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Columnistas
28/06/2018

La crítica de la armas

La crítica de la armas | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Ante la aparición de casos de violencia que involucran a policías de la provincia, el autor de esta nota -cuyo título recuerda el de un libro del filósofo José Pablo Feimann- se pregunta si se están llevando a cabo los controles psicofísicos establecidos para quienes ingresan en las fuerzas de seguridad.

Luciano Inchaurregui *

Una de las pocas posibilidades que tienen los jóvenes neuquinos de poder obtener un empleo estable y de rápido acceso, es ingresar a las filas de la policía provincial. Y si ese joven, además, vive en el interior del  territorio, donde la falta de trabajo y las alternativas son mucho más acotadas, la incorporación a las fuerzas de seguridad suele ser la salida laboral más a mano.

Si uno se remite a la página oficial de la repartición donde figuran los requisitos para ingresar a cualquiera de los estamentos de la carrera (oficial, suboficial, agente) una de las principales condiciones es aprobar los exámenes psicofísicos preestablecidos para la selección.

Por caso, en la práctica los aspirantes son evaluados por profesionales que a la hora de calificarlos tendrían tres posibles opciones: apto, no apto, y apto con “seguimiento por dos años”. Sin embargo, no siempre aquellos que no reúnen las mínimas condiciones para vestir el uniforme, quedan afuera. Es un secreto a voces que aún los ingresantes que carecen de una personalidad conforme a la requerida por el perfil estipulado, muchas veces pasan la prueba ya sea con “condiciones”, para darles una “oportunidad” o por “decisiones políticas” que toma algún funcionario de mayor jerarquía.

No es una novedad que gran parte de los empleados públicos neuquinos ingresan al Estado cuando cada tanto se pone en marcha la maquinaria electoral que el partido provincial controla hace casi 60 años. Basta con mirar las diferentes capas geológicas de trabajadores para darnos cuenta que muchas de ellas coinciden con los diferentes comicios que tuvo que afrontar el gobierno.

No obstante, es razonable que frente a las demandas de la sociedad, el Estado provincial necesite incorporar más efectivos a sus planteles. Pero, llevar esta lógica al extremo de permitir el acceso de personas que no han aprobado adecuadamente los exámenes psicofísicos establecidos para la selección, es un acto grave de irresponsabilidad y negligencia institucional.

Si bien no es una estadística significativa, es alarmante que en lo que va del año 2018 sólo en Chos Malal hemos sido testigos de dos incidentes que involucran a trabajadores de la Policía de la provincia. En uno de ellos, en un confuso episodio, un policía fuera de sí y en evidente estado de "fragilidad psicológica" descargó las municiones de su arma contra sus propios colegas. Hace apenas 30 días, otro de ellos, prácticamente secuestró a su ex mujer e hijos sometiéndolos a circunstancias de extrema violencia.

Estos hechos no son los únicos que ocurrieron en el último tiempo. Hace unos años una agente de Buta Ranquil tuvo un intento de suicidio con su arma reglamentaria después de discutir acaloradamente con su novio por teléfono. Si bien la mujer, no murió, el suceso le ocasionó la pérdida de un riñón.

Como médico de familia de Chos Malal y del norte neuquino desde hace casi 30 años, y preocupado por esta situación que pone en riesgo la salud mental de los involucrados y genera zozobra en toda una comunidad, me veo en la obligación de denunciar estos hechos y hacerme preguntas que tendrán que responder los organismos competentes para actuar en consecuencia.

¿Es real que se les hace seguimiento por dos años a los aspirantes que fueron ingresados en esa categoría? ¿Están registrados esos seguimientos? ¿Cuál es la evaluación que se hace de los mismos? Porque no es descabellado pensar que los agentes a los que se les retiró el arma por violencia de género, apremios ilegales o desequilibrios emocionales, integren precisamente el grupo de policías a los que se les debió realizar ese estricto seguimiento.

Por último: ¿no habrá llegado el momento de que los tres poderes del Estado intervengan pidiendo informes, investigando y actuando de oficio para sancionar, si corresponde, a quienes no están cumpliendo con sus funciones, y de esa manera, evitar males mayores?



(*) Médico de Familia, MP 1802, Chos Malal. Ex delegado de PAMI en Neuquén.
29/07/2016

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