La votación del Senado de la Nación en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo nos permite efectuar estas primeras reflexiones del orden democrático:

1- La ley ha sido rechazada. Pese a ello, socialmente ya es ley. La construcción efectuada por los movimientos feministas ha permitido visibilizar, conocer y adoptar una postura sobre el tema. De mínima existe el consenso social en que no es posible castigar penalmente la decisión de la mujer. No es un tema menor, pese a que debió ya hace tiempo ser un tema superado cultural y legislativamente.

2- La ley del aborto es ley, pese a no ser ley. Es un ejemplo claro de la bifurcación entre democracia formal y democracia real.

3- Las democracias avanzan muchas veces a tiempos distintos entre la ciudadanía y los gobiernos: los movimientos sociales se anticipan en la construcción de derechos mientras que el poder estatal retrasa el reconocimiento de esos mismos derechos.

4- La democratización de determinadas zonas del poder del Estado está lográndose mediante la irrupción de movimientos sociales que imponen agendas públicas. Toman estos debida nota de cada voto, de cada nombre y pertenencia partidaria de cada legislador.

5- Existe una creciente consciencia colectiva de la existencia de sectores o motivaciones que intermedian entre “el pueblo” y “sus representantes”; distorsionando la representatividad directa entre ciudadanía y legisladores. Esa consciencia generará antes o después transformaciones en la concepción tradicional de los gobiernos, de los mecanismos de representatividad e incidencia efectiva en la toma de decisiones de políticas públicas. Estamos frente a la gestación de una gobernanza distinta en un siglo distinto.

6- El espacio público es un espacio neutral; ni uniforme ni uniformador ni adoctrinador. La diversidad de expresiones y de realidades sociales deben ser amplificadas en su escucha y en su sentir en ese espacio. El Estado es laico, ello lógicamente nos lleva a concluir que el espacio público y el modo de articularlo es laico también.

7- Los niveles de argumentaciones políticas que fundamentaron las votaciones, en algunos casos, han sido débiles o inexistentes. No se ha sabido separar las convicciones, en especial las de orden religioso -de diversas creencias e iglesia - de la expresión institucionalmente buscada por el sistema político constitucional vigente. Existen serias sospechas de la incidencia de sectores religiosos en la voluntad final de determinados legisladores. Ello no es posible en un país laico; más allá del derecho de cada quién a estructurar su propio modelo de vida desde las creencias.

8- Las expresiones y los silencios de quienes asumen cargos públicos deben ser “cuidadas”, reflexivas y meditadas ya que ambos pueden contribuir a la realización del bienestar general o bien pueden agredir la propia dignidad de las personas debilitando la institucionalidad.

9- Los derechos no son absolutos, estos están limitados por las justas exigencias de una sociedad democrática. Ahora bien, ninguna reglamentación es válida si desconoce la base misma del sistema político institucional: los derechos humanos y sus contenidos esenciales.

10- Mientras el Congreso debatía la ley, mientras escribimos estas reflexiones, mientras el Gobierno Nacional decide o no presentar un proyecto de despenalización, sigue colocándose a la mujer en una encrucijada incorrecta e inconstitucional: la pérdida de su propia libertad – castigo penal por la decisión – o la pérdida de su propia vida - al obligarla a realizar la práctica de manera clandestina - .

11- El movimiento de mujeres no llegó tan sólo como otro movimiento más. Es el gran protagonista de la transformación social y política de este siglo.