó ayer el predio de la localidad bonaerense de Guernica que permanecía ocupado por una parte de las familias que se habían instalado en julio pasado, en el marco de un operativo en el que fueron detenidas unas 35 personas

El procedimiento represivo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo, comenzó cerca de las 6 de y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó ayer que el desalojo "se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia" y afirmó que "es falso" que se les dio a las familias que participaron de la toma un monto de dinero, tal como informaron algunos medios periodísticos.

"En Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo. La policía simplemente actuó como auxiliar de la justicia para llevar adelante esa orden", dijo Kicillof.

El gobernador explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, "se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias" que abandonaron el predio y luego se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda. 

"La segunda prórroga terminaba mañana (por hoy). El juez y el fiscal entendieron que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia", añadió.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró que el gobierno hizo "todos los esfuerzos posibles" para lograr un desalojo pacífico de las tierras ocupadas en Guernica, sostuvo que hubo un sector de las agrupaciones que frenaron cualquier tipo de acuerdo y dijo que es "falso" que hubieran propuesto pagar 300 mil pesos a los usurpadores.

"Es una situación que siempre quisimos evitar y produce dolor porque no es lo que uno quiere, pero lamentablemente hubo tozudez de algunos sectores de obturar cualquier tipo de acuerdo", planteó. "Hicimos todos los esfuerzos pero acá había alguna intencionalidad que va más allá de las necesidades de la gente", añadió.

Los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar a unas tres cuadras del predio cuando grupos de ocupantes y vecinos resistían tirando piedras a las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y se desplazaron a pie y a bordo de cuatriciclos para dispersarlos.

"Ya está todo desalojado", dijo Berni en declaraciones a la prensa, luego que unos 4.000 efectivos policiales y agentes especiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar.

El operativo se llevó a cabo luego de varias semanas en las que el gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y pudo avanzar con la desocupación pacífica por parte de la mayoría de las familias.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres a cargo de la causa, confirmó que, en el marco del operativo de desalojo, hubo "cerca de 35 aprehendidos" y se encontraron en el lugar "balines, facas y fierros clavados en el barro".

En el marco del trabajado desarrollado por el gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales- realizó un censo entre los ocupantes "que identificó 1904 personas".

Del cruce de datos con el Renaper surgió que había "1098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente", explicaron desde el Ejecutivo bonaerense.

Según ese registro, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el gobierno para desalojar pacíficamente el predio y a cambio recibieron materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en "espacios transitorios" de Presidente Perón.

Fuente: agencia Télam