Fue el más grande sabotaje al tránsito y al abastecimiento perpetrado por sectores de las clases medias y altas en contra de la totalidad de la población argentina en toda su historia. Jamás había ocurrido algo semejante. En ocasiones anteriores, esa actitud violenta contra el conjunto de la sociedad solo había sido ejecutada por sectores de poder a través del aparato militar, pero nunca por gente común del pueblo -entre los perpetradores había miles de agricultores o productores ganaderos que no eran oligarcas ni ricos- en contra de sus semejantes.

El bloqueo empresario a la comercialización de productos agropecuarios de 2008, que con el correr de los días y semanas se ampliaría con una estrategia de bloqueo de rutas y desabastecimiento de alimentos en los centros urbanos, empezó el 13 de marzo de ese año. El discurso dominante logró imponer que se trataba de un “paro del campo”.

Sectores intelectuales y políticos afines al kirchnerismo quisieron denominarlo de forma crítica pero apelaron a una denominación en inglés, “lockout”, conceptualmente correcta pero hermética para una gran parte de la población y, por lo tanto, ineficaz para la disputa por la percepción y significación de la realidad (la “disputa por el sentido”). Las palabras que no empatizan con audiencias o públicos amplios, no sirven para conquistar su comprensión y/o su adhesión.

Otro intento de referir críticamente a los hechos fue mediante el uso de la expresión “patronales del campo” para señalar a sus responsables. En este caso, al menos eran palabras del castellano y en consecuencia claramente entendibles para cualquier persona. Pero raramente se apeló a enunciados como “empresarios del campo” o “capitalistas del campo” para referirse con precisión a los impulsores de tal accionar.

Es más: en un extremo de tergiversación semántica, periodistas y animadores de radio y televisión denominaban a la medida de fuerza como “huelga de los trabajadores del campo”. En similar sentido, sin avergonzarse por el ridículo sino como muestra de impunidad retórica cuando se habla desde posiciones de poder -poder mediático, en este caso- el jerarca periodístico del diario Clarín, Eduardo Ven Der Kooy, solía llamar “campesinos” a los protagonistas de la medida de fuerza.

Desde los discursos contra-hegemónicos, Horacio Verbitsky acuñó desde el diario “Página 12” le denominación de “agresión agro-mediática” para referirse a los sucesos. Por su lado, un grupo de intelectuales, académicos y artistas decidió pronunciarse mediante una “carta abierta” donde apelaron al neologismo “destituyente” para advertir sobre el carácter del accionar ruralista. Ese pronunciamiento daría nacimiento al espacio que desde entonces adoptó, precisamente, el nombre de “Carta Abierta”.

Con el correr del tiempo, particularmente en ámbitos politizados y en el periodismo en general, se hizo común referirse a los hechos del año 2008 como “el conflicto por la 125”. Nuevamente hermético, el concepto presupone que una gran mayoría de la gente recuerda de forma nítida qué es lo que significa ese número.

Quizás sea útil recordarlo: 125 fue el número de una resolución del ministerio que en ese tiempo se llamaba “de Economía y Producción”, y por la cual se disponía que los aranceles -o “retenciones”, o “derechos de exportación”- a pagar por las exportaciones agropecuarias, serían “móviles”. La palabra “móviles” aludía a que los montos que debían abonarse al fisco se modificarían según fuera el precio de los productos en el mercado internacional: a mayor precio, más pago de aranceles; y viceversa.

Consecuencias del conflicto ruralista

Mirado desde la perspectiva de 10 años después, aquel proceso puede ser interpretado como el comienzo de la ofensiva de la derecha social y política argentina por rearticular y acumular fuerzas hasta volver a gobernar el país. El bloque dominante -aquí mencionado, genéricamente, con la categoría ideológica de “derecha”- había quedado desarticulado y deslegitimado desde fines de 2001 por haber llevado al país a la quiebra económica, el estallido social y el cataclismo político. Y después de perder posiciones de poder y de apropiación de la riqueza nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner, necesitaba recuperar el control del Estado. Tardó en conseguirlo: recién lo hizo a fines de 2015, cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia.

Con el conflicto ruralista empezó a articularse la coalición de poderes de facto que, luego articulados políticamente y respaldado por una mayoría de votos ciudadanos, hoy gobierna el país. Los empresarios agrarios de la Pampa Húmeda fueron esa vez los ejecutores iniciales de la ofensiva, pero en torno suyo se coaligaron los mismos sectores e intereses -como tendencia general, aunque existen múltiples particularidades- que dominan las relaciones de fuerzas actuales y sostienen al régimen encabezado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Dichos sectores son, fundamentalmente, las corporaciones empresarias y mediáticas, ligadas al capitalismo trasnacionalizado que tiene sus centros de poder en Estados Unidos, pero a la vez sostenidas desde las bases de la sociedad por amplios segmentos de las clases altas y medias, y en mucho menor medida por algunas capas de las clases bajas.

En aquellos días se produjeron grandes transformaciones en la política y la sociedad argentinas, y una de ellas fue que emergió un neo gorilismo. El odio contra los pobres y las personas de piel morena y/u origen mestizo -todos/as aquellos/as a quienes el discurso social derechista, racista y clasista llama “negros de mierda”-, y por lo tanto odio contra su identidad política histórica que es el peronismo, no había tenido visibilidad pública al menos desde el fin de la última dictadura, en 1983. Su accionar criminal de varias décadas, que tuvo su manifestación extrema en el bombardeo de plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, parecían haber quedado en el pasado. No obstante, resurgió en 2008.

