Las 127 personas fallecidas en México el pasado 20 de enero por la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex (Petróleos Mexicanos), tragedia que ocurrió en la comunidad San Primitivo (municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo), es la cara más dramática de un combate que ha decidido dar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el descomunal robo de combustible, perpetrado por un entramado delictivo tan complejo como el del propio narcotráfico.

La palabra que se instaló en el primer mes de este 2019 es “huachicoleros”, es decir las personas que se dedican al robo, adulteración y comercio ilegal de combustible. Un término de origen controvertido, pero que la Academia Mexicana de la Lengua rastrea en la palabra maya waach, que inicialmente designaba a los forasteros y con el tiempo pasó a utilizarse para aludir a quienes viven de lo ajeno. Ya a comienzos del siglo XX “huachicoleros” señalaba a quienes adulteraban bebidas alcohólicas, en especial el tequila.

Las imágenes de la tragedia de Tlahuelilpan fueron surrealistas. Más de un centenar de personas bañándose literalmente en gasolina, con bidones y jarras tratando de capturar combustible que brotaba como un manantial que finalmente explotó. La catástrofe puso de relieve la gravedad tanto social como económica, ya que el robo de combustible en México ocasiona unos 3.000 millones de dólares en pérdidas anuales al Estado.

Como parte del plan contra este flagelo, el gobierno anunció un programa de desarrollo en 91 municipios, de nueve estados (equivalentes de las “provincias” de Argentina), por donde pasan ductos de Pemex. El propósito es beneficiar a algo más de 1.688.000 (un millón seiscientos ochenta y ocho mil) personas que en los últimos años tuvieron más contención por parte de las organizaciones delictivas que del propio Estado.

Si bien el robo “hormiga”, con perforaciones improvisadas, es parte de la realidad, en lo esencial los verdaderos dueños del negocio son las organizaciones delictivas (cárteles de la droga incluidos) y las complicidades internas. El gigantesco negociado se armó a través del desvío de combustible y la construcción de redes de distribución paralelas a las de Pemex.

El robo llegó a darse, incluso, en las propias plataformas marítimas de la empresa. La petrolera mexicana fue creada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas como una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural. Mantuvo el monopolio de producción, distribución y venta hasta las reformas del sector energético que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.

El saqueo incluyó desvío de donaciones, tal como señaló la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tras la revelación de que las empresas Hidrosina y Tecpex vendieron combustible que Pemex donó para la secretaría (equivalente a ministerio) de la Defensa Nacional, así como para algunos gobiernos de los estados (provincias).

Hidrosina es una cadena de estaciones de servicio propiedad de William Jorge Karam Kassab, un empresario que está sindicado como “prestanombres” del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, condenado por lavado de dinero y asociación ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría (ministerio) de Hacienda tiene detectadas unas 13 compañías que no reportaban compras de gasolina, pero que sin embargo operaban públicamente estaciones de servicio.

Por otra parte, en un trámite un tanto confuso, trascendió que la Procuraduría General de la República (PGR) y la citada UIF sometieron a investigación, y congelaron sus cuentas bancarias, al general brigadier Eduardo León Trauwitz, hombre protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta, y que llegó a ocupar la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, una función desde la cual era responsable de la seguridad de la empresa.

Otro de los sospechados es el dirigente gremial petrolero Romero Deschamps, quien fue denunciado por trabajadores de su sector ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

El operativo gubernamental para acabar con el robo de combustible dificultó el normal abastecimiento de gasolina en algunos estados, incluida la propia Ciudad de México, situación que fue aprovechada por sectores opositores para avivar el malestar, y el acaparamiento, entre los automovilistas que debieron hacer largas filas para aprovisionarse del anhelado fluido.

Por su parte, las organizaciones criminales parecen no asumir de manera pasiva la decisión del gobierno de enfrentar una de las grandes “industrias” del delito en el país. El 31 de enero se encontró un explosivo colocado en una camioneta próxima a la puerta 5 de la refinería de Salamanca, estado de Guanajuato, también propiedad de Pemex. El artefacto estaba elaborado con Emulex, componente que se usa para realizar explosiones controladas.

Al mismo tiempo, sobre un puente cerca de allí apareció una manta al estilo de las que suelen dejar los grupos narco, en la que se leía de manera textual: “Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su puta madre a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado si no te boy (SIC) a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que Guanajuato nos los necesitamos. Hay te dejo un regalito en mi refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente: El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima”.

La respuesta presidencial fue inmediata. “No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación”, señaló ese mismo día Andrés Manuel López Obrador. "Todo el que cometa un delito, el que esté fuera de la ley, de acuerdo con lo que hemos dicho: al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie. No va a haber huachicol ni arriba ni abajo", manifestó el mandatario mexicano que asumió en diciembre, quien a la vez reiteró que continuará con la misma modalidad de una seguridad personal discreta. “Porque el que lucha por la justicia -aseguró- no tiene nada que temer".