Luego de 27 días de haber desaparecido cuando iba desde su casa a tomar turno en la Comisaría 42 de Bariloche a la que nunca llegó, el miércoles de esta semana encontraron el cuerpo de un joven oficial de la Policía de Río Negro, Lucas Muñoz con un balazo en la frente. Fue hallado a unos cinco kilómetros de la ciudad en un descampado, que había sido rastrillado por patrullas de búsqueda en otras oportunidades.

Casi un mes en el que sucedieron una serie de acontecimientos que entre otras cosas determinaron la separación de sus funciones de seis altos oficiales de la policía, cuatro de ellos Comisarios, detuvieron a dos agentes, allanaron viviendas del barrio policial, secuestraron drogas en la casa de dos efectivos policiales, allanaron comisarias en Bariloche, Allen y Catriel, y finalmente la decisión de la justicia se apoyó para la investigación en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional.

La justicia deberá determinar ahora con celeridad, cual fue el móvil de la desaparición y muerte de Lucas Muñoz y cuál es el grado de compromiso y responsabilidad de sus compañeros policías. 

Si bien todo está rodeado de un cerrado hermetismo oficial, todo indica que se está ante un nuevo y grave hecho que involucra y compromete directamente a la fuerza policial rionegrina, a partir de un sinnúmero de hipótesis acerca de lo que pudo haber sucedido, pero que, sin dudas, es un serio problema para el gobierno provincial.

El gobernador ha manifestado que se irá hasta las últimas consecuencias y que se tomaran todas las medidas necesarias para corregir las conductas impropias, ratificando que no habrá concesiones para con quienes hayan sido partícipes de cualquier tipo de irregularidad y todo parece indicar que circunscribirá la reestructuración a la policía de Bariloche.

En virtud de los muchos antecedentes que desde hace años involucran a hombres de la institución policial rionegrina, y si ahora se comprueba que en la eliminación física de Muñoz, es imputable a uniformados, habrá llegado la hora de someter a la policía de Río Negro a una profunda y amplia depuración y practicar cirugía mayor.

Más allá de líneas de investigación, hipótesis y conclusiones de los investigadores hay serios indicios que detrás de esta dolorosa situación hay un fuerte mensaje hacia el poder político.

El abogado de la querella no duda y afirma que el cadáver fue plantado, o sea que no lo mataron allí sino que fue llevado, tiene un balazo en la frente, apareció en un lugar que había sido rastrillado, el día en que el gobernador llegaba nuevamente a Bariloche, demasiado coincidencias como para no presumir que al gobierno le tiraron el cuerpo de un policía en las narices.

De todas formas la investigación judicial que tiene la obligación de esclarecer quien o quienes secuestraron y asesinaron a Lucas Muñoz, podrá aportar pruebas más contundentes o bien desacreditar esta presunción.

No sólo por este último hecho, sino por varias situaciones que se vienen sucediendo desde hace años, es bastante generalizado el pensamiento acerca de presuntas connivencias directas o indirectas de la fuerza en graves delitos que van desde la trata de personas, el juego, prostitución y o tráfico de drogas que posiblemente no sean sólo exclusividad de la policía rionegrina, pero lo cierto es que aquí la especulación existe. Por supuesto que siempre es inapropiado generalizar pero, como suele suceder muchas veces pagan justos por pecadores.

El actual gobierno siempre mantuvo la posición de mantener a un civil al frente a la fuerza y fue planteado en la búsqueda de una transformación, pero es posible que más allá de la buenas intenciones, la experiencia no ha dado buenos resultados.

Por el contrario, en un análisis retrospectivo, se puede concluir que tal determinación ha lesionado uno de los principales atributos del policía que es el ejercicio del mando de manera vertical y que se respeta cuando es genuino y no impuesto artificialmente. 

Pero posiblemente sea esa organización vertical y ese pensamiento el que deba modificarse y al decir verdad, el actual jefe, Mario Altuna, tiene pocos días al frente de la institución y si bien es un civil, se ha desempeñado desde hace años como abogado defensor de integrantes de la fuerza y conoce a sus hombres. Igualmente no es lo mismo defenderlos que mandarlos.

Tras su asunción prometió diagramar un nuevo perfil de la policía, respetuosa y honesta y advirtió como anuncio y a la vez como advertencia que "vengo a cortar negocios”, una confirmación de los pensamientos generalizados a los que nos referíamos.

Igualmente, insistimos que ya no alcanzan los traslados, los pases a retiro de algunos o las desvinculaciones sino que la determinación debe ser más drástica.

Este lamentable episodio de la muerte de un policía dejo en evidencia la falta de colaboración, predisposición y solidaridad del policía hacia el poder político o la autoridad.

El propio gobernador llegó a decir en algún momento, incluso antes de conocerse el fatal desenlace que "estamos en presencia de un hecho mafioso” y agregó que “es muy grave que en democracia, con todas las garantías, no se sepa qué pasó, es una situación dramática y, que sea un oficial de la policía lo hace mucho más grave”.

Lo que queda claro es que se necesita una urgentedefinición de las autoridades políticas, con medidas claras y concretas, depurando lo que haya que depurar, limpiando lo malo y manteniendo lo bueno, rediseñando la fuerza y desarrollando un plan de acción adecuado, orientando y definiendo el rumbo a seguir, que es el deber del Estado.