Asimismo, con ese conflicto empezó el enfrentamiento entre el cártel Clarín y el kirchnerismo. El gobierno de Néstor Kirchner, concluido apenas cuatro meses antes, mantuvo una política de negociaciones e intercambio con ese conglomerado empresarial de medios. Incluso, en la última semana de su mandato (diciembre/2007) autorizó la fusión de las empresas distribuidoras de televisión paga Multicanal y Cablevisión, con la cual Clarín afianzó la posición dominante en el mercado audiovisual.

Pero ante el cambio de humor social que mostró la ofensiva del sector agropecuario, el cártel mediático tomó la delantera comunicacional. Uno de las más recordadas expresiones televisivas de ese hostigamiento contra el gobierno fue la “pantalla partida” donde Cristina Kirchner aparecía hablando en un discurso, y en la misma imagen se veían a grupos de manifestantes ruralistas brulándose y ridiculizando a la presidenta.

Otra de las novedades cruciales que desató el accionar de los empresarios del campo fue la división del peronismo, con una parte de sus representantes políticos o legislativos que se convirtieron en tránsfugas políticos. Un grupo de diputados encabezados por Felipe Solá y otro de senadores donde sobresalía Carlos Reutemann, comenzaron a activar en contra de la presidenta y rechazaban con su voto los proyectos legislativos del gobierno. El oficialismo perdió gran parte de sus apoyos parlamentarios. Peor aún fue el tránsfuga Julio Cobos, quien hacía siete meses había sido elegido vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabezaba Cristina, y se pasó a la oposición.

Como síntesis de una nueva etapa política e ideológico-cultural en la sociedad iniciada por los sucesos del otoño de 2008, nació el ultra anti kirchnerismo y todo su arsenal de violencia simbólica. Los insultos, agresiones en carteles y fotos, calumnias, agravios, mentiras, falsedades denigrantes y cualquier otro recurso para desgastar a la presidenta Cristina se hicieron habituales en las manifestaciones ruralistas, y se reflejaban en las cadenas de correos electrónicos. (Aún no se usaban en el país Facebook ni Twitter ni ninguna otra de las redes digitales). A partir de allí, todo lo simbolizado por la letra “K” pasó a ser estigmatizado por las maquinarias mediáticas y todos los poderes de facto.

La principal portadora pública de esa espiral de discursos violentos fue Elisa Carrió, quien meses después dijo por televisión, refiriéndose al gobierno kirchnerista, que “la gente en la calle dice ‘los quiero matar’”. Nunca antes ni después dirigente alguno en Argentina otorgó legitimidad al deseo de “matar” a un adversario político. Un deseo o expresión que existe frecuentemente en los sentimientos privados de cualquier persona pero que exaltados por una representante pública conllevan una gravedad extrema para la paz social. (Esas declaraciones de Carrió fueron realizadas en 2009 e incluidas en un informe difundido en febrero de 2010 por el recordado programa “6-7-8”, en el minuto 3:30.

Sabotaje ruralista y elecciones

El conflicto ruralista de 2008 se extendió durante más de cuatro meses. Exactamente, 129 días: empezó el 13 de marzo y terminó, por decirlo de alguna manera, el 19 de julio. Desde que los empresarios agropecuarios de la Pampa Húmeda iniciaron un bloqueo a la venta de carnes y granos, hasta que el Senado rechazó -tras una votación empatada, y con el desempate de Cobos en contra de la fuerza política que lo había llevado a ese cargo- el proyecto impulsado por Cristina Kirchner para sancionar mediante una ley el sistema de retenciones móviles inicialmente establecido por una resolución ministerial (precisamente, la resolución “125”).

El sabotaje al tránsito abarcó en sus momentos pico a alrededor de 100 puntos en rutas de todo el país. El desabastecimiento recrudeció con el paso de los días y semanas, y los alimentos aumentaron de precio. El daño para el pueblo fue enorme.

Las consecuencias de esa puja fueron determinantes para los hechos políticos posteriores. El polo de fuerzas anti kirchneristas formado en esas circunstancias consiguió desestabilizar al gobierno de Cristina (sostenido también con el liderazgo de Néstor, que aún vivía). Sin embargo, no consiguió derrocarlo, entre otros motivos porque la derecha no había madurado su nueva articulación política.

Tras gobernar durante gran parte del siglo XX mediante dictaduras militares, y después de que en la última década de la centuria sus intereses fueron defendidos por un gobierno justicialista (Carlos Menem, 1989-1999) y al cruzar de un milenio a otro por un gobierno radical (Fernando De la Rúa, 1999-2001), los poderes económicos y de otras corporaciones representados por la derecha carecían en ese momento de una acumulación de fuerzas suficiente en las bases sociales, y de su traducción en una expresión orgánica que los representara para ocupar el poder del Estado.

Como siempre ocurre en los acontecimientos históricos, ese proceso fue lento y tuvo sus avances y retrocesos reflejados en distintas elecciones. En 2009, una variante de la derecha (el peronismo conservador encabezado por Francisco De Narváez) derrotó en la elección de diputados de la provincia de Buenos Aires a una lista encabezada por Néstor Kirchner. Sin embargo, dos años después Cristina -quien en el medio de ambos momentos sufrió nada menos que la muerte de su esposo, compañero de vida y líder político- obtuvo su reelección con el 54% de los votos.

Las disputas de poder no empezaron en ningún momento preciso, sino que nacieron con el ser humano, y por lo tanto no terminan nunca. Con esa salvedad, puede afirmarse que aquellos sucesos de 2008 fueron el primer paso trascendente por el cual un bloque de poder que había perdido influencia en las decisiones del Estado cuando estalló la crisis de 2001, inició una etapa para recuperarse y volver al gobierno.

Actualmente, le corresponde reagruparse y acumular fuerzas al conjunto de las expresiones políticas y de cualquier tipo que representan a los intereses populares, para enfrentar a la derecha resurgida en el conflicto ruralista de hace 10 años.

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