“Vienen por el agua”, dijo alguna vez -en su etapa progre- la multifacética diputada Elisa Carrió. Y el debate quedó en pie, respecto de lo que hacen, o dejan hacer, nuestros países para preservar la soberanía y la calidad de significativos recursos hídricos con los que se cuenta al sur del continente americano. Más aún en estados como el argentino, que recae casi patológicamente en sucesivas crisis neoliberales de sobrendeudamiento, que le es difícil afrontar, y buena parte de los acreedores, en numerosas oportunidades, sugirieron la sesión de la soberanía sobre la administración de los recursos naturales. Por caso, el Banco Mundial ha actuado como representante de las principales corporaciones de manejo del agua patrocinando la privatización del acceso y los servicios vinculados a la provisión del agua potable (Ver documento elaborado por Sabrina Cassia, Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador).  )

Luego de que el Parlamento del Mercosur recomendara al Consejo Mercado Común (CMC), del citado bloque regional, el diseño de una política común respecto al uso del Acuífero Guaraní, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el 2 de agosto de 2010 un acuerdo por el cual se formalizó un tratado multilateral del bloque.

A través de dicho acuerdo, las partes se comprometieron a ejercer en sus respectivos territorios el derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento de los recursos hídricos del sistema, sobre la base de criterios de uso racional y sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás partes, ni al medio ambiente. Asimismo, se asumió el compromiso de establecer programas de cooperación con el objeto de ampliar el conocimiento sobre el sistema, promover el intercambio de informaciones y prácticas de gestión, así como el desarrollo de proyectos comunes.

Recientemente, Uruguay anunció que el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente firmó un acuerdo con la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE), a fin de “generar un registro continuo de niveles, caudales, conductividad y temperatura, como insumos para los modelos matemáticos actuales y para los que se generen”, según se informó desde la Presidencia. Los sensores y toda la tecnología necesaria para llevar adelante el monitoreo serán provistos por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua). Según declaraciones de la ministra Eneida de León, “el convenio incluye una cláusula de confidencialidad sobre los datos obtenidos, porque son muy importantes para el país y deben estar protegidos”.

Por su parte, el subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente uruguayo, Jorge Rucks, explicó que “este acuífero se estudia en conjunto desde hace una década y que una de las primeras acciones que se plantearon en el plan estratégico inicial fue que cada país generara su propia red de monitoreo con las condiciones de sus aguas, estudio que Uruguay culminó recientemente”. Y agregó que “hace unos seis meses se presentó un nuevo proyecto conjunto (a nivel Mercosur) ante el Fondo de Medio Ambiente Mundial, para solicitar una nueva financiación y continuar con los trabajos articulados sobre el acuífero”.

El Acuífero Guaraní, que debe su nombre al geógrafo uruguayo Danilo Antón, es una de las reservas subterráneas de agua dulce más grandes del mundo, que se extiende por debajo de la superficie de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, representando el 26% del agua dulce utilizable del planeta. Cubre un área de 1.175.000 km² (se calcula un volumen de agua dulce almacenada de entre 40.000km3 a 50.000 km3); aproximadamente en Brasil ocupa 840.245 km² (9,9% de su territorio); en Argentina ocupa 225.000 km² (7,8%); en Paraguay ocupa 70 .000 km² (17,2%); y en Uruguay ocupa 45.000 km² (25,5%). De acuerdo con algunas investigaciones, su utilización se centra actualmente en el consumo humano (70%), utilización industrial (20%), turismo (5%), y la actividad agropecuaria (5%).

De acuerdo con el proyecto de la NASA denominado Gravity Recovery and Climate Experiment, este reservorio de agua tiene una recarga positiva en el orden de los 225 milímetros anuales, respecto a otros acuíferos evaluados en el mundo con pérdida de la masa hídrica.

En Argentina, en el año 2012 se sancionó la Ley 26.780, promulgada mediante el decreto 2218/2012, que aprueba el Acuerdo celebrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el marco de la XXXIX reunión del Mercosur, realizada en la ciudad de San Juan, el 2 de agosto de 2010. Con ello se reforzó el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (PSAG), desarrollado entre marzo de 2003 y enero de 2009, del cual la República Argentina participó activamente a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Cancillería. El PSAG contó con la asistencia de Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Banco Mundial (BM), Organización de los Estados Americanos (OEA), Gobiernos de Alemania y los Países Bajos, y la Agencia Internacional de Energia Atomica (AIEA).

Ello dio un marco para que, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Hídrico Federal (Cohife), se instrumentara el Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas de la Argentina, emprendiendo las acciones de monitoreo del Acuífero Guaraní en las provincias argentinas involucradas, la implementación del Sistema de Información común en los cuatro países del Sistema Acuífero Guaraní (Sisag), y el mantenimiento de actividades técnicas en el área del Proyecto Piloto Concordia (Argentina)-Salto (Uruguay).

En el 2017 el diputado Marcelo Wechsler presentó un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación, Protección y Restauración de la Calidad del Agua de los Acuíferos, con el objeto de promover la protección y el uso racional, establecer criterios de gestión, fomentar actividades de conservación y uso racional y sustentable de los acuíferos, y garantizar y fomentar las actividades de restauración de los acuíferos. La propuesta legislativa estipula además la creación del Observatorio Nacional de la Calidad del Agua de los Acuíferos, con el propósito de desarrollar estudios e investigaciones vinculados con la calidad del agua y desarrollar una red de información.

En marzo de este año, la diputada nacional Victoria Donda también representó un proyecto de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Acuíferos Naturales existentes en Territorio Argentino, entre los que se hace mención al Acuífero Guaraní, y donde se menciona que los compromisos asumidos “no han sido acompañados aún de legislación nacional que establezca principios mínimos de protección de los acuíferos, a pesar de la trascendencia del tema y de la importancia del recurso de que se trata”. Por ello, el proyecto pretende facultar al Defensor del Pueblo de la Nación, a instancia de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para solicitar a la autoridad judicial competente la suspensión preventiva de toda actividad que pusiere en riesgo cierto e inminente el desarrollo sostenible de los acuíferos naturales existentes en el territorio argentino, y reclama la urgente gestión y monitoreo del recurso por parte de las autoridades competentes. 

Ambos proyectos fueron tratados en la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, sin que se llegara a una conclusión. 

El ejemplo de lo que hoy sucede en la Amazonia, y la pésima gestión de ese vital espacio natural, nos debería hacer tomar conciencia de la necesidad de avanzar con normativas que garanticen la gestión sostenible de un recurso fundamental para el desarrollo humano como es el agua, y darnos cuenta que las amenazas no siempre vienen del exterior.