Es un dato universalmente conocido que estas sociedades no se crean como un mecanismo de transparencia sino todo lo contrario, para facilitar la evasión fiscal, el lavado de dinero o la fuga de divisas del país de origen.

Pero además, según definió en su momento la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó -una funcionaria que el gobierno de Macri ha intentado apartar hasta ahora sin éxito-, gran parte de los paraísos fiscales se encuentra bajo la protección de grandes países onshore. Por ejemplo, el Reino Unido tiene bajo su tutela entre otros el de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos el estado de Delaware.

Lo cierto es que las explicaciones dadas por el presidente a posteriori de que el escándalo tomara estado público no han hecho más que agravar su situación inicial.

Macri argumentó que no tenía nada que ocultar y que Flag Trading, la primera de las sociedades que se le descubrieron y que opera en Bahamas, no había sido declarada porque no tenía acciones y la empresa nunca había llegado a operar.

Pero como se sabe, el secreto que rodea a este tipo de emprendimientos en Panamá impide saber si con antelación a la fecha en que la titularidad de las acciones pasó a ser pública, ocurrida aproximadamente hace dos años, quiénes eran los dueños de las acciones.

Además, contrariando lo que había dicho el mandatario nacional, en el sentido de que Flag Trading fue creada para introducir pago Fácil en Brasil pero el negocio no se pudo concretar, Marcelo Temporini, ex CEO de la empresa en Brasil y hombre de confianza del grupo Macri, declaró que el desembarco de la firma en el vecino país se desarrolló “exitosamente (…) logrando un número de transacciones, agentes de retail autorizados y resultados por encima de los presupuestados”.

El escándalo cobró mayor volumen cuando se supo que Fleg Trading no era la única empresa offshore de la que participaba el presidente. Aparecieron Kagemusha S.A. y según algunas fuentes varias sociedades más hasta llegar a un total de nueve.

Para tratar de frenar la bola de nieve, el presidente decidió hablar del tema en público y concurrió ante los tribunales a pedir una “declaración de certeza” para intentar desligarse del escándalo. Pero lo cierto es que no logró aclarar demasiado.

Además, esa acción judicial no puede impedir la investigación penal abierta por el juez Sebastián Casanello -a instancias del diputado neuquino del Frente para la Victoria Darío Martínez- para tratar de establecer si Macri “omitió maliciosamente” incluir los datos de las dos primeras sociedades offshore que se le conocieron en sus declaraciones juradas.

Con el transcurso de los días, se supo también que el pasado 19 de febrero el presidente transfirió sus acciones de Yacylec S.A. -una transportadora de energía producida por la central de Yacyretá- a Sideco Americana, el holding familiar del que se sospecha con algún fundamento forma parte Mauricio.

Posteriormente tomó estado público que algunos de los funcionarios que acompañan a Macri en la actual gestión o lo hicieron cuando era intendente de la capital federal, se cuentan de igual forma entre los titulares o partícipes de cuentas offshore.

Tal el caso del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la legisladora macrista Carmen Polledo (secretaria de Rank International Corporation) o el ex secretario de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Avruj es dueño junto con su esposa de la sociedad anónima Kalushy, de Panamá, y cuando se le preguntó sobre el tema dijo que fue creada por la organización judía internacional B’nai B’rith (Beni Beríth) para “cumplir con la normativa laboral” de Panamá cuando era director del distrito 23 área Caribe de la entidad.

Pero B’nai B’rith Internacional indicó que no estableció ni autorizó la constitución de ninguna empresa en Panamá, y advirtió que las sociedades offshore son contrarias a los principios de esa organización que persigue finanzas totalmente “transparentes”.

Grindetti, es apoderado de una empresa en Panamá y de titular de una cuenta en Suiza, y en su momento fue denunciado por el legislador porteño Marcelo Ramal que pidió que se investigue la relación entre la cuenta suiza y una colocación de deuda por 475 millones de dólares que realizó en nombre del gobierno de la ciudad

Hasta aquí, Macri ha contado con la ventaja del cepo informativo que le brindaron los grandes medios oficialistas, como “Clarín” y La Nación”, que luego de restar importancia al tema tornaron a ocultarlo inflando otros temas hasta convertirlos a su vez en escándalos.

El diario francés “Le Monde” denunció el significativo “silencio” del diario de los Mitre sobre el tema, pero más tarde se supo que el director de “La Nación”, Luis Saguier, también está relacionado con el mundo de las sociedades offshore creadas en el estudio Mossack Fonseca, de Panamá.

En cuanto a “Clarín” se conoció que su CEO, Héctor Magnetto, tiene su propia offshore en Panamá, según surgió también de los datos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.

Además del presidente, no son los únicos empresarios que acuden a un paraíso fiscal. Ahora acaba de confirmar la misma investigación que numerosos dueños de empresas de primer nivel de la Argentina pertenecen al selecto grupo de quienes poseen sus propias offshore panameñas, sin que hasta el momento se haya podido establecer con qué propósito usan esas estructuras diseñadas para evadir impuestos y fugar divisas.

Entre ellos se cuentan Eduardo Eurnekian, de la Corporación América; Gregorio y Jorge Pérez Companc; la familia Blaquier; Luis Pagani, de Arcor; Alfredo Coto y Amalia Lacroze de Fortabat, cuyos bienes fueron administrados por el ahora ministro Alfonso Prat-Gay, cuando era director de J.P Morgan. Esto, para mencionar a los más notables.

Así las cosas y remedando el título de una gran película italiana de cine político, se podría decir con razón que en Argentina “La clase empresaria va al paraíso”.