No es posible conocer todavía cuánto afectará a la estructura de poder gobernante en la provincia la denuncia del diario El País, sobre el presunto intento del ex gobernador y hombre fuerte del MPN Jorge Sapag de abrir, en 2008, una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) con dinero proveniente de supuestas coimas de la industria petrolera.

A diferencia de algunos de sus antecesores, Sapag había salido hasta ahora indemne de cualquier denuncia por corrupción de sus ocho años al frente del Poder Ejecutivo neuquino.  Pero a partir de las graves acusaciones del diario español y más allá de que estas se prueben ante la justicia, con más razón si así fuera, es indudable que el ex gobernador ha sufrido un daño político difícil de remontar.

Esa sorpresiva situación está llamada tener efectos sobre la estructura de poder en la provincia, en la medida que Sapag lidera hasta ahora la corriente mayoritaria dentro del oficialismo y auspició y actualmente respalda la fórmula que encabeza la conducción institucional de la provincia y del partido gobernante.

En la nota en cuestión fechada el pasado 16, se refiere que la BPA “se negó a abrir, en agosto de 2008, dos cuentas al entonces gobernador Sapag, quien planeaba ingresar al banco cinco millones de dólares y distribuirlos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice.

Sapag, siempre según el diario, habría querido incluir en la cuenta al entonces ministro de Energía Guillermo Coco, pero el banco rechazó la apertura de las cuentas por sospechar que el dinero procedía de sobornos de la renovación de las concesiones petroleras que se llevaron adelante por entonces en Neuquén.

En realidad los autores del artículo, los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, apuntan sobre todo a un escándalo mayor que el del ex gobernante neuquino, la denuncia acerca de que el subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta en del BPA a nombre de una sociedad.

Hecho que ya derivó en la renuncia del funcionario nacional, lo que constituye el primer caso en que el presidente Mauricio Macri se desprende de un colaborador acusado de corrupción.

Ya se sabe que Sapag ha negado enfáticamente haber abierto o intentado abrir una cuenta bancaria, según expresó, “ni en la Banca Privada D`Andorra, ni en ninguna otra entidad bancaria fuera de mi país en toda mi vida”.

También, que consideró “llamativo” que se lo quiera “inculpar de un hecho hipotético por supuestos dichos de terceras personas a ex funcionarios actualmente procesados de un banco intervenido por el gobierno de Andorra por graves irregularidades”.

En realidad obra a su favor que, a diferencia de lo que ocurre con Días Gilligan, la denuncia involucra solamente las palabras de sus denunciantes, porque el dinero de los presuntos sobornos haya o no existido, nunca llegó a ingresar al banco.

Privadamente, Sapag ha dicho también que la denuncia es “una fábula” que lo “cubrió de basura”, y ha reflexionado sobre el hecho de que le costará años de vida levantar esta acusación infamante.

Para el ex gobernador, como para otros observadores políticos oficialistas y no oficialistas, la denuncia del diario español propiedad del grupo Prisa y socio del multimedios macrista “Clarín” se conecta precisamente con el acuerdo entre el diario argentino y Telecom bendecido por el gobierno de Cambiemos.

En ese contexto, la denuncia es vista fundamentalmente como un pase de facturas del grupo internacional Telefónica “contra el gobierno nacional” y las salpicaduras a Sapag como “un relleno”.

Sin perjuicio de que cuando se destapa una olla de esta naturaleza en la Argentina actual, la preocupación de la clase dirigente pasa más por saber de dónde vinieron los disparos que en averiguar si existió o no un hecho ilícito, es cierto que hoy día se dan ambas cosas, la corrupción y -con fundamentos o no-, los carpetazos.

Algo también es cierto, la sucesión de denuncias por hechos de corrupción que involucran a políticos y empresarios hace que éstas terminen frecuentemente neutralizándose entre sí. Son tantas y los medios las agitan tan frecuentemente, que la mayoría de la gente da por hecho que “todos” los funcionarios son corruptos y lo único seguro es que un escándalo será tapado con otro más grande favoreciendo de esta forma la desmemoria colectiva.

Cuántos se acuerdan en detalle por ejemplo de las “¿cámaras ocultas?”,  “los subsidios de Centenario”, el “caso Temux” o los fondos de la “fastuosa campaña presidencial”, entre otros escándalos que salpicaron a la función del ex gobernador Jorge Sobisch.

Como quiera que fuere, y más allá del resultado judicial, este último escándalo está llamado a modificar el escenario político de la provincia. Si nadie duda de que Sapag es el hombre fuerte del MPN, la pregunta que ahora cualquiera se puede formular es qué medida se verá afectado ese liderazgo en los próximos meses.

Y eso vale tanto para el caso de una eventual candidatura del ex gobernador, como para la todavía hipotética reelección del actual o las perspectivas para el vice -cuyas intenciones de llegar a la gobernación están a la vista-. También, claro, para el resto de las corrientes internas del oficialismo y para la oposición.