El decreto 267 que firmó, recién asumido, el presidente Mauricio Macri, golpea particularmente el derecho a la información. La reforma de algunos artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reduce la autoridad de aplicación a una inactiva oficina de gobierno, disuelve la representación de los sectores intervinientes en la comunicación audiovisual del país y le saca el carácter antimonpólico a la ley. Beneficiar a los monopolios, especialmente al grupo Clarín, afecta los derechos de las audiencias. Puede decirse que con sectores concentrados cada vez más fuertes el derecho al acceso a la información está vedado a la mayoría del pueblo.

 Los monopolios siguen desparramando por todo el país su agenda de información que se edita en Buenos Aires y que ahora difunden también los medios públicos.  

A las 23 provincias llega particularmente información de la capital, de Jujuy y de la provincia de Buenos Aires. Sólo si hay una tragedia en otro distrito será de “interés nacional”. En definitiva información que no moleste al gobierno de Macri.

La avenida General Paz vuelve a ser el límite político de la comunicación, la frontera de la información nacional. En una disputa más parecida a la de unitarios y federales del 1800, periodistas y radios populares del “interior” enfrentan la agenda única porteña y de gobierno que llega por todos los medios. 

 Puede decirse que en los hechos el decreto267 de Macri refuerza la agenda única de gobierno hecha en Buenos Aires y que, por el imperio de los monopolios, silencia las agendas del resto del país.

Por su parte el Estado, con los medios públicos, en tanto se ajusta a la agenda de los monopolios, tampoco garantiza la circulación federal de la información.

Los informativos radiales y televisivos dejan para el segundo bloque de cada edición la información del las provincias o en lugares de programación marginal.

En definitiva el mapa mediático que se vive desde el decreto 267 no sólo impone una sola agenda periodística sino que además invisibiliza a las provincias.

Viejo derecho, nueva violación

Damián Loreti, es abogado especialista en Derecho a la Información, doctor en Ciencias de la Información y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). En su libro “Derecho a la información” aclara que la introducción a ese derecho en la Argentina se realiza a través del Pacto de San José de Costa Rica, que se aprobó por la ley 23054 en Marzo de 1984.

Loreti escribe sobre la concepción del Sujeto Universal del derecho de la información. “El derecho que le cabe es de recibir informaciones y opiniones por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Este punto es fundamental y está orientado al pleno reconocimiento del derecho al conocimiento y a la participación del individuo. El derecho al conocimiento de la noticia es aquel que le permitirá saber qué es lo que le ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad.

Debe contar también el sujeto informado con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que se quiere informar. Lo que podría denominarse Derecho al Pluralismo Informativo; es la garantía efectiva de la recepción de una información sana y participativa. La facultad de cualquier ciudadano de contar con pluralismo informativo es el objetivo de impedir la conformación de monopolios informativos, obligación que le cabe al Estado según el artículo 13, inciso 3 del Pacto de San José de Costa Rica”.

Es interesante leer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en noviembre del 2013, declaró la constitucionalidad la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (artículo 42 de la Constitución Nacional) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales.

En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones.”

El Comité de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que el Estado debe “revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”. Al tiempo que exigió la adopción de medidas para impedir esa concentración.

Otras lesiones al derecho a la información

También compromete seriamente el acceso a  la información de las audiencias el hecho que se cierren medios, que se despidan periodistas, que se precaricen los puestos de trabajo y que existan malos tratos y amenazas. Redunda en cada vez menos medios, menos periodistas y los que siguen trabajando en situación de fragilidad.

Los medios cooperativos y comunitarios resisten dignamente el avance de la única agenda. Las televisoras comunitarias y cooperativas se apoyan entre sí y las radios populares asociadas se transforman en uno de los últimos reaseguros de pluralidad y federalismo. El informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) se transformó en uno de los pocos ejemplos de verdadera información nacional surgida de sus radios asociadas en todo el país.

Sin embargo la prensa libre parece tener mayores inconvenientes que la empresa libre. Los medios populares que ganaron los concursos del Fondo de Fomento Concursable (Fomeca) no reciben los fondos que otorga la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No se abrieron las líneas 2016 para esos concursos y no se habilitaron los canales de televisión que ganaron concursos en la televisión digital.