@ElFantasista

Patricia murió esposada a una camilla de terapia intensiva. Tenía 40 años. Los últimos seis los pasó detenida por la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo: cumplía una condena por homicidio agravado por el vínculo por haber sufrido un aborto espontáneo. La velaron un día antes del aniversario de la votación en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que buscaba garantizar los derechos de las personas gestantes. 

Durante toda su vida, Patricia soportó la violencia del sistema patriarcal. Era la más grande de cuatro hermanas y dos hermanos y de chica tuvo que aguantar las palizas de su padre. De grande se hizo cargo sola de la crianza de sus tres hijos. Se la rebuscaba como podía. Durante cinco años trabajó como secretaria en un estudio jurídico y vendió ropa en ferias ambulantes.

Recién se enteró de su cuarto embarazo el día que lo perdió en su casa de Ezpeleta. Un aborto espontáneo puso fin a cinco meses de gestación. Ella se asustó tanto que guardó el feto en una bolsa y lo tiró a la basura. Un vecino la vio y avisó a la policía. Dos meses después la detuvieron: esa fue la primera vez que pisó una cárcel.

Cuando cayó presa su hijo más grande, Alejandro, tenía 14 años. De chico había sufrido una meningitis y quedó con un retraso madurativo e hipoacusia. La más chica, Victoria, ya había cumplido los cuatro, la edad límite para poder convivir en el penal con la mamá.

La perspectiva de género estuvo ausente durante todo el proceso judicial. Le negaron el pedido de prisión domiciliaria para poder cuidar a su hijo discapacitado y la acusaron de homicidio agravado por el vínculo, un delito con una expectativa de pena a cadena perpetua. La mujer no pudo elegir: ante la amenaza de pasar el resto de su vida en un penal aceptó una condena a ocho años de cárcel en un juicio abreviado.

En la cárcel, Patricia intentó todo lo que pudo para que el encierro no le robara su vida: integraba el equipo de Rugby Las Espartanas y el taller de diseño textil de la agrupación Yo No Fui. “Este tipo de actividades son una forma de salir del encierro, de tener un trato con compañeras y docentes diferente al que te da el Servicio Penitenciario”, cuenta a Cosecha Roja Liliana Cabrera, ex detenida e integrante de Yo No Fui. “Además de la capacitación, en estos talleres también trabajamos desde los vínculos”, dijo. Patricia era una de las más activas del taller de diseño textil. Se había enganchado tanto que les había contado a las chicas de Yo No Fui que quería formar parte de la agrupación cuando recuperara su libertad.

Hace dos años, además, se anotó en la carrera de Trabajo Social del Centro Universitario San Martín (Cusam), un espacio educativo creado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el interior del penal. Este año, además, cursó la Diplomatura en Artes y Gestión Cultural. (Acceso al video en nota aparte).

“Quiero poder salir de acá y decirle a la sociedad que estoy preparada”, explicó en un video que grabó en la Cusam dos meses atrás durante el acto de graduación de la diplomatura. “Toda mi familia espera ansiosa que llegue ese dia”.

Patricia soñaba con recibirse de trabajadora social, pero sobre todo esperaba ansiosa el momento de volver a su casa para estar con sus hijos. Tenía la esperanza de que la justicia -que siempre le dio la espalda- le permitiera en los próximos meses tener sus primeras salidas transitorias. 

Quince días atrás la trasladaron al hospital de José León Suárez, donde quedó internada en terapia intensiva. Había pasado dos meses en la Unidad Penal 47 de San Martín con un fuerte dolor de vientre y sin atención médica. En ese tiempo había perdido tanto peso que su familia no la reconocía. Los médicos no pudieron operarla de urgencia por la inflamación de la vesícula. Pasó sus últimos días inconsciente y esposada a la cama.

Rostro, voz y palabras, dos meses antes de morir