Hace poco se reunió en la ciudad de Tucumán, el Consejo Federal de Derechos Humanos que convoca a los responsables del área de cada una de las provincias. Once  de ellas lograron consensuar un duro pronunciamiento en el que ratificaron su compromiso de no permitir la instalación y legalización formal o solapada de la teoría de los dos demonios; reconocer como derecho fundamental el acceso al agua, la electricidad y el gas y que no pueden ser una “mercancía subordinada a las leyes del mercado; garantizar el derecho universal al trabajo y erradicar prácticas de linchamiento mediático y persecución judicial y política a opositores”. Además cuestionaron la “concesión sistemática de arrestos domiciliarios” a represores y la detención ilegal de Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru. El documento fue firmado por los referentes de las provincias de Tucumán, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Misiones y  Neuquén.

No es la primera vez que la provincia de Neuquén toma distancia del gobierno nacional en materia de derechos humanos, ya lo había hecho al no firmar el “protocolopara la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones” propuesto por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo en esta oportunidad la crítica apuntó a derechos fundamentales lesionados por la política económica y resultó el primer pronunciamiento de la administración provincial frente a la detención de la dirigente social jujeña.  

Al menos suena disonante que por un lado el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se esfuerce por demostrar su acompañamiento a las políticas que lleva a cabo la alianza Cambiemos y eluda dar definiciones al respecto, y por el otro aparezca este tipo de sorpresas. Igualmente se debería tener en cuenta que ésta provincia no fue la única en firmar dicho documento y al mismo tiempo prestar sus senadores para apoyar el pago a los holdauts o sumarse a otras iniciativas del ejecutivo nacional. ¿Qué pasó entonces?

 Una estaría tentada de pensar que doce años de una política de estado decidida y contundente en materia de derechos humanos  instaló -en términos sociales pero sobre todo institucionales- una agenda específica difícil de erradicar rápidamente. Algo así como una pesada herencia, pero de la buena. Pero también es cierto que para muchos de los ejecutivos provinciales y municipales los derechos humanos son sólo necesarios para mostrar buenas y “civilizadas” intenciones y para que cada 24 de marzo alguien se haga cargo del “acto escolar” que establece el protocolo. Es probable que en gran medida y con bajos presupuestos, se desconozcan las líneas de trabajo que se llevan adelante y que éstas sean más el resultado del compromiso de quienes están al frente del área que de un programa de gobierno. Más de uno se debe haber sorprendido de que sus funcionarios terminaran elaborando tal pronunciamiento.  Hasta el mismo Claudio Avruj -a cargo de la cartera nacional- se debe estar lamentando de no haber previsto la acción.

En el caso de Neuquén, el MPN ha mostrado más de una vez este tipo de bifrontalidad cuando diseña su relación con la administración nacional de turno. Gestiona su frente externo adaptándose a las distintas coyunturas de la política nacional de forma tal que eso no quiebre su frente interno. Así se ha mostradodesarrollista y  neoliberal; ha ido de la defensa de los derechos humanos a la “mano dura” contra la protesta social; pasó de un federalismo cuasi aislacionista a la “alianza estratégica” con las petroleras privadas y ello en vez de provocar escisiones o surgimiento de facciones irreconciliables, por el contrario lo ha perpetuado como partido gobernante en la provincia. Ahora bien, si alguna tortuga se escapa y amenaza la estrategia definida,el poderoso frente interno reclamará disciplinamientocomo lo hizo con la senadora emepenista Lucila Crexell por haberse negado a votar la ley de blanqueo de capitales.

Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo y que se entienda que los derechos humanos no deberían ser alcanzados por la insoportable levedad de la coyuntura política